Siendo la seguridad un bien social provisto por el Estado para el beneficio colectivo, en Cali parece haber aumentado la inseguridad en todas sus manifestaciones de tal manera que las personas se encuentran y perciben el riesgo para su integridad personal, su vida y bienes como consecuencia del aumento de la criminalidad y la violencia. Esta situación ha rebasado las capacidades de las autoridades para prevenir la comisión de delitos e infracciones a la ley, particularmente en la ciudad de Cali en donde los delincuentes han sentado sus reales en torno al hurto de celulares, el atraco a mano armada, la extorsión y el sicariato que últimamente ocurre en el centro de la ciudad.
Lo anterior resulta preocupante cuando los delitos se extienden a lugares públicos como restaurantes y centros comerciales en donde los delincuentes actúan sin mayores problemas, en tanto que a las autoridades parece habérseles salido de las manos el control y la vigilancia para evitar en la práctica su realización.
La pregunta que se formulan los caleños es, ¿qué están haciendo las autoridades para conjurar la inseguridad que se ha convertido en una tendencia en medio del aumento inusitado de la delincuencia y del crimen organizado, ligado con las bandas de delincuentes que en la actualidad han invadido la ciudad de Cali y operan a sus anchas en la comisión de todo tipo de delitos y contravenciones que ponen en peligro la vida, honra y bienes de los ciudadanos que el Estado se ha comprometido a proteger?.
Aunque el aumento de la fuerza pública en las calles y la vigilancia de la ciudad con drones constituyen elementos indispensables para garantizar la seguridad de los caleños, estos no son suficientes para combatir el aumento creciente de los delitos y delincuentes que operan en la ciudad.
En este caso es necesario profundizar en las causas y motivos que han suscitado un aumento de la inseguridad pues atacándolas, es posible avanzar en la construcción de una política pública de seguridad, de manera que esta no se reduzca a enunciados sobre cultura ciudadana, Cali con inteligencia y tecnología, Cali con autoridad y Cali respetuosa con los Derechos Humanos con aportes significativos del presupuesto distrital, que a pesar de las buenas intenciones y las cuantiosas inversiones realizadas en cada uno de los cuatro ejes además de la prevención mediante la resolución de conflictos, después de casi año y medio de aprobado por el Concejo Distrital el Acuerdo que consagra la Política Pública de Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana por diez años del 2024 al 2033 no solo los resultados reales no se logran sino que aumentó la sensación de inseguridad entre los caleños con las consecuencias económicas, ambientales, sociales, culturales sin que las autoridades políticas asuman estos retos con el rigor que las circunstancias lo ameritan.
En pasadas columnas hemos propuestos desde la Veeduría que representamos, la necesidad de adelantar una reforma de carácter estructural y funcional del problema de la seguridad y de los medios de que se disponen para garantizarla en el territorio, entendiendo que la política de seguridad en este momento depende del ministerio de Defensa, la cual viene aplicándose en las regiones y localidades con los resultados conocidos en cuanto a su eficacia y resultados concretos.
Y de ahí que nuestra propuesta sea la de constituir una política pública en materia de seguridad de carácter municipal, que opere bajo la dirección de los alcaldes como jefes responsables del orden público de las ciudades y regiones, la cual debe contar con la participación democrática de los ciudadanos y el apoyo de los Concejos distritales y municipales. Se trata en definitiva de desconcentrar esta función tan importante que deben liderar las autoridades en los municipios y departamentos del país.
La propuesta anterior conlleva la necesidad de presentar un proyecto de reforma constitucional por cuenta de la bancada de congresistas del Valle del Cauca que debe llevarse al congreso que se elija en marzo de este año para su trámite y aprobación respectivas.
La seguridad constituye un bien social que no se puede perder en manos de los delincuentes ni con un cuerpo de policía que opera en la ciudad en condiciones precarias, recibiendo órdenes desde el ministerio de defensa que poco o nada tienen que ver con la real situación que se vive Cali y en los municipios y departamentos del país.
