Para algunos politólogos, el esquema político del gobierno-oposición contribuye a fortalecer la democracia en tanto la oposición actúe de manera respetuosa frente al gobierno y de acuerdo con las reglas establecidas en la Constitución y en las leyes. Dicha relación no parece tener aplicación en las condiciones y circunstancias concretas del país.
La determinación del presidente Petro y del senador Iván Cepeda en el sentido de que la elección del presidente electo que iniciará su gobierno el 7 de agosto es ilegítima, hace imposible que pueda existir dicho esquema, más aún sí los dirigentes del partido de oposición han convenido aplicar el concepto de la desobediencia civil y por tanto desconocer la autoridad que representa el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.
En medio de la lucha competitiva por el poder, tal estrategia se ha convertido en un sistema que difícilmente puede funcionar en el país, particularmente en este momento en que se incrementa la polarización y surgen nuevas contradicciones y conflictos sociales, que seguramente nos llevará a una verdadera crisis política de la que difícilmente se podrá salir al continuar utilizando las viejas formas políticas del pasado que poco o nada contribuyeron a la superación de las diferencias políticas existentes entre el nuevo gobierno y la oposición.
La experiencia práctica e histórica ha demostrado que el esquema del gobierno oposición no garantiza la estabilidad política más allá de los acuerdos que se realizan y que fácilmente se pueden romper en medio del surgimiento de ciertos acontecimientos que desatan nuevos enfrentamientos a nivel político e institucional.
Un ejemplo de lo anterior, lo constituye el acuerdo político coyuntural realizado por el Centro democrático como partido de gobierno con la oposición, para elegir al presidente del Senado en medio de una situación de pugnacidad y deterioro de las relaciones políticas.
Siendo la política una ciencia y un arte a la vez, la lucha política por el poder que constituye el fin primordial, no descarta la posibilidad de justificar la utilización de toda clase de medios que no siempre se ajustan a la ley y el desarrollo de acciones pacíficas por parte de los dirigentes de los partidos y movimientos políticos.
ADENDA UNO: Gobernar un país con las complejidades de Colombia y de contera con la fractura de la sociedad, requiere mesura y prudencia del gobernante las cuales que parecen no tenerla el presidente en ejercicio del cargo, ni el presidente electo en las urnas Abelardo De La Espriella que, con propuestas alejadas del sentir del pueblo, del espíritu republicano y de la separación del poder civil y militar como es la pretendida posesión presidencial ante una guarnición militar, ha generado un “ruido” innecesario y mayor polarización; en tanto que el presidente Petro con la presentación al congreso de varios proyectos de ley sobre asuntos sociales como el estatuto del trabajo, la protesta ciudadana, jurisdicción agraria, reforma tributaria con el eufemístico nombre de ley de financiamiento, etc, a pocos días de terminar su periodo, allana el camino para que a partir del 7 de agosto el líder de la oposición en el congreso Iván Cepeda convoque a un paro nacional argumentando la vulneración de los derechos sociales del pueblo, pudiéndose generar una violenta insurrección e iniciándose el tránsito hacia nuevas formas de violencia.
Los colombianos necesitamos construir un país más Justo y equitativo lo que se logra con la responsabilidad de cada una de las ramas del poder público que deben
concurrir en la realización de los fines consagrados expresamente en la Constitución Política ciñéndose a los principios allí plasmados, y con los ciudadanos en general, mediante su organización para ejercer un permanente control social a las decisiones de cada una de las ramas del poder público.
ADENDA DOS: La rama judicial requiere una reforma en la administración de justicia que no se limite a la modificación de códigos, nuevos tipos penales e incremento de penas. Esta rama del poder público es fundamental para la democracia, encargada de la protección y de los derechos de los ciudadanos, dentro del marco de los principios y fines en los que se funda el Estado Social de Derecho, es urgente y prioritario escuchar a los ciudadanos en general con el fin de atender oportunamente sus reclamos necesidades, al contrario de lo que sucede en la actualidad con una justicia inoperante y formalista que poco o nada tiene que ver con la realidad social en que se encuentra el país.
