Las respuestas entregadas por Iván Cepeda Castro a Caliescribe, luego de un derecho de petición formulado en enero de 2026 y respondido inicialmente con evasivas el 12 de mayo, adquieren especial relevancia política a pocos meses de la campaña presidencial. La posterior contestación, conocida este 20 de mayo de 2026 tras una acción de tutela, deja ver el pensamiento del hoy candidato presidencial sobre temas neurálgicos para Colombia: paz total, seguridad, narcotráfico, corrupción, economía, educación, libertad de prensa y la crisis social del Valle del Cauca y de Cali.
Más allá de las respuestas institucionales y jurídicas, el documento revela la visión ideológica y programática de uno de los dirigentes más influyentes de la izquierda colombiana. Sus planteamientos sobre la implementación del Acuerdo de Paz, la transformación económica y la lucha contra la corrupción permiten interpretar el modelo de país que propone, mientras sus críticos cuestionan la viabilidad y profundidad real de varias de sus propuestas.
RESPUESTA A LA COMUNICACION DE 18 DE ENERO DE 2026
“1. Implementacion del Acuerdo Final de Paz: resultados concretos y medibles alcanzados;Medidas correctivas ante retrasos señalados por la ONU. Su real vinculación con las FARCy con la 2a Marquetalia, mas Santrich e Ivan Marquez” (sic).
Respuesta: El “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera”, suscrito entre el Gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc, establece una arquitectura para su implementación y verificación, que recae, principalmente, en el Gobierno nacional: “[…] el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz, para lo cual se compromete a garantizarsu financiación a través de diferentes fuentes”
Dentro de la arquitectura institucional creada para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo, se encuentran las siguientes instancias y entidades:
– La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), cuyas funciones incluyen la resolución de diferencias, el seguimiento a los componentes del Acuerdo, la verificación de su cumplimiento y la recepción de insumos de otras instancias encargadas de la implementación.
– La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, que es la “entidad del Gobierno que actualmente tiene la función de velar por la correcta implementación del Acuerdo de Paz”.
– El Departamento Nacional de Planeación que es el responsable de “la administración, implementación, validación y actualización del Sistema de Información Integrado para el Posconflicto (SIIPO)”.
En este sentido, son estas instancias las llamadas a entregar los “resultados concretos y medibles” y las “medidas correctivas” relacionadas con la implementación del Acuerdo Final de Paz. Dicha información puede consultarse en el Portal para la Paz, herramienta web que permite “la visualización y convergencia de la información pública asociada con el avance al proceso de implementación del Acuerdo Final”, y en la que reposan los informes oficiales de gestión, disponibles en el siguiente enlace: https://portalparalapaz.gov.co/avanza-implementacion/.
Finalmente, con relación a su pregunta, acerca de: “Su real vinculación con las FARC y con la 2a Marquetalia, más Santrich e Ivan Marquez” (sic), me permito señalar lo siguiente: en primer lugar, no he tenido ni tengo relación alguna con grupos armados ilegales, incluidas las extintas Farc y la
En segundo lugar, fui facilitador de los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las Farc y con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de los acercamientos con el “Clan del Golfo”, en todos éstos, por designación del entonces presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón. También, el presidente de la República Gustavo Petro Urrego me designó como delegado del Gobierno nacional en la mesa de diálogos para la Paz con el ELN. Aunque por mandato constitucional “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (artículo 22), estos esfuerzos de paz han sido manipulados ante la opinión pública, con el único propósito de acusarme falsamente de tener vínculos con los grupos armados ilegales con quienes he dialogado en representación del Gobierno nacional, y en el marco de procesos de paz adelantados por el Estado colombiano.
“2. Politica de seguridad 2022 – 2026: cambios en estructura y control civil de la Fuerza Publica en municipios; garantias de eficacia frente a economias ilegales”.
