La criminalidad en Cali no solo creció sino que se organizó y especializó para la comisión de delitos que afectan directamente a los caleños de todos los estratos socio económicos.
En algunos medios de opinión se difunde la idea de que el aumento de la criminalidad obedece al aumento de las armas de fuego en manos de particulares, al poder de los criminales y a la falta de control efectivo del porte de armas y del tráfico que permite adquirirlas ilegalmente en el mercado y con las cuales cometen sus fechorías.
Otros, sectores afirman que el aumento de la criminalidad se debe a la condición de pobreza en que se encuentran diversos sectores sociales recurriendo al delito para solventarse.
Así mismo, algunas personas consideran que con el crecimiento de la población se incrementó la criminalidad en la ciudad.
Dichas apreciaciones sobre el aumento de la criminalidad en la ciudad, sí bien es cierto, guardan alguna relación con dichos procesos, no son determinantes ni permiten explicar a fondo la dinámica creciente de la criminalidad en Cali, que lamentablemente se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del país. Esto a pesar del esfuerzo realizado por las autoridades en su labor de prevenir y reprimir las bandas de delincuentes que asaltan a los ciudadanos y en muchos casos les causan la muerte para robarles el dinero, o el celular, etc.
La expansión de la criminalidad se debe en buena medida a la lucha competitiva entre los narcotraficantes que se disputan el mercado de venta de las drogas y que en la ciudad de Cali han sentado sus reales en algunas comunas y barrios, generándose con ello un ambiente de inseguridad entre sus habitantes.
La contención de la criminalidad por parte de las autoridades demanda de la necesidad de elaborar una nueva metodología dirigida a combatir el accionar de los delincuentes además de analizar la situación concreta de la ciudad con la operación de bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico, microtráfico y demás organizaciones a quienes debe aplicárseles el peso de la ley.
La simple represión no resuelve los problemas de la creciente inseguridad de la ciudad, ya que como se dice en el argot popular dicho remedio resulta peor que la enfermedad, sin que existan unas políticas complementarias acordes con los intereses y necesidades de la población general.
No debe olvidarse que la presencia e incremento de la criminalidad no es un fenómeno casual sino que obedece a causas estructurales y funcionales del sistemacau que en las condiciones de la sociedad capitalista guarda estrecha relación con la lógica de los negocios y el afán de lucro que se obtiene a costa de incursionar en actividades ilegales que les permiten a sus autores ingentes ganancias en cabeza de las bandas de traficantes de estupefacientes y de personas, contrabandistas de armas, compradores ilegales de oro, extorsionistas, etc., además de las bandas organizadas de delincuentes y grupos armados ilegales.
ADENDA UNO: El patrimonio histórico como conjunto de bienes materiales e inmateriales de una ciudad, región y nación, constituye la memoria visual, sensorial y cognitiva que guarda su historia, permitiendo entender su evolución y con ello, los errores y aciertos para corregir o evitar aquello que contribuye a mejorar o desmejorar el desarrollo.
Por ello, el patrimonio histórico en todas sus manifestaciones es objeto de especial protección en las ciudades avanzadas culturalmente.
A la administración distrital parece no interesarle el patrimonio de la ciudad ni lo que él guarda en sus paredes, sonidos, sabores, historias, tal como se refleja en los diferentes documentos sobre visiones y políticas que en la actualidad se elaboran cómo son el Plan de Ordenamiento Territorial-POT-, el alcabalero estatuto tributario, la ambiciosa AMSO y la estructuración administrativa fiscal para implementar Cali como distrito especial de una variopinta de actividades, todas dirigidas a incrementar la vivienda en un afán desmedido de crecimiento de construcciones con obras públicas que generalmente no son prioritarias porque hoy la deplorable realidad socio-económica, ambiental, paisajística, hídrica, se encarga de decir que las mismas no contribuyeron a un avance, mejora ni prosperidad de la ciudad ni de sus habitantes.
El lugar que fue sede temporal del despacho del primer gobernador el médico Pablo Borrero Ayerbe en abril de 1910 cuando se creó el departamento Del Valle del Cauca, ubicado sobre la carrera 5 con calle 7 en el centro histórico de la ciudad, ni siquiera tiene una placa que recuerde ese hecho y mucho menos, directrices consignadas en políticas públicas para conservar, conocer y entender ese momento histórico.
Ante los reclamos de residentes de San Antonio y San Cayetano no existe interés de la alcaldía ni del Concejo distrital de regular el uso del suelo causante del desorden, caos y destrucción del sector como uno de los referentes de la historia local.
La defensa del patrimonio histórico debe involucrar a los ciudadanos en general y no reducirlo a un puñado de ciudadanos@s de buena voluntad que desde los tecnicismos enfocan la defensa de lo que es un derecho colectivo y por tanto garantizado como tal en la Constitución.
ADENDA DOS: Aunque en 35 años de la garantista Constitución de 1991 los derechos fundamentales han sido vulnerados permanentemente, se privatizó gran parte de las empresas e instituciones públicas en aras de un mercantilismo consumista pasando por alto los principios y valores del Estado Social y Democrático de Derecho, gran parte de los ciudadanos conscientes de los avances constitucionales, rechazan expresiones como “a los ciudadanos de Cali no les interesa el nombre , tampoco la forma jurídica como se le llame al estatuto tributario, pero si les interesa que si pagan impuestos estos se reflejen en empleos, obras tangibles y realidades que mejoren calidad de vida”.
Tales manifestaciones y más si provienen de concejales que tienen el “encargo” de aprobar el alcabalero, inconveniente e inconstitucional estatuto tributario, constituyen una interpretación interesada que vulnera los intereses generales del pueblo caleño propinándole un golpe a la Constitución para dar prevalencia a intereses particulares.
Tal proceder solo es posible enfrentarlo con la unidad del pueblo, de aquel sobre el que recaerá el peso del mamotrético estatuto tributario de Cali, con el fin de exigir las garantías y el respeto a la soberanía del pueblo caleño y su derecho de participar y decidir como soberano en este asunto de interés especial.
