Cali vuelve a mirarse en el espejo de sus propias cifras y el reflejo es inquietante. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 267 homicidios, superando los 254 de 2025 y muy lejos de los 199 de 2024. No es solo un aumento del 5 %, como suavizan algunos discursos oficiales; es la consolidación de una tendencia que revela el fracaso sostenido de la política de seguridad. La normalización de casi tres asesinatos diarios configura una crisis estructural que desborda cualquier narrativa optimista.
La ciudad más violenta del país parece atrapada en una inercia institucional donde se repiten anuncios, pero no resultados. Se habla de estrategias, de planes focalizados, de articulación interinstitucional, pero en las calles lo que se percibe es otra cosa: miedo, desconfianza y ausencia de autoridad efectiva.
Oriente de Cali: epicentro del abandono y la muerte. Territorios olvidados, juventud en riesgo
La geografía del crimen no es aleatoria; es profundamente desigual. Las comunas 15 y 18 encabezan los homicidios, seguidas por la 14, la 21, la 8 y la 13, consolidando al oriente como el núcleo de la tragedia urbana. Barrios como Alto de los Chorros, Mojica y Potrero Grande no solo acumulan víctimas, también simbolizan décadas de abandono estatal.
El 80,69 % de los asesinatos con armas de fuego evidencia un control territorial armado que las autoridades no logran desmontar. Aún más grave, la mayoría de víctimas son jóvenes: 94 entre 18 y 28 años. Cali no solo está perdiendo vidas, está perdiendo su futuro.
Y mientras tanto, la institucionalidad parece más enfocada en explicar las cifras que en transformarlas. La ciudad no necesita más diagnósticos; exige decisiones firmes, intervención sostenida y una presencia estatal que deje de ser retórica para convertirse en realidad tangible.