Respuesta: El Ministerio de Defensa Nacional es la entidad responsable de pronunciarse sobre la “Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2022-2026”21 y sobre los cambios estructurales en la Fuerza Pública, por ser la encargada de formular y coordinar dicha política. La política de desmantelamiento de economías ilegales, la transformación de territorios y la política criminal están a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho, que tiene por objetivo la formulacióny dirección de las políticas del Estado para la lucha contra las diversas manifestaciones de laseconomías ilícitas. Al respe cto, el Decreto 1427 de 2017 “Por el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho” establece lo siguiente: “(…) formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia deordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, drogas, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito (…)”. De igual manera, este texto normativo le asigna, dentro de sus funciones específicas, la de “(…) Formular, adoptar, promover y coordinar las políticas y estrategias en: (…) lucha contra las drogas ilícitas, lavado de activos, corrupción, crimen organizado, enriquecimiento ilícito, administración de bienes incautados y acciones de extinción de dominio”.
Su analisis 2022 – 2026 y propuesta”.
Respuesta: En concordancia con lo expuesto en el punto anterior, el Ministerio de Justicia y del Derecho es la entidad que lidera la estrategia del Gobierno nacional para enfrentar el problema de las drogas, con un enfoque particular en la transformación de los territorios afectados por dichas economías ilícitas.
Esa cartera lideró la formulación de la “Política Nacional de Drogas 2023-2033 ‘Sembrando vida desterramos el narcotráfico’”, que busca superar el enfoque prohibicionista, atender las causas estructurales del fenómeno y promover usos legales y alternativos de los cultivos ilícitos como el de la coca. Además, es responsable de hacer el balance y análisis de la política antidrogas. Esta labor la ejerce a través de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, encargada de “[f]ormular, adoptar, promover, coordinar, liderar, hacer seguimiento y evaluar la política pública estrategias en materia de drogas y actividades relacionadas, en articulación con las instancias correspondientes”25, y se materializa mediante el trabajo técnico del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), fuente oficial de información, investigación, seguimiento y evaluación en la Materia.
Ahora bien, en el marco de la campaña presidencial he manifestado que Colombia atraviesa una crisis de paradigma en su política de drogas27. Llevamos casi seis décadas de guerra contra el narcotráfico, que ha cobrado miles de vidas, consumido cerca de 80 billones de pesos en dos décadas y, pese a todo ese sacrificio, no ha logrado desmantelar las economías ilícitas ni proteger a nuestra población.
A ese fracaso interno se suma una relación internacional profundamente asimétrica: Colombia ha debido rendir cuentas ante la administración estadounidense, extraditar nacionales y asumir en solitario el costo ambiental, territorial y humano de un problema que es, en su demanda y sus consecuencias, estrictamente global29. Por ello, he dicho que promoveré la superación del modelo prohibicionista; impulsaré el debate sobre la desregulación, la transformación productiva de los territorios rurales afectados y los esquemas de cooperación internacional que sustituyan las economías ilícitas por alternativas legales sostenibles; y, respaldaré la realización de una Gran Conferencia Internacional sobre un nuevo tratamiento al narcotráfico, tal como se pactó en el Acuerdo Final de
Paz de 2016. Mi propósito es relevar a Colombia de la carga exclusiva e injusta de resolver este flagelo, y conducir al país hacia un modelo que privilegie la salud pública, la paz territorial y la dignidad de las comunidades, sobre la lógica punitiva que ha demostrado ser un camino directo hacia la consolidación de la violencia y la corrupción31.
“4. El balance 2022 -2026 en educacion (estratos 1, 2 y 3 – 82 % de colombianos), una oportunidad perdida; 3 ministros de Educacion sin resultados y no fue una politica de gobierno. En primaria y secundaria, el puntaje promedio de los colegios publicos en Pruebas Saber pasó de ≈243,6 a ≈248,4, y en Saber 11 de ≈251,7 a ≈255,3 entre 2022 y 2024, un rendimiento bajo. .Que opina y que hará en su gobierno?”
Respuesta: En primer lugar, me permito manifestar que, en este gobierno, por primera vez, la educación se ha convertido en el eje y la prioridad del Estado colombiano. La inversión pública en el sector ha crecido hasta alcanzar cerca del 5% del PIB, lo que ha convertido a la educación en el área de mayor asignación presupuestal del país. Además, se han incorporado 345.000 nuevos estudiantes al sistema público y se ha logrado una cobertura del 60% –una de las más altas de América Latina–.
Asimismo, se ha avanzado en la consolidación del Sistema Educativo Indígena Propio, con el reconociendo su autonomía, la cosmovisión y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas32.
