Entre acusaciones de narcotráfico, reacciones políticas y el riesgo de una “muerte financiera”, la decisión del gobierno de Donald Trump contra Gustavo Petro marca un hito en las relaciones Colombia-Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), incluyó al presidente colombiano Gustavo Petro, a su esposa la primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti en lo que popularmente se conoce como la “Lista Clinton” oficialmente, la lista de nacionales especialmente designados por narcotráfico (SDNT) que conlleva sanciones financieras, comerciales y de movilidad.
Esta decisión rompe esquemas no sólo por tratarse de un jefe de Estado latinoamericano, sino por la gravedad de las acusaciones: según el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el presidente colombiano “ha permitido que los cárteles de la droga prosperen”, y que bajo su mandato la producción de cocaína se disparó a niveles récord.
Las razones esgrimidas por Washington para incluir a Petro
(1) aumento de los cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia, (2) la supuesta tolerancia o colaboración del presidente con organizaciones vinculadas al narcotráfico o “narco-terrorismo”, y (3) la necesidad de proteger los intereses de EE.UU. frente a un presunto fallo en la política antidrogas colombiana.
En concreto, el comunicado del Tesoro indica que “desde que el presidente Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado … inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.
También se señala que el mandatario habría “otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas”, dentro del marco de su política de “Paz Total”.
Por último, la inclusión del ministro Benedetti y del hijo Nicolás indica que Washington busca transmitir que la supuesta red de influencia involucra a círculos cercanos al presidente.
Reacciones: Petro, Benedetti, y el mundo político
La reacción de Gustavo Petro fue inmediata. En su cuenta de X escribió que “efectivamente la amenaza del senador republicano Bernie Moreno se cumplió: yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”. Añadió que “luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida”.
El ministro Benedetti también protestó, afirmando que “por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido”. Para él, esta sanción demuestra que “todo imperio es injusto y que su guerra contra las drogas es una farsa armamentista”.
En el escenario político colombiano, la medida provocó un terremoto: opositores de Petro señalaron que “no es digno de ser presidente”, apuntando al descrédito institucional, mientras aliados intentaban bloquear daños mayores. Se produce así una polarización aún más intensa de la escena política nacional. Y desde el exterior, la sanción es vista como un capítulo grave en la historia de las sanciones estadounidenses hacia mandatarios latinoamericanos.
“Muerte financiera” y otras implicaciones
La inclusión en la “Lista Clinton” implica consecuencias profundas. Primero: bloqueo de acceso al sistema financiero de EE.UU., lo cual significa que cuentas bancarias o inversiones que tengan relación con entidades estadounidenses pueden ser congeladas o sancionadas.
Segundo: las empresas y bancos extranjeros que hagan negocios con los sancionados corren el riesgo de sanciones secundarias estadounidenses, lo que puede devenir en aislamiento financiero internacional, lo que se conoce como “muerte financiera”. La “Lista Clinton” produce un efecto reputacional y operacional que hace difícil al sancionado operar en el sistema global de dólares.
Tercero: repercusiones diplomáticas. Colombia podría perder cooperación, ayudas de seguridad, intercambio comercial, e incluso verse exenta de acuerdos clave con EE.UU. En efecto, días antes, el gobierno estadounidense ya había suspendido la ayuda económica a Colombia tras acusar a Petro de liderar el narcotráfico.
Cuarto: efectos domésticos políticos internos. Un presidente sancionado de esta manera enfrenta crisis de legitimidad, dificultad para gobernar, y grandes posibilidades de que su poder parlamentario o su gobierno entren en parálisis. La frase “No es digno de ser presidente” ha circulado entre sus adversarios, quienes señalan que la sanción es una evidencia de falta de confianza internacional.
Finalmente, para los sancionados como la primera dama Verónica Alcocer y el hijo Nicolás Petro, las implicaciones individuales van más allá del ámbito político: pueden limitarse sus viajes, transacciones y hasta reputación personal ante instituciones financieras internacionales.
La decisión de los Estados Unidos
Incluir a Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti en la lista de sancionados por narcotráfico marca un antes y un después en la política externa entre Bogotá y Washington. Las razones que aduce EE.UU, aumento de la cocaína, tolerancia de los carteles, fallos en la lucha antidrogas generan un paisaje de crisis múltiple: sanción financiera severa, daño diplomático, y un fuerte golpe a la gobernabilidad del país. Las reacciones de los implicados oscilan entre la defensa en tribunales internacionales, la denuncia de “persecución política” y la movilización política interna. Pero más allá del espectáculo mediático, el riesgo tangible es la “muerte financiera” del mandatario y de su entorno, la pérdida de acceso al sistema global y el aislamiento con sus efectos estructurales.
Ahora, Colombia se enfrenta a la difícil tarea de gestionar las consecuencias:¿demostrar limpieza y eficacia en la lucha contra las drogas? ¿o resistir el aislamiento?
