El DANE dice que Colombia cerró 2025 con una inflación de 5,1%. El dato confirmó que el costo de vida dejó atrás los picos de los años anteriores, pero la presión sobre los hogares sigue viva. La inflación bajó, sí, pero no lo suficiente como para aliviar el bolsillo. El anuncio de un aumento del salario mínimo del 23,4% es el riesgo social para 2026, especialmente en los gastos básicos que afectan a millones de familias.
El problema de subir el mínimo por encima de la inflación y de la capacidad real de la economía para absorber ese choque, empieza a crecer. En Colombia, buena parte de los precios cotidianos se mueven por efecto de la indexación. Subió el salario mínimo al 23.4%, suben de forma casi automática servicios, tarifas y productos esenciales:
El primer golpe se verá en el transporte. El transporte urbano y el intermunicipal dependen de costos laborales, combustibles y mantenimiento. Con el nuevo salario mínimo, los ajustes en pasajes serán inevitables. Para quienes viven en las periferias urbanas o en municipios dormitorio, el transporte ya consume una parte importante del ingreso. En 2026, ese gasto crecerá sin que el ingreso real alcance a compensarlo.
Luego vienen los víveres. Aunque los alimentos cerraron 2025 con una inflación moderada, productos básicos como la leche, la carne, el café y algunos granos siguen siendo sensibles a los costos de transporte, mano de obra y energía. La cadena es simple: el aumento salarial eleva los costos de producción, distribución y venta, y esos costos terminan en el precio final. La carne de res y la leche, fundamentales en la dieta popular, serán de los primeros en reflejar esa presión.
El golpe continúa en los arriendos. En las ciudades, el ajuste anual de los contratos está atado al IPC, pero el salario mínimo empuja hacia arriba los precios de servicios asociados a la vivienda: administración, vigilancia, aseo y mantenimiento. Para los hogares de ingresos bajos y medios, el gasto en vivienda ya es el rubro más pesado del presupuesto. En 2026, ese peso será mayor.
Los servicios educativos y de salud tampoco quedan al margen. Colegios privados, guarderías, servicios de cuidado y consultas particulares ajustan tarifas con base en el salario mínimo. Para muchas familias, estos servicios no son un lujo, sino una necesidad. El aumento acumulado termina obligando a recortar otros gastos o a endeudarse.
El riesgo social es claro: el aumento del salario mínimo beneficia a quienes lo reciben directamente, pero castiga a una mayoría que enfrenta precios más altos en todo. Los hogares informales, los pensionados con ingresos fijos y quienes dependen del rebusque quedan expuestos a una inflación que puede acercarse al 6% en 2026.
Desde el punto de vista político, el mensaje es atractivo: subir el salario como respuesta al malestar social. Pero el efecto real puede ser el contrario. Si el costo de vida vuelve a acelerarse, la sensación de pérdida se amplifica y la desconfianza crece.
El mayor daño no será inmediato, será profundo. Los trabajadores que reciban el aumento del salario mínimo del 23% sentirán un alivio corto, mientras enfrentan alzas más rápidas en transporte, alimentos, arriendos y servicios básicos. En pocos meses, el incremento quedará absorbido por el costo de vida. Para los pensionados, el impacto será más severo: sus ingresos crecen a un ritmo menor, mientras pagan los mismos precios altos en comida, salud y servicios públicos. En el caso de los trabajadores informales, la situación es aún más crítica. No reciben aumento salarial, pero sí enfrentan todos los efectos de la inflación inducida. En 2026, el ajuste que prometía proteger el ingreso puede terminar ampliando la desigualdad, reduciendo el poder de compra real y trasladando el costo de la decisión a quienes menos capacidad tienen para resistirla.
El problema de 2026 será cuánto costará vivir, con marchas en la India, en España, etc. Transporte, comida y vivienda serán el termómetro social. Y allí, el riesgo ya está en marcha.