Adicionalmente, con reformas estructurales como la del Sistema General de Participaciones y de la Ley 30 de 1992, se han sentado las bases para un crecimiento progresivo y sostenido de los recursos destinado a la educación pública, fundamental para el desarrollo nacional. En este sentido, mipropuesta es convertir estos avances en derechos irreversibles y en políticas de Estado sostenibles, con una institucionalidad fuerte y, sobre todo, con la participación de la sociedad colombiana33.
Al respecto, me permito compartir algunas de mis propuestas en materia de educación:
– Propongo un modelo de educación que no se limite a transmitir contenidos, sino que forme seres humanos integrales, capaces de convivir, respetar y reconocer al otro y la otra, así como a tramitar los conflictos con diálogo.
– Reconozco la educación propia y los saberes ancestrales que se han opuesto al racismo estructural y al patriarcado, razón por la cual retomaré la enseñanza de la historia del país, así como de las luchas del pueblo colombiano por una sociedad justa, pacífica y democrática.
– Promoveré una formación que incluya la educación artística y que ofrezca también a las personas con discapacidad una educación accesible.
– Impulsaré un sistema educativo descentralizado en el que las comunidades educativas, los docentes, los estudiantes, los familiares, las comunidades y los territorios tengan un papel real en la toma de decisiones.
– Promoveré un ecosistema educativo con arraigo territorial, del que formen parte la ciencia y la tecnología contextualizada, orientadas a lograr el desarrollo local, y a situarlo al nivel del conocimiento global.
– Ampliaré el programa “Educación Superior en tu Colegio” para que las y los jóvenes puedan acceder de manera automática a sus estudios universitarias al terminar su formación media.
– Continuaré con la construcción de 107 centros universitarios: universidades en el campo y en la periferia de las grandes ciudades.
Mi propuesta educativa es, en realidad, una propuesta de una nueva cultura para nuestra nsociedad,basada en nuestro propio humanismo y en el conocimiento para la dignidad, los derechos y la libertad. No hay transformación posible de Colombia sin una transformación de la educación; por eso la sitúo en lo que he llamado las tres revoluciones: la revolución ética, la revolución económica y social, y la revolución política y democrática.
“5. Que opina y que hará en su gobierno ante la economía débil, desequilibrios, necesidad de un ajuste profundo. Déficit fiscal deteriorado. Gasto elevado. Caida de inversión privada y fragilidad de la informalidad laboral” (sic).
Respuesta: Mi posición frente al modelo económico es firme, consciente y comprometida con la justicia, la paz y la dignidad del pueblo colombiano. No se trata de reformas cosméticas, sino de unamtransformación estructural que, lejos de significar una economía estatizada e improductiva, apunta aun capitalismo social y productivo: diverso en sus sectores, con un profundo sentido de equidad social, y alejado del capitalismo especulativo que concentra sus esfuerzos en la explotación dehidrocarburos o en multiplicar las ganancias del sector financiero. El actual gobierno ha demostrado,con cifras verificables, que una economía basada en una auténtica reforma agraria y en la sustitución real de la matriz energética produce empleo, crecimiento económico y bienestar. Sobre esa base, avanzaremos en un modelo productivo que conjugue la equidad social con la protección de nuestra riqueza natural.
En materia de política fiscal, conviene señalar que el actual gobierno heredó un déficit estructural de gran magnitud que ha venido pagando, sin que ello responda al derroche que aduce la oposición. Para enfrentar esta situación, propongo una nueva política fiscal articulada en tres ejes:
El primero es la lucha decidida contra la evasión tributaria. Quien posea grandes riquezas y no pague los impuestos que le corresponden enfrentará sanciones ejemplares. Acabaré con el privilegio de la evasión de cuello blanco que es también una forma de corrupción y crearé mecanismos para identificar plenamente a las personas jurídicas en los procesos de contratación y en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
El segundo es la administración estratégica del gasto público. Colombia desperdicia una fuente inmensa de recursos por ejemplo, las regalías bien sea por la corrupción, bien sea por su dispersión en pequeños proyectos que terminan convertidos en clientelismo o en elefantes blancos. Por eso propongo una reforma estructural del Sistema General de Regalías que contemple: (i) la investigación rigurosa de los casos de robo y desvío de recursos; (ii) el fortalecimiento del seguimiento y la evaluación mediante un equipo especializado desde la Presidencia de la República; (iii) la profesionalización y el control de los funcionarios encargados de estos procesos; y, (iv) la prohibición de la contratación directa con cargo a regalías, con auditorías que garanticen la participación ciudadana y de las organizaciones sociales.
