Cali amanece otra vez con la certeza de que la violencia no tiene freno. En apenas 35 días de 2026, la ciudad ya registra 100 homicidios. Cien historias truncadas, cien familias devastadas. Aunque las autoridades celebren que la cifra es un 7 % menor que la del año anterior, cualquier ciudadano consciente sabe que la disminución estadística no consuela, ni protege, ni devuelve vidas. La tragedia sigue siendo una constante y la impunidad, un escudo silencioso.
Un promedio de 3,23 homicidios por día en Cali durante enero de 2026 indica una transmisión sostenida de violencia en la ciudad. Cada día se suman más víctimas, con patrones que se repiten en ciertas comunas y entre jóvenes hombres, pero sin que las autoridades logren interrumpirlos. La cifra revela un ciclo persistente: la violencia no es casual, sigue trayectorias geográficas y demográficas detectables. Los números reflejan vidas que desaparecen sin respuesta efectiva, y muestran cómo la ciudad se expone a un riesgo constante. La normalización de estos asesinatos es el síntoma más grave de la falla institucional.
El perfil de las víctimas es revelador y aterrador: hombres jóvenes, sí, pero también mujeres, como la joven de 25 años asesinada a tiros en la cabeza en el Barrio Simón Bolívar, homicidio que cerró simbólicamente esta escalofriante cuenta de 100. Comunas como la 14 y la 21 concentran la mayor parte de la violencia, mientras otras zonas, paradójicamente, permanecen aparentemente seguras. ¿Acaso es un alivio para la ciudad que algunos barrios “no registren muertes”? La violencia no desaparece, solo se redistribuye.
El nuevo secretario de seguridad, Javier Garcés, llega con conocimiento de la ciudad y del problema, pero la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿qué innovaciones trae consigo?. O cual es su plan? La respuesta es inquietante: ninguna declaración que convenza, ni medida concreta, ningún bloque de búsqueda al estilo de Medellín que realmente pueda desactivar estructuras criminales. Las “estrategias” que se anuncian son más de lo mismo: vigilancia, control, inteligencia y llamados ciudadanos a la colaboración. Es decir, la carga de la seguridad vuelve a recaer sobre los hombros de quienes vivimos con miedo, mientras las estructuras criminales permanecen casi intactas.
Cali no es solo la ciudad con más homicidios del país; es la ciudad que triplica las tasas de Medellín y Bogotá, con cifras que no paran de crecer: 986 homicidios en 2022, 1.013 en 2023, 938 en 2024, 1.065 en 2025. La tendencia es clara: la violencia urbana y el crimen organizado avanzan mientras la institucionalidad retrocede o, en el mejor de los casos, camina a paso de tortuga. Problemas estructurales como la cercanía a cultivos de coca, la minería ilegal, la presencia de actores armados y la incapacidad de control territorial siguen sin ser atacados con soluciones de fondo.
Y la impunidad es quizá la herida más dolorosa. Las instituciones, incluida la Fiscalía, demuestran debilidad en la reacción rápida ante crímenes, mientras los ciudadanos quedamos en el limbo, esperando justicia que rara vez llega. Se requieren estrategias integrales, nacionales e internacionales, un fortalecimiento efectivo de la Fiscalía, acciones inmediatas en las primeras 48 horas tras un homicidio y un fondo permanente de recompensas. Nada de esto es novedoso, y sin embargo, parece más un sueño que una realidad.
Cali sangra. Sus calles, sus barrios y sus habitantes son testigos de un ciclo que se repite con una precisión escalofriante. La tragedia no discrimina y la estadística no consuela. Ante tanto dolor, la ciudad no necesita discursos ni cifras que bajan porcentajes; necesita acción, estrategia y resultados. Hasta que eso llegue, seguimos siendo ciudadanos de dolor, observando cómo nuestra ciudad se desangra mientras alguien más cuenta los números y sonríe con estadísticas engañosas.
