A los graves problemas que tiene el país con ocasión de la crisis general que vive la sociedad colombiana relacionada con el deterioro del sistema de salud, el déficit fiscal y presupuestal y la abultada deuda pública, se le suman las consecuencias funestas del terremoto del 10 de agosto que agudizarán aún más la situación económica y social del país y particularmente de aquellos colombianos que sufrieron el impacto destructor del sismo y que por lo demás, aspiran a que el gobierno actual adopte las medidas del caso para recuperar no solo la infraestructura destruida en aquellas ciudades afectadas con el terremoto, sino que provea de manera oportuna las ayudas y subsidios en favor de los damnificados.
La pregunta que cabe hacerse es sí el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se encuentra en condiciones para atender dicha calamidad en las circunstancias por las que atraviesa el país en este momento aciago de su historia.
Al respecto, el gobierno habla de hacer un ajuste fiscal, una reforma tributaria y un recorte del aparato del Estado y del gasto público.
El país está a la espera de que el ministro de Hacienda de a conocer las medidas que se adoptarán para enfrentar la situación, que por lo demás requiere de un verdadero cambio estructural con respecto al manejo de sus finanzas públicas con arreglo a las necesidades reales que afrontan los colombianos que en su gran mayoría continúan en la pobreza y la desigualdad social.
Desde el punto de vista político, el gobierno se enfrenta a una sociedad dividida y polarizada, mediatizada por la violencia en varias regiones del país con la presencia de varios grupos ilegales fortalecidos a expensas de una política equivocada y mal implementada por los gobiernos anteriores, que complica el panorama económico y político de la nación.
En tales circunstancias conviene preguntarse sí el gobierno actual está en condiciones de superar la crisis económica y social del país, no obstante que para algunos sectores de opinión que en principio argumentan que “después de la tempestad viene la calma”; no habrá seguramente tal calma ni se superarán los efectos negativos no solo de la crisis sino de los efectos del terremoto cuyo tratamiento demanda de ingentes recursos económicos y financieros por parte del Estado.
Lo cierto es que las medidas tomadas por el gobierno hasta el momento, con ocasión de la emergencia económica es posible que no sean suficientes para resolver los graves problemas que afronta el país, que por lo demás, demanda de una transformación de las relaciones económicas, que se convirtieron en un freno del crecimiento y del desarrollo de las fuerzas de la producción debido en gran parte a la desindustrialización del país, seguida de un desaprovechamiento de las condiciones del sector agropecuario y de la economía de los servicios, que a su vez determina en general el desarrollo de la vida política, social, cultural, de la sociedad colombiana.
Cualquier cambio que realice el gobierno actual y que tenga por objeto resolver algunos de los problemas que se presentan, afianzará el sistema económico y político del régimen capitalista, que por lo demás entró en un declive a nivel global, en tanto, se profundizará la desigualdad social aumentando las contradicciones y conflictos sociales no resueltos por los gobiernos anteriores.
ADENDA: La permisividad de los gobiernos y el Congreso de la República, convirtieron en política pública la aprobación de presupuestos desfinanciados que posteriormente se equilibrarían con mayor endeudamiento y reformas tributarias bajo el eufemístico nombre de “ley de financiamiento”, encubriéndose de esta manera, el déficit fiscal y presupuestal que se traduce en un golpe a las precarias finanzas de la clase media trabajadora de los estratos socioeconómicos 6 al 4, clasificación por demás arbitraria que no refleja su verdadera situación
Esta vez, nadie previó un desastre natural en gran parte del país que dejó no solo pérdida de vidas humanas, destrucción de viviendas, desempleo, mayor desigualdad económica, sino una carga fiscal, social y económica a la Nación, municipios y en especial al distrito de Cali afectados con el sismo; lo que obliga a modificar los planes de desarrollo priorizando obras no previstas pero necesarias, que deben ejecutarse.
El terremoto mostró la verdadera situación económica de los colombianos y la negligencia en la dirección de los asuntos del Estado dando prevalencia a los intereses particulares.
