La crisis de esta forma de organización política del Estado es producto de una sociedad igualmente en crisis, en donde no ha sido posible lograr el bienestar general ni garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y tampoco de conseguir la paz, en tanto en el país aumentan la pobreza y la desigualdad económica y social.
En el fondo con esta nueva forma de organización del Estado consagrada con la Constitución Política de 1991, se creó la imagen de que era posible implementar la prosperidad general y asegurar una vida digna para los ciudadanos a partir de la creación del pleno empleo y el derecho a participar en los asuntos del Estado y de la sociedad. Lo cierto es que tales propuestas y promesas, si bien es cierto generaron nuevas expectativas de crecimiento y desarrollo, todo esto ha incrementado la explotación económica del trabajo y la concentración de la riqueza en pocas manos aumentándose igualmente el poder político de las clases dirigentes al frente del Estado.
Y de ahí, que la Constitución de 1991 que instrumentó esta forma de organización del Estado Social de Derecho con el fin de construir una nueva realidad económica, política y social, no ha constituido más que un instrumento en la práctica para fortalecer el poder de una clase minoritaria que se opone a los cambios que requiere la sociedad colombiana en la actualidad.
La sustitución del viejo régimen jurídico del Estado de Derecho por el actual Estado Social y democrático de Derecho o del “bienestar general” ha generado en el ambiente político y social la sensación de que el nuevo Estado expresa los intereses generales del país o sea del conjunto de las clases y grupos sociales, lo que resulta totalmente contrario a la realidad, con el manejo que el Estado les da a los ciudadanos pertenecientes a las clases privilegiadas frente a la inmensa mayoría de ciudadanos de la sociedad colombiana.
El tema de los derechos y libertades de los ciudadanos es quizás uno de los aspectos más sobresalientes y trascendentales en cuanto a su aplicación, toda vez que el grado de libertades de las personas se mide en función de las posibilidades reales que tienen de poder satisfacer sus necesidades sociales de carácter individual y colectivo sin que el Estado obstaculice en la práctica su ejercicio tal como viene sucediendo , en donde apenas sí son reconocidos los derechos tradicionales, en tanto que los derechos económicos no tienen un carácter de derechos constitucionales fundamentales, al tiempo que los mismos son sujetos de toda clase de contingencias políticas de los gobiernos de turno y no obstante que tales derechos constituyen la base de la sociedad y de ellos depende el cumplimiento de los derechos civiles que aparecen en la Constitución de nuestro país.
Otro aspecto fundamental que caracteriza el Estado Social y Democrático de Derecho lo constituye la denominada “democracia participativa” que en palabras de sus ideólogos conlleva a una “mayor transferencia del poder del Estado a los ciudadanos”; con lo cual se agrega de esta manera, que los ciudadanos actúen con mayor libertad en la escogencia de sus gobernantes, además de participar en todos aquellos asuntos de interés general. Sin embargo, la excesiva reglamentación impide el ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos tal como sucede, por ejemplo, con la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores. Por otra parte, la democracia participativa se ha convertido en la práctica en una especie de instancia de comunicación y de socialización de
las decisiones que se toman en las alturas del poder y que en general poco o nada tienen que ver con los verdaderos intereses y necesidades de los ciudadanos colombianos.
Ahora bien, desde el punto de vista político electoral sí bien es cierto se amplió la posibilidad de participar en los debates electorales con la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, muchas de estas organizaciones se convirtieron en empresas electorales que tan solo representan y defienden los intereses de determinadas clases y grupos sociales e individuales, que además no poseen ninguna ideología ni estrategias diferentes a las de servir a las viejas y nuevas estructuras políticas interesadas en participar en la burocracia y en la contratación oficial a través de las denominadas alianzas público-privadas que finalmente convierten al Estado Social y Democrático de Derecho en un rehén del gran capital financiero nacional e internacional.
Entretanto, la actividad política que se libra entre las fuerzas políticas del país bajo la consigna ideológica del pluralismo político, no dejan de ser más que una forma de la lucha de clases por el acceso al poder del Estado. Mientras tanto se restringen los derechos políticos de los ciudadanos, al tiempo que se ofrecen toda clase de garantías en favor de quienes apoyan los gobiernos de turno y en la práctica se dejan utilizar como masa electoral disponible por cuenta de unas mayorías-minorías que se apropian del poder del Estado bajo la forma de una dictadura disfrazada de democracia con la cual se gobierna el país, valiéndose además de la demagogia, el populismo y el reformismo encaminados a apaciguar los ánimos de las clases sociales que tradicionalmente han sido y continúan siendo objeto de la explotación económica y social.