El tercero es la austeridad republicana. A diferencia de la austeridad neoliberal, que recorta el gastonsocial y traslada el ajuste a quienes viven del trabajo, la que propongo protege la inversión social y exige sobriedad a quienes administran lo público. Desde el primer día de gobierno adoptaré las siguientes medidas concretasn:
– Ley de Austeridad Republicana: Presentaré al Congreso de la República, con mensaje de urgencia, una Ley de Austeridad Republicana orientada a luchar contra la gran corrupción, eliminar privilegios y lujos en el alto gobierno, redirigir –los inmensos recursos que se robannhacia el bienestar social, y recuperar la esencia del servicio público: humildad, entrega ycompromiso con el pueblo. Mientras se aprueba, dictaré medidas ejecutivas para controlar los gastos de funcionamiento del Estado y orientar cada peso hacia el bienestar social.
– Fin de privilegios y lujos en el alto gobierno: Reduciré el salario del Presidente de lanRepública y el de las ministras y ministros que me acompañen. Las condiciones de vivienda, transporte, seguridad y descanso se ajustarán estrictamente a lo necesario para ejercer sus funciones. Realizaré una revisión rigurosa del gasto en publicidad, funcionamiento y representación. Todo gasto suntuario será eliminado y cada peso ahorrado será destinado al gasto social.
– Revision de privilegios en todas las ramas del poder publico: Invitaré al Congreso de la República, al Poder Judicial y a los gobiernos locales a revisar sus propios privilegios y gastos superfluos, respetando la independencia de poderes.
– Adquisicion de bienes y contratacion estatal: La contratación pública, en todas sus modalidades– y en especial, la relacionada con gastos de funcionamiento, estará bajo estricta vigilancia para evitar el derroche y la malversación. Los entes de control deberán ejercer supervisión especial, tanto dentro como fuera del país.
– Austeridad en actividades oficiales y viajes: Las actividades y comisiones oficiales, dentroy fuera del país, estarán sujetas a criterios estrictos de economía y solo se realizarán cuando sean indispensables. Cualquier costo adicional en viáticos, alojamientos o beneficios especiales deberá ser asumido por el propio funcionario.
“6. Su concepto de la Paz Total y su estrategia frente al conflicto armado”.
Respuesta: La Paz Total responde a la idea de que en Colombia debe construirse una paz lo más integral posible: no solamente con relación a crear mesas simultáneas, sino de transformar territorios.
Colombia lleva más de siete décadas de conflicto armado y violencias, por ello, es importante responder con claridad a sus causas: la desigualdad social, el atraso en los territorios rurales, el hecho de que, en muchos lugares, el Estado solo haya hecho presencia para explotar la riqueza petrolera, el oro, el carbón y olvidarse de las comunidades y sus necesidades vitales. Por lo tanto, el primer principio de la política de seguridad humana es atacar las causas del conflicto armado y de la violencia, se necesita erradicar la pobreza y la desigualdad social en los territorios que han sido históricamente olvidados por el Estado, tanto en las ciudades como en los sectores rurales.
Así, la política de seguridad tendrá como presupuesto una atención permanente al desarrollo territorial. Igualmente se tejerá y desarrollará una nueva relación en términos de diálogo entre la gente, las organizaciones sociales, los movimientos campesinos, los pueblos indígenas y las fuerzas militares presentes en el territorio: una relación basada en el diálogo, no en la represión ni en la mera fuerza.
Necesitamos abrir un diálogo entre civiles, militares y policías para que juntos logremos derrotar los problemas de inseguridad.
Por eso propongo las siguientes acciones en materia de seguridad:
– Articulacion a la transformacion y el desarrollo del territorio. Participaré en los pactos de desarrollo territorial ya existentes e impulsaré otros en nuevas regiones. Estos pactos incluyen lo básico: resolver el problema del agua potable; resolver el problema de la energía a través de mecanismos y procesos de energías limpias–; construir las vías de transporte tanto terciarias como las grandes vías que conectan a las zonas rurales con las ciudades; desarrollar la revolución agraria, entregando tierras al campesinado, restituyendo la articulación a los pueblos indígenas, respetando la tierra de las comunidades afrodescendientes. Es decir, el programa de seguridad tiene que entrar a articularse y hacer parte de los pactos territoriales.
