El Plan Municipal de Paz 2024–2034 entró en ejecución con el propósito de articular acciones de convivencia, prevención de violencias y fortalecimiento comunitario en Cali. La administración local lo diseñó como una hoja de ruta a diez años, integrada con los sistemas de seguridad, justicia, participación ciudadana y desarrollo social. Su implementación se basa en coordinar instituciones, comunidades y organizaciones sociales para que los barrios cuenten con herramientas que reduzcan riesgos y promuevan soluciones pacíficas a los conflictos cotidianos.
El programa funciona a partir de tres líneas centrales. La primera es la gestión territorial para la paz, que organiza intervenciones en zonas priorizadas por presencia de economías ilegales, disputas entre grupos o problemáticas sociales persistentes. Allí se desarrollan diagnósticos locales, diálogos con líderes y acuerdos de corresponsabilidad. La segunda línea es la prevención de violencias, con acciones enfocadas en jóvenes, mujeres, familias y comunidades educativas. La tercera es la atención y acompañamiento a víctimas y sobrevivientes de hechos violentos, en coordinación con la red institucional existente.
Durante los últimos dos años, la ciudad ha acumulado experiencias que permiten evaluar avances y limitaciones del proceso. Entre 2023 y 2024, varios barrios del oriente y ladera participaron en mesas comunitarias de paz impulsadas por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Estas mesas sirvieron para identificar factores de riesgo, priorizar problemas y pactar rutas de intervención. En algunos sectores se lograron acuerdos para disminuir confrontaciones entre grupos juveniles, así como actividades de mediación lideradas por organizaciones barriales.
Otra experiencia relevante ha sido la articulación del plan con programas de juventudes. A través de iniciativas de formación en resolución de conflictos, liderazgo y participación, se incorporaron jóvenes de diferentes comunas en espacios de capacitación. Esto permitió que grupos juveniles diseñaran proyectos propios, como campañas de prevención del reclutamiento, procesos artísticos para recuperar espacios públicos y ejercicios de memoria en barrios afectados por hechos violentos.
También se han desarrollado pilotos de justicia restaurativa en coordinación con instituciones educativas y comunitarias. Estos pilotos han servido para atender conflictos escolares y vecