El terrorismo en sus diferentes manifestaciones, constituye una forma de intimidación generada por algunos grupos extremistas que utilizan el terror como una manera de impedir el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, al igual que torpedear la lucha política y social por los cambios que requiere el país, afectándose con ello las condiciones de existencia y desarrollo de la vida económica, política y social.
Algunos de estos grupos pretenden hacer creer que con sus acciones demenciales que califican de revolucionarias, están contribuyendo a derrocar a los gobiernos burgueses y proimperialistas, lo cual no deja de ser más que actos criminales, producto de una violencia irracional y perversa que solo conduce a más destrucción y muerte.
Con el fracaso de la política de paz se ha intensificado la violencia por parte de estos grupos armados ilegales en contra del gobierno del presidente Petro, afectando la campaña electoral que se adelanta en el país para elegir al nuevo presidente de la república.
Es de resaltar que todos los candidatos presidenciales rechazaron de manera categórica los actos terroristas de los últimos días en Cali y en la vía panamericana hacia Popayán.
Tales hechos de terrorismo tienen por objeto no solo generar más terror y zozobra entre la población, sino boicotear la campaña electoral que se realiza en el país para escoger el nuevo mandatario de los colombianos.
La repetición de estos hechos de terrorismo, rebasaron las posibilidades del actual gobierno de poder combatirlo, evitando sus funestas consecuencias que se generan con este estado de anarquía y de violencia en el país y que no solo afecta a una u otra clase social, partido o movimiento político, sino que además impide los avances democráticos y del cambio social en favor del pueblo colombiano.
De ahí la necesidad de que el próximo gobierno que asuma sus funciones a partir del 7 de agosto, esté en la obligación de tomar todas las medidas del caso para conjurar el terrorismo y garantizar la seguridad de los colombianos que viven en las regiones del país en donde se presentan estos hechos de violencia, que condenamos conjuntamente con nuestra solidaridad en favor de las victimas.
ADENDA: La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para sacar adelante algunas de las reformas sociales, no tendrá sentido sí, con ello lo que se busca es afianzar el poder del ejecutivo robusteciendo aún más el poder presidencial, politizando la justicia y permitiendo que el legislativo pierda sistemáticamente su carácter democrático y representativo.
En este caso, se impone la necesidad de convocar una constituyente para cambiar la forma de gobierno y organización del Estado a partir de la creación de una nueva división territorial por regiones, con lo cual se sustituirá la vieja y desueta división por departamentos, fortaleciendo los municipios de todo el país.
