Las elecciones legislativas y regionales de Venezuela, programadas para el 25 de mayo de 2025, ocurren en profunda crisis política, la fragmentación de la oposición y la desconfianza generalizada en el sistema electoral tras el fraude masivo denunciado en las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se declaró vencedor en medio del robo electoral.
La oposición venezolana se encuentra dividida en dos grandes posturas respecto a estas elecciones. Por un lado, un sector liderado por María Corina Machado llama a la abstención, calificando los comicios como una “enorme farsa” que busca legitimar al gobierno autoritario de Maduro. Machado sostiene que votar en estas condiciones equivaldría a validar un régimen ilegítimo después del fraude presidencial, y promueve mensajes de desobediencia electoral para dejar los centros de votación vacíos.
Por otro lado, una parte de la oposición ha decidido participar en los comicios con la esperanza de contener el avance del chavismo y ganar representación en la Asamblea Nacional y en las gobernaciones. Entre estos se encuentra el ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, quien ha sido expulsado de Primero Justicia junto a otros dirigentes opositores por rechazar el llamado a la abstención y buscar disputar espacios políticos a pesar de las condiciones adversas.
Esta división refleja un dilema histórico para la oposición venezolana: participar en un proceso electoral sin garantías puede legitimar al régimen autoritario, mientras que abstenerse puede significar ceder por completo el espacio institucional al chavismo. Esta fractura ha debilitado la capacidad de la oposición para articular una estrategia unificada y efectiva.
Las elecciones de 2025 incluyen la elección de 285 diputados a la Asamblea Nacional, 260 legisladores estadales y 24 gobernadores. El chavismo controla actualmente la mayoría de los poderes del Estado y la mayoría de las gobernaciones (19 de 23), además de haber obtenido un amplio control parlamentario en 2020 tras la marginación opositora.
El gobierno de Maduro ha desplegado una fuerte maquinaria electoral y de seguridad, con unos 400.000 efectivos para garantizar el proceso, y ha denunciado supuestos intentos de sabotaje provenientes de Colombia, cerrando conexiones aéreas con ese país. Sin embargo, expertos y analistas coinciden en que estas elecciones no se desarrollan en condiciones competitivas ni democráticas, y se espera una amplia victoria del chavismo, con un “mapa muy rojo” en términos políticos.
La apatía y el desinterés generalizado, junto con el llamado a la abstención de María Corina Machado, anticipan altos niveles de abstención, interpretados como una forma de resistencia y rechazo al fraude electoral previo. No obstante, la participación de sectores opositores busca al menos mantener alguna representación y presión política desde el Parlamento y las gobernaciones.
Reacciones internacionales. La comunidad internacional mantiene una postura contra la legitimidad del proceso electoral venezolano, especialmente tras las denuncias de fraude en las presidenciales de 2024. Estados Unidos y la Unión Europea han manifestado su rechazo a la falta de condiciones democráticas y han cuestionado la transparencia y credibilidad de los comicios.
Estados Unidos ha reiterado su apoyo a una transición democrática en Venezuela y ha condenado la represión contra opositores y manifestantes, incluyendo la detención de más de 2.000 personas tras las elecciones presidenciales. La Unión Europea también ha expresado preocupación por la situación de los derechos humanos y la ausencia de garantías electorales, manteniendo sanciones dirigidas a funcionarios del régimen y apoyando iniciativas para una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana.
Otros países y organismos internacionales han llamado a respetar la voluntad popular y han exigido condiciones mínimas para que las elecciones sean consideradas legítimas, aunque reconocen que el actual escenario está lejos de cumplir con esos estándares.
