Con el paso del tiempo el panorama de inseguridad en la ciudad se convirtió en un verdadero problema que debe ser tratado como asunto prioritario ya que afecta directa e indirectamente los intereses individuales y sociales del conjunto de la comunidad caleña. El hecho real es que los habitantes de la ciudad no encuentran en las autoridades de policía y judiciales el apoyo oportuno para hacerle frente a este estado de cosas al tenor de lo dispuesto en la Constitución política y en la ley.
En general se trata de profundizar en torno al sentir de una comunidad que se siente presa de la inseguridad que se vive en gran parte de las comunas y de los barrios de la ciudad y que sufre las consecuencias que se generan con la proliferación del delito y de los delincuentes, que en muchos casos actúan como “Pedro por su casa” sin que la policía pueda impedir su accionar criminal en tanto que no cuenta con la capacidad operativa para poner a buen recaudo de las autoridades judiciales a los delincuentes.
Desde luego que este estado de cosas no constituye un hecho casual como tampoco se puede combatir con la simple voluntad de quienes están encargados de garantizar el orden público y la seguridad en general. Dicha situación obedece en gran parte a que las políticas adoptadas para acabar con la inseguridad son en general erráticas en cuanto al tratamiento de este fenómeno multicausal que no puede abordarse simplemente aplicando medidas y procedimientos represivos desligados de las verdaderas causas y motivos de carácter individual y social; en tanto que la inseguridad no surge al margen de las condiciones económicas, políticas y sociales predominantes en la sociedad. Más aún en tratándose de una ciudad que como en Cali, concurren diferentes formas de criminalidad que hacen más compleja su solución.
La agravación del estado de inseguridad está ligado a la crisis que atraviesa el país y particularmente la ciudad de Cali que crece en medio del desorden y la anarquía sin mayores controles y de una gran polarización entre sus clases y sectores sociales que no encuentran otra solución que apelar a la represión que estimula aun más la violencia y la inseguridad, al ampliar el pie de fuerza policial o destinar mayores presupuestos para sortear las dificultades de funcionamiento del sistema.
Con ocasión de la celebración en el mes de octubre de la COP 16 de la biodiversidad, la ciudad de Cali dispondrá de un número significativo de agentes policiales apoyados por un contingente del ejército, además de la participación de un número de agentes policiales de New York, encargados de garantizar la seguridad de al menos 10.000 visitantes a la ciudad para participar en la cumbre mundial; después de la cual el distrito quedará a merced de la delincuencia organizada que se disputa el territorio en medio de las venganzas, cobro de cuentas, homicidios, secuestros, extorsiones, atracos en las calles, etc., generando nuevamente un estado de inseguridad que no tendrá posibilidad de superarse sino se erradican sus causas y se adopta una política integral de control y manejo de la ciudad, contando para ello con la participación de los ciudadanos, como uno de los ejes centrales de una nueva política basada no solo en la represión sino en la prevención de los delitos y persecución de los delincuentes además de la colaboración y ayuda mutua que debe establecerse entre los ciudadanos y sus autoridades.
Con la aprobación en segundo debate del proyecto de acuerdo mediante el cual se establece una nueva política pública en materia de seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana para los próximos 10 años, con sus ejes temáticos, dicho acuerdo se convertirá en la “hoja de ruta” de la política a seguir en seguridad y convivencia, la cual seguramente tendrá que ser ajustada en función de las cambiantes condiciones que se presentan en la ciudad y de la visión que tengan las autoridades que sean elegidas en los próximos períodos. Por lo demás, la inseguridad no podrá resolverse si de una parte no se crean las condiciones concretas y objetivas para la realización de los ejes temáticos que contiene el acuerdo sin quedarse en el formalismo legal ni garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos que viven en Cali bajo el imperio de la inseguridad y de la violencia derivadas de la explotación económica del trabajo, la discriminación social y de género y la exclusión política de los sectores de oposición a los gobiernos locales y nacionales.
