*Redaccion
El anuncio del presidente Gustavo Petro de dirigir un mensaje explícito a soldados, soldadas, patrulleros y patrulleras de la Policía, en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, marcó un punto de inflexión en la relación entre poder civil, Fuerza Pública y movilización popular en Colombia. A ello se sumó la convocatoria al pueblo para marchar en las principales plazas del país y el pedido de respaldo político “a su nombre”, una fórmula que mezcla liderazgo, presión social y disputa institucional. El episodio plantea interrogantes de fondo sobre democracia, gobernabilidad y límites del poder presidencial.
Lo bueno
Desde una lectura favorable, el presidente ejerce un principio democrático básico: el poder civil manda sobre las armas. Al dirigirse directamente a la Fuerza Pública, Petro reafirma que soldados y policías no son actores autónomos ni instrumentos de intereses externos, sino servidores del Estado colombiano y de la Constitución. En un país con una larga historia de conflictos armados y autonomías de facto, este mensaje puede interpretarse como un recordatorio legítimo de subordinación institucional.
Asimismo, la convocatoria a la movilización popular conecta con la tradición latinoamericana de democracia participativa. Petro, elegido con una agenda de cambio, busca sostener su programa frente a presiones internas y externas apelando al respaldo ciudadano. En ese sentido, la calle se presenta como un contrapeso político cuando el Ejecutivo percibe bloqueos desde otros poderes o desde actores internacionales.
Lo malo
El problema surge cuando el llamado cruza la delgada línea entre liderazgo democrático y personalización del poder. Pedir apoyo popular “a su nombre” y no exclusivamente a la Constitución o a políticas concretas puede debilitar la institucionalidad y fortalecer una lógica plebiscitaria permanente. La democracia no se agota en la movilización; también exige respeto por los contrapesos, la deliberación y los canales formales.
Además, dirigir mensajes políticos en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos puede escalar innecesariamente el conflicto. La política exterior, por definición, requiere prudencia. Convertirla en un asunto de movilización interna puede cerrar espacios de negociación y aumentar la polarización, tanto dentro del país como en el plano internacional.
Lo feo
El aspecto más preocupante es la posible instrumentalización simbólica de la Fuerza Pública. Aunque no se trate de una orden ilegal, el tono y el contexto pueden interpretarse como un intento de alinear emocional o políticamente a soldados y policías con un proyecto personal o coyuntural. En una democracia, la Fuerza Pública debe ser deliberadamente apolítica; cualquier ambigüedad en ese principio erosiona la confianza ciudadana y revive fantasmas del pasado.
También es “feo” el riesgo de que la movilización se convierta en un mecanismo de presión permanente contra las instituciones, normalizando la idea de que quien llena plazas tiene más legitimidad que quien cumple la ley. La calle es un derecho, no un sustituto del Estado de derecho.
El anuncio de Petro combina luces y sombras.
Reafirma el mando civil y la participación popular, pero coquetea con la personalización del poder y tensiona la neutralidad institucional. En tiempos de polarización, el reto no es solo gobernar con apoyo popular, sino hacerlo sin debilitar las reglas que garantizan que el poder, incluso el bien intencionado, tenga límites claros.
