La coyuntura política de la semana en Colombia estuvo marcada por la decisión de varios gobernadores de no aplicar el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, mientras la Corte Constitucional decide sobre su validez. Los mandatarios regionales anunciaron acciones judiciales y argumentaron impactos fiscales negativos y vulneración de la autonomía territorial. El episodio revela problemas del modelo de Estado colombiano y plantea preguntas sobre los límites del poder presidencial en estados de excepción.
El decreto fue expedido con base en el artículo 215 de la Constitución, que autoriza al Ejecutivo a dictar normas con fuerza de ley ante perturbaciones graves del orden económico o social. Estos decretos están sometidos a control automático de la Corte Constitucional, pero mientras ello ocurre conservan presunción de legalidad. El punto de quiebre surge cuando autoridades territoriales anuncian que no aplicarán la norma vigente, alegando razones constitucionales y fiscales.
Entre los gobernadores que han expresado públicamente esta posición se destacan:
Andrés Julián Rendón (Antioquia), quien anunció la no aplicación del decreto mediante la excepción de inconstitucionalidad.
Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca), quien afirmó que existe una posición mayoritaria de los departamentos frente al impacto fiscal del decreto.
Mandatarios de departamentos como Meta, Santander y Cundinamarca, que han manifestado reparos y respaldo a la espera del fallo de la Corte. En total, cerca de 17 gobernadores, articulados a través de la Federación Nacional de Departamentos, han acompañado esta postura, aunque no todos con el mismo nivel de confrontación.
Desde una mirada constitucional, el episodio de los gobernadores , permite distinguir lo bueno, lo malo y lo feo.
Lo bueno
El primer aspecto positivo es la defensa activa de la autonomía territorial, principio constitucional que, aunque limitado por el carácter unitario del Estado, protege competencias fiscales y administrativas de los departamentos. Los gobernadores ponen sobre la mesa la necesidad de evaluar el impacto real de las emergencias económicas sobre las finanzas regionales.
En segundo lugar, el conflicto se canaliza, al menos formalmente, por vías institucionales: acciones ante la Corte Constitucional y debates jurídicos, lo que refuerza el papel del juez constitucional como árbitro del poder. Finalmente, el episodio reactiva un debate necesario sobre el uso reiterado de los estados de excepción como mecanismo de gobierno.
Lo malo
El principal riesgo es el desbordamiento competencial. La Constitución reserva a la Corte Constitucional la decisión definitiva sobre la constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley. Cuando un gobernador decide no aplicar una norma vigente, se produce una tensión con el principio de legalidad.
A esto se suma la inseguridad jurídica, pues la aplicación diferenciada de un decreto según el territorio afecta la coherencia normativa del Estado y dificulta su cumplimiento por parte de ciudadanos y agentes económicos. Además, el Gobierno nacional ha advertido posibles responsabilidades disciplinarias y fiscales, lo que agrava el conflicto interinstitucional.
Lo feo
El escenario más complejo es el impacto institucional y político. La confrontación abierta entre el Ejecutivo y los gobernadores puede erosionar la confianza en las reglas del sistema y alimentar la polarización. Si se consolida la idea de que las autoridades pueden seleccionar qué normas aplicar según su conveniencia política, se debilita el Estado de Derecho.
Asimismo, el conflicto se produce en un contexto de fragilidad fiscal y social, donde la falta de coordinación entre niveles de gobierno puede afectar la prestación de servicios públicos y la estabilidad financiera de los territorios.
Episodio político, y conflicto constitucional de fondo.
Tiene elementos legítimos, como la defensa de la autonomía territorial y el uso de controles judiciales, pero también riesgos serios para la legalidad y la unidad del Estado. La decisión de la Corte Constitucional será determinante para definir no solo el futuro del decreto, sino las reglas de juego entre el poder central y los territorios en Colombia.
