El Congreso avanza en la aprobación final con recorte de un presupuesto pero la ausencia de reforma tributaria anticipa un choque económico y político que pondrá a prueba, una vez más, al Presidente Petro.
El Congreso de la República se dispone a cerrar a la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a $546 billones. Esta cifra, aunque monumental, representa un recorte de $10 billones frente a la propuesta original del Gobierno, una decisión que es vista por analistas como un alivio a las finanzas públicas y un freno al gasto expansivo que ha caracterizado a la actual administración.
El ajuste aprobado en primer debate por las comisiones económicas supone un mensaje político decisivo, la era del gasto ilimitado parece llegar a su fin. Sin embargo, detrás de esta decisión hay una realidad mucho más compleja. A pesar de los recortes, el presupuesto proyectado para 2026 sigue desfinanciado en alrededor de $26 billones, monto que el gobierno esperaba cubrir con la anunciada reforma tributaria. El problema es que, como han advertido los gremios empresariales y diversos sectores económicos, esa reforma no verá la luz.
“Ni 26, ni 16, ni 10, ni 5, ni 2 billones”, han sentenciado voceros del sector productivo, dejando claro que no existe ambiente político ni social para una nueva carga impositiva. Este rechazo frontal deja al gobierno sin su principal fuente de ingresos adicionales y lo obliga a contemplar recortes aún más profundos o a incrementar el endeudamiento, con todas las consecuencias que ello implica.
La ausencia de una reforma tributaria plantea un escenario de alto riesgo fiscal. Con un presupuesto que supera con creces los ingresos disponibles, el gobierno tendrá que optar entre dos caminos:
- Ajustar drásticamente el gasto público o
- Incrementar la deuda.
Ambas opciones tienen grandes costos.
Si se opta por el ajuste, programas sociales, inversión pública y políticas de redistribución (pilares del discurso del presidente Gustavo Petro), podrían verse comprometidos, erosionando el apoyo político de su base electoral. Si, por el contrario, se recurre al endeudamiento, el país podría enfrentar presiones en la calificación crediticia, encarecimiento del financiamiento y pérdida de confianza de los mercados internacionales.
Además, este panorama fiscal adverso llega en desaceleración económica e inflación preocupante, lo que limita el margen de maniobra del gobierno y complica la implementación de políticas expansivas que estimulen el crecimiento.
La discusión presupuestal trasciende el ámbito técnico y se convierte en un asunto político. El Congreso, con una correlación de fuerzas cada vez menos favorable al gobierno, ha enviado un mensaje claro de control y contención del gasto. Por su parte, el presidente Petro ha advertido que no renunciará a sus objetivos de transformación social, anticipando un choque institucional que podría profundizar la polarización política.
La reacción del mandatario ante la negativa del Legislativo y de los gremios empresariales será determinante. Un enfrentamiento abierto paralizaría la agenda gubernamental y generar incertidumbre en los mercados.
El estudio para aprobación del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 sintetiza las tensiones estructurales de la economía y la política colombiana. Por un lado, refleja la necesidad urgente de disciplina fiscal y sostenibilidad de las cuentas públicas; por otro, evidencia la fragilidad del proyecto político del Gobierno en un entorno adverso.
La ausencia de reforma tributaria, el déficit persistente y el riesgo de un choque político mayor configuran un escenario de alta incertidumbre para los próximos meses. Lo que está en juego es la estabilidad de las finanzas públicas de Colombia….
