El concepto del Estado del bienestar general surgió a partir de una serie de cambios que en materia económica, política y social se impusieron en la sociedad capitalista hace aproximadamente 80 años, cuando se hablaba de la revolución de los ingresos, a partir de la cual era posible distribuir las riquezas en favor de las clases desposeídas de la sociedad, que finalmente -se decía- se habían convertido en una clase media única, en tanto que el propio Estado se había democratizado conjuntamente con la sociedad de aquel entonces.
En la actualidad el “Estado del bienestar general” atraviesa por una etapa de crisis en diferentes países europeos, de Estados Unidos de Norteamérica y del sur global, en donde se han intensificado las contradicciones y conflictos sociales, los cuales han tomado especial relevancia, por ejemplo, en Francia, Italia, España, Bélgica, etc., con las movilizaciones de cientos de estudiantes que reclaman una mejor educación pública, a las cuales se suman miles de ciudadanos que protestan por el alto costo de vida, los servicios públicos, los problemas migratorios, etc.
Entretanto, los gobiernos de dichos países destinan ingentes recursos de sus presupuestos nacionales para financiar el gasto militar y el funcionamiento del aparato estatal, al tiempo que se reducen las partidas relacionadas con el gasto social en general. Circunstancias estas que han conducido al aumento de la protesta con una ola de violencia que tiende a extenderse con sus correspondientes efectos negativos, en medio de la antesala de los procesos electorales que se cumplirán en el 2027 particularmente en Francia.
En Colombia el Estado del bienestar general o estado benefactor o de la “abundancia” surge con la reforma constitucional de 1991 bajo la denominación del “Estado Social y democrático de Derecho”, cuyos fines esenciales son los de lograr la prosperidad general para todos los colombianos, conjuntamente con la obligación de las autoridades de asegurar los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos garantizando su participación en los asuntos de interés general, relacionados con el trabajo, la paz social, la vivienda digna, el acceso a la educación, la salud, la justicia, en igualdad de condiciones para todos, más allá de lo cual su aplicación tan solo ha tenido un carácter formal, en la medida en que los gobiernos de turno terminaron privilegiando los intereses privados por encima del interés general, agravándose con ello la situación económica y social de amplios sectores de la población, sumida en la pobreza y la miseria, que contribuyeron a que el país sea catalogado como uno de los más desiguales del mundo capitalista globalizado.
A todo lo anterior se suma el diagnóstico realizado recientemente por el Fondo Monetario Internacional -FMI_ y el Banco Mundial -BM-, que consideran que el país “no es viable” debido a su bajo crecimiento económico, abultada deuda pública, aumento desbordado de los gastos de funcionamiento del aparato estatal, disminución progresiva del gasto social y un estado de violencia que recorre varias regiones del país.
De hecho y de derecho el Estado del bienestar general ha colapsado en medio de la crisis que afronta el capitalismo decadente y parasitario con una clase dirigente cada vez más incapaz para dirigir los asuntos del Estado y resolver los graves problemas que afronta la sociedad con lo que el Estado del bienestar general no deja de ser más que una ilusión que solo existe en las formas constitucionales y legales y en la cabeza de algunos teóricos y dirigentes políticos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social