– Implementacion del Acuerdo de Paz de 2016. Desarrollaré todos y cada uno de los compromisos que todavía están pendientes por parte del Estado, con el fin de garantizar que la paz lograda en 2016 pueda ser efectivamente cumplida. Protegeré la vida de las personas que ejercen liderazgo social en el territorio. No más muertes de lideresas, líderes sociales, firmantes de paz, defensoras y defensores ambientalistas, líderes de organizaciones comunitarias. En este sentido, voy a: (i) reorientar las capacidades de la Fuerza Pública para proteger el territorio; (ii) fortalecer el Cuerpo de Infantería Marina para que pueda haber seguridad en los ríos; (iii) desarrollar la inteligencia para proteger a la ciudadanía, no para perfilar a las organizaciones sociales bajo la doctrina del enemigo interno; y (iv) desarrollar la inteligencia ambiental para prevenir la deforestación, la destrucción de la Amazonía y la minería ilegal en los territorios. La seguridad humana significa protección y desarrollo del territorio mediante un diálogo intenso entre fuerzas militares, la policía y las comunidades.
– Estrategia integral contra el homicidio y el reclutamiento. Enfrentaré el homicidio como lo que hoy es, un fenómeno donde el sicariato se volvió industria, y el reclutamiento forzado de los jóvenes y niños su combustible. Por eso reforzaré los programas “Jóvenes enPaz” y el “Servicio Social para la Paz” como parte de una política de seguridad humana, para que la juventud pueda optar también por labores destinadas al acompañamiento y a la construcción de los territorios. Igualmente, seguiré impulsando que la juventud pueda tener educación, empleo y acciones para desarrollar sus actividades deportivas como formas alternativas al reclutamiento forzado que ejercen los grupos armados ilegales.
– Estrategia integral contra la extorsion y el secuestro. Protegeré a los comerciantes y a los pequeños empresarios para que no sean víctimas de la extorsión permanente que ejercen los grupos armados; voy a protegerlos para que la extorsión no haga víctimas y presas de ese negocio ilegal.
– Golpear el bolsillo de los grandes narcotraficantes. No golpearé al campesino, al cultivador, sino a quienes se están quedando con los réditos financieros del negocio del narcotráfico, seguiré golpeando los laboratorios y los procesos de tráfico ilegal. Ejerceré controles en los puertos y en los aeropuertos para impedir que, a través de la corrupción, se conviertan en puertos de salida y llegada del narcotráfico y del contrabando.
– Garantias de bienestar y calidad de vida para los integrantes de la Fuerza Publica.
Continuaré las políticas que dignifican la vida de los integrantes de la Fuerza Pública, para seguir desarrollando unas fuerzas de policía y militares al servicio de la protección de los derechos humanos y de las comunidades, y no para la represión y la violencia contra el pueblo.
Adicionalmente, me permito señalar que uno de los criterios para comenzar, continuar y reanudar diálogos de paz, será que los grupos armados dejen de cometer cualquier clase de acciones contra la población civil y los liderazgos sociales. No habrá diálogo con quien asesine, amenace o persiga líderes y lideresas sociales en Colombia. Sin la protección eficaz al liderazgo social, no podremos profundizar la democracia ni alcanzar la paz en Colombia5.
“7. Pluralismo informativo y libertad de prensa: Como sera en su gobierno”.
Respuesta: En mi programa de gobierno he manifestado que el poder de la verdad también se ejerce contra la gran corrupción y a sus mafias; y que ésta ha tenido como víctimas a los periodistas investigativos, los juristas probos, los académicos rigurosos, los políticos honestos. He señalado que se utiliza el mundo digital para generar nuevas violencias contra los periodistas y figuras públicas.
Por tanto, he propuesto que las relaciones políticas y con los medios de comunicación deberán estar marcadas por el respeto mutuo; y que las trampas y las campañas sucias salgan del menú de opcionesde esas relaciones, lo que garantizará el pluralismo informativo y la libertad de nprensa. Además, mi compromiso con la Constitución Política y la ley es irrestricto, y con la garantía de los derechos fundamentales, entre los que la libertad de expresión ocupa un lugar esencial.
