El sistema de salud de Colombia inicia 2026 con un deterioro financiero que ya no puede explicarse solo por fallas heredadas. El diagnóstico inicial del gobierno de Gustavo Petro fue acertado al identificar abusos estructurales en la relación entre EPS, IPS, intermediarios y proveedores, donde se consolidaron prácticas de sobrecostos, integración indebida y acumulación de pasivos. No obstante, la respuesta gubernamental priorizó una salida ideológica antes que una transición técnica y fiscalmente viable, lo que aceleró el deterioro del sistema.
El cierre de 2025 arrojó pérdidas operacionales cercanas a $7,3 billones y un patrimonio negativo superior a $15 billones, reflejo de un desbalance estructural entre ingresos y gastos. El sistema entra en 2026 con un déficit en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pese a los ajustes decretados por el Ejecutivo. El valor reconocido por afiliado continúa por debajo de los costos reales de atención, presionados por el aumento del salario mínimo, la inflación de medicamentos, insumos médicos y servicios especializados.
Desde una perspectiva económica, el problema no es únicamente de liquidez, sino de gobernanza. La reducción de la intermediación sin un modelo operativo alterno plenamente funcional debilitó los flujos financieros hacia las IPS, afectando su capacidad de pago, inversión y continuidad en la prestación. La cadena de iliquidez se trasladó desde EPS intervenidas o liquidadas hacia hospitales, clínicas y talento humano en salud.
A este escenario se suma un factor que el sistema debe enfrentar con mayor realismo: la corrupción. Los esquemas de facturación irregular, contratos direccionados, integración vertical encubierta y desvío de recursos públicos no desaparecen con reformas normativas. Sin controles efectivos, trazabilidad financiera y sanciones oportunas, los recursos adicionales que se inyecten al sistema seguirán filtrándose, ampliando el déficit y debilitando la confianza ciudadana.
En el plano social, la crisis se traduce en mayores tiempos de espera, interrupción de tratamientos y cierre de servicios. En 2025 se registraron cerca de 320.000 tutelas en salud y más de dos millones de PQRS, indicadores de que el sistema no está garantizando de forma efectiva el derecho fundamental a la salud. La judicialización creciente, además, incrementa los costos y distorsiona la planeación del gasto.
El impacto político es inevitable. A diferencia de crisis anteriores, esta será percibida por los ciudadanos como una responsabilidad directa del gobierno actual. La narrativa de la herencia pierde fuerza cuando los indicadores empeoran tras decisiones adoptadas desde el Ejecutivo. La crisis del sistema de salud se reflejará no solo en cifras fiscales, sino en las urnas: el presidente Petro y su partido de gobierno asumirán el costo electoral de un modelo que prometió corregir abusos y terminó profundizando el déficit.
Desequilibrio financiero, deterioro en prestación y consecuencias políticas Menos dogma, más evidencia gerencial y técnica, más cultura contra la corrupción, que hasta ahora ha sido insuficiente.
