El pasado miércoles 6 de mayo, la “cereza del pastel” en inseguridad se presentó al interior de la Iglesia de La Ermita al ingresar una persona que destruyó las imágenes y una parte de los vitrales sorprendiendo la facilidad con la que ejecutó su acción temeraria sin que el lugar tuviera controles policiales que garantizaran la integridad de los peatones que circulan por el icónico boulevard del río y menos para proteger el emblemático lugar religioso declarado Bien de Interés Cultural
Durante décadas, la gestión administrativa y fiscal del municipio de Cali ha sido errática, conduciéndola a una crisis profunda con decenas de obras sin terminar, otras, que no cumplieron el cometido para el que fueron construidas como lo son las denominadas 21 mega obras con sobrecostos y cobros de valorización e impuesto predial expropiatorios que aun adeudan muchos caleños. Ahora, el alcalde Eder pretende ejecutar varias de las mega obras sin tener en cuenta las condiciones reales sociales, ambientales y paisajísticas, tal como sucede con la vuelta de Occidente que causará grave daño ambiental al parque nacional los Farallones y a su área protectora desconociendo los ejes temáticos del plan nacional de desarrollo como es el del agua.
La improvisación en las políticas públicas ha sido la constante en la ciudad con obras impuestas por los alcaldes de turno, sin previa consulta a los caleños no obstante el interés general para debatir y analizar las que deben ser propuestas y no decisiones producto de la voluntad de las autoridades distritales.
El Sistema de Transporte Masivo es un “barril sin fondo” que desangra las arcas del distrito y los bolsillos de los caleños sin que se logre cumplir con el acuerdo 192 de 2006 que ordenó la estructuración técnica y económica del MIO, su cierre financiero. Esta conducta omisiva de los alcaldes incluido el actual, les ha permitido manejar a su arbitrio los contratos con los operadores, introduciéndoles reformas mediante la suscripción de OTROS SI, cuyo contenido es impuesto a los caleños que son quienes finalmente pagan los sobrecostos de dichas obras.
La falta de estructuración técnica y fiscal del MIO amerita una investigación disciplinaria y fiscal por parte de los órganos de control.
La discusión que en su momento se dio en el Concejo Municipal para optar por el STM MIO se centró en sacar de circulación los buses tradicionales, acabando las rutas que tenían las empresas de transporte porque supuestamente la movilización en los articulados, los padrones y los alimentadores sería ágil, cómoda y respetuosa con los usuarios. Ni alcaldes ni concejales escucharon las voces ciudadanas que en el recinto del concejo expusieron las razones que desvirtuaban esas opiniones convertidas en políticas públicas.
Hoy, los caleños ven nuevamente rodando buses de antiguas empresas de transporte y a la administración informando que asume la operación de las rutas A 52 y A 57 del MÏO con dichos buses: “Esta es una oportunidad para que el trasporte de la ciudad se continúe integrando y articulando, buscando una mejor forma de movilización para toda nuestra ciudad”, según lo manifestó Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali; lo cual demuestra el fracaso del sistema de transporte masivo MIO , que en la actualidad se quiere resolver apelando al viejo y desueto medio de transporte de buses con el cual tampoco se podrá atender la demanda de pasajeros.
La prestación del servicio de aseo a través de retomar a EMSIRVA se convirtió en una puja por “apropiarse” de los usuarios, aspecto esencial en el lucrativo negocio de los servicios públicos domiciliarios, sin permitirle a la comunidad caleña información ni su participación en este asunto de vital importancia para la ciudad y para sus habitantes.
La administración distrital en cabeza del alcalde Eder les niega a los caleños el derecho a debatir sobre lo público en los asuntos de evidente interés general como el MÍO, EMSIRVA, la inseguridad, etc., en tanto se reúne con el sector privado para discutir sobre dichos temas
La dirigencia de la ciudad representada en sus autoridades locales, han sido inferiores a los compromisos adquiridos para sacar a Cali de los problemas que la llevaron a una crisis generalizada en asuntos relacionados con la inseguridad, el transporte, la movilidad, el deterioro de la malla vial, el empleo, la informalidad, el mejoramiento de las condiciones de salud y educación de los caleños., etc.
El endeudamiento de tres billones quinientos mil pesos, la “transformación de Cali”, más de la mitad del período de esta administración y una constante exposición en medios de comunicación por el alcalde, no fueron suficientes para superar los graves problemas en seguridad, urbanísticos, movilidad, transporte, servicios públicos, desempleo e informalidad laboral, desbordando la capacidad de respuesta de la administración.
ADENDA: El 3 de mayo día universal de la Libertad de Prensa, la ONU hizo un llamado a garantizar la seguridad de los periodistas y luchar contra la desinformación.
Tantas crisis que afectan a los periodistas y al derecho de información, no merecieron la atención de las autoridades ni de los medios para hacerse autocríticas que permitan una información sin sesgos ni matices con los cuales influyen en los lectores, oyentes y televidentes para que todo continúe igual.
El periodismo está íntimamente ligado al derecho de expresión, constituyendo un pilar esencial de la democracia. Sin embargo, aun cuando siempre se invocan los derechos fundamentales y derechos humanos, en el escenario periodístico, se desconocen o se limitan porque prevalece y se impone el pensamiento del propietario o del director del medio de comunicación. En la actualidad, los grandes medios escritos, rádiales y televisión, son propiedad de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales, con claros intereses económicos y políticos que se reflejan en el sesgo de la información.
La muerte de un sinnúmero de periodistas durante las guerras en Gaza, Ucrania e Irán, hacen parte del desprecio que sienten los agresores contra los periodistas que enarbolan el derecho a informar de una manera independiente y objetiva sobre los hechos que atentan contra la vida, honra y bienes de quienes sufren el impacto de la guerra.
Colombia no es ajena a esta tragedia con el sacrificio de varios periodistas asesinados y estigmatizados por decir la verdad sobre ciertos hechos de violencia que ocurren en el país.
A lo anterior, no sobra agregar, el maltrato laboral a los periodistas obligados a conseguir pauta publicitaria para su subsistencia.
