ANIMA AQUAE
Sobre el lecho arenoso
de las fuentes exhaustas
rezo, ¡quien lo creyera!
por el alma del agua.
Adolfo Milanés
Nuestra ciudad por su estratégica ubicación goza del privilegio de compartir la diversidad y la exuberancia del Pacifico biogeográfico, la fertilidad y belleza del valle del Rio Cauca y la majestad de las cordilleras andinas. Santiago de Cali con sus 7 ríos urbanos: Cali, Aguacatal, Cauca, Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Pance; con sus 61 humedales, sus 13 ecoparques, las 560 especies de aves, 76 endémicas podría ser la “potencia mundial de la vida”.
Consecuencia de esta realidad y para crearle al ente territorial herramientas que permitieran proteger, conservar y defender las cuencas, los manantiales y los bosques, la nación, a través del Ministerio de la Economía Nacional declaró Zona de Reserva Nacional Forestal las hoyas hidrografías de los ríos Cali y sus afluentes (los ríos Pichinde y Felidia), Aguacatal, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance mediante las resoluciones N° 09 de 1938, N° 07 de 1941, N° 5 y 10 de 1943, dándole estatus de área protegida a 8.800 hectáreas, que conocemos como la “Reserva Forestal Nacional de Santiago de Cali”.
Un hecho importante que infortunadamente se ha extraviado en los vericuetos de la historia, fue la propuesta del doctor Alfonso Borrero Borrero que motivo la decisión del Concejo Municipal por medio del Acuerdo No. 32 del 24 de septiembre de 1920, en virtud del cual la municipalidad de Santiago de Cali formalizando la solicitud ante el Gobierno Nacional de adjudicación de las tierras baldías en su jurisdicción y tras una larga gestión en la que se prueba nuestra tenacidad, el congreso tomo la decisión histórica de expedir la Ley 54 de 1941 y la Ley 175 de 1948 que le adjudica al municipio los baldíos (salvo títulos de propiedad anteriores), de las hoyas hidrográficas de los ríos Cali y sus afluentes (Pichinde y Felidia), de los ríos Meléndez, Cañaveralejo, Lili, y Pance, transfiriendo al ente territorial el derecho de dominio y propiedad sobre una vasta extensión de tierra, aproximadamente 23.800 hectáreas con el propósito de emprender “la campaña de defensa forestal de las hoyas hidrográficas de los ríos” según indican las citadas normas, por ser esenciales para el abastecimiento de agua de la ciudad. Esta decisión convierte al municipio de Santiago de Cali en el mayor propietario de tierra, pero con un propósito de conservación del medio ambiente.
Adicionalmente en 1968 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA expide la Resolución 092, por la cual se reserva y declara como Parques Nacionales Naturales a la zona conocida como Farallones de Cali en el Departamento del Valle del Cauca, que nos permitió disponer para la ciudad de 13.074,2 hectáreas de área protegida, de las 196,429.90, que es su extensión total.
Estos logros del pasado, cobran la mayor importancia en la actualidad, en una época en que la ciudad ve amenazada su sostenibilidad por el deterioro de sus ecosistemas y en la que el ecoturismo es un negocio extraordinario que moviliza ingentes recursos en el mundo, según la firma Fortune Business Insights durante el año 2024 USD 260.760.000 millones y se estima que para el 2032 pueden oscilar entre USD 759.930.000 millones y USD 838.500.000 millones, con una tasa de crecimiento anual de aproximada del 14.7%, una alternativa económica nada despreciable para un territorio que tenga instituciones con la capacidad de ejercer la autoridad para conserva, proteger y mercadear sus riqueza ambiental. Pero en cambio lo que vemos es el deterioro progresivo de nuestras cuencas y de nuestras áreas protegidas, las ocupaciones y construcciones irregulares avanzan implacables sin ninguna planeación ni control, la deforestación, la contaminación por vertimientos destruyen nuestros ecosistemas y nuestras cuencas, la minería ilegal depredador vinculado con las grandes organizaciones criminales dañan y corrompen y todas ellas, arruinan progresivamente una alternativa vital para el desarrollo socioeconómico de la región, para su sostenibilidad y para la calidad de vida de sus habitantes.
Como muchos caleños, cuando se confirmó a Santiago de Cali como sede de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica “COP 16”, esperé que este acontecimiento internacional desencadenaría en lo local los esfuerzos institucionales desde la política pública y las ejecutorias inmediatas para restaurar y cuidar lo que sin duda constituye nuestro patrimonio más preciado, nuestros ecosistemas que alberga la biodiversidad sobre la que tanto se habla y se escribe por estos días, como lo propuso la ministra Susana Muhamad en este foro internacional: “El valor agregado de realizar la COP16 en Colombia radica en nuestra visión de ‘Paz con la Naturaleza’ y en reconocer que la verdadera lucha del siglo XXI es por la vida” y agrega que conseguir que las acciones colectivas impulsen la vida en lugar de destruirla, es el desafío más importantes de nuestro tiempo.
Es importante que las autoridades competentes en lo ambiental, la administración municipal avancen con políticas públicas y ejecutorias inmediatas que permitan actuar efectivamente en la preservación de las áreas protegidas, la recuperación de las ocupadas e intervenidas ilegalmente, inicie la restauración de las degradadas, castigue ejemplarmente las actividades criminales que tanto daño nos están haciendo en esta materia, apoye iniciativas para la adopción o extensión de esquemas mixtos publico – privados de administración que han probado ser exitosos en la gestión de proyectos, apoye el fortalecimiento de este insipiente clúster que puede ser una alternativa importante de ingresos para nuestra golpeada economía local.
Para lograrlo tiene abundantes herramientas de intervención de carácter legal, que si bien es cierto requieren ser fortalecidas con nuevas instancias de intervención desde lo público, no es menos cierto que se deben utilizar las disponibles porque no lo está haciendo y cuando procuran hacer algún tipo de intervención estas tienen un propósito más efectista en las redes sociales, que la respuesta eficaz y contundente ante el ilícito, a pesar del mandato legal y de las varias sentencias judiciales que ordenan la intervención de la municipalidad, de las autoridades ambiéntales y concitan una mayor capacidad de reacción del estado local ante esta debacle.