“8. Ante hechos de irregularidades en la gestion del gobierno Petro (contratacion publica y manejo de recursos) según Contraloría, Procuraduria y Fiscalia, que correctivos propone y como garantizaria transparencia y control en su eventual gobierno”
Respuesta: Frente a la lucha contra la corrupción, me permito indicar que una de las propuestas centrales de mi campaña es la creación y consolidación de un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción.
En primer lugar, debo manifestar que he sido claro desde el inicio: seré implacable frente a cualquier forma de corrupción. Esa exigencia comienza por quienes me acompañan en la campaña y en el gobierno. Exijo absoluta pulcritud y transparencia; ninguna justificación será aceptada para desviarse del cumplimiento estricto de la ley ni de las convicciones éticas que nos inspiran. No habrá espacio para el lucro personal ni para las ambigüedades morales.
Lo anterior responde a una idea que he expuesto a lo largo de mi campaña presidencial: la macrocorrupción inflige un daño estructural al país, deslegitima la democracia, quiebra las reglas de la competencia económica, corroe la ética pública, alimenta la violencia y reduce la política a un mercado de intereses donde todo vale. Esa lógica se ha normalizado como modo de ascenso en nuestra sociedad, y hay que ponerle fin a esa tragedia nacional.
Por ello, propongo la creación de un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción con una arquitectura institucional coherente que actúe de principio a fin y se estructure sobre los siguientes pilares que se refuerzan mutuamente: transparencia, prevención e información; investigación y juzgamiento con enfoque de sistema; Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción; presencia decidida en los territorios; y movilización de la sociedad.
“9. Usted a que partidos o movimientos politicos y sociales, desde joven ha pertenecido”
Respuesta: Pertenecí a la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), a la Unión Patriótica (UP), a la Alianza Democrática M-19, al Polo Democrático Alternativo (PDA) y, actualmente, pertenezco al Movimiento Político Pacto Histórico (MPPH).
“10. Politicas especificas para Cali y Valle del Cauca: violencia urbana, desempleo juvenil yproyectos que respaldaria en el primer semestre de su gobierno.”
Respuesta: Me permito presentar algunas de las propuestas específicas que, en el marco de mis visitas a ese Departamento, he presentado:
– Construiré y culminaré definitivamente el acueducto de Buenaventura.
– Construiré puertos comunitarios y recuperaré integralmente los ríos como eje de desarrollo productivo y soberanía territorial.
– Usaré los bienes administrados por la SAE para reparar a las víctimas de la guerra contra las drogas y ofrecer segundas oportunidades a la juventud y a la economía popular, de modo que los bienes del narcotráfico pasen a la gente para construir proyectos sociales.
– Impulsaré decididamente la industria pesquera y pecuaria.
– Recuperaré la Universidad del Pacífico para ponerla al servicio de su misión esencial: convertirse en cuna del conocimiento para el litoral pacífico.
– Destrabaré, sanearé y culminaré el coliseo y el estadio Marino Klinger, que será un espacio para hacer deporte. Además, la casa de la cultura será corazón vivo para el arte, la memoria y la creación del pueblo afro-bonaverense.
– Pondré en el centro de la política de paz a las víctimas.
– Cumpliré los compromisos adquiridos en el paro cívico de 2017.
– Invertiré en las economías afro, en el Pacífico y en todo el país. Impulsaré el desarrollo de las economías populares, el afroturismo, la gastronomía, la innovación tecnológica y de servicios.
– Industrializaré el puerto, no como punto de paso de mercancías, sino como centro de transformación productiva.
– Fortaleceré la economía popular y estableceré relaciones estratégicas con toda la región deAsia y del Pacífico.
– Generaré el empleo necesario para que la riqueza que entra y sale por el puerto se traduzca en trabajo digno para la gente.
– Combatiré sin cuartel la gran corrupción. Perseguiré a las redes clientelares de los políticos corruptos, los funcionarios delincuentes que no hacen más que robar.
– Garantizaré el desarrollo portuario y logístico que genere empleo digno, que fortalezca la industria local, que impulse la economía popular y respete el ambiente.
Sin otro particular,
Iván Cepeda Castro
Candidato Presidencial Movimiento Político Pacto Histórico
TEXTO ORIGINAL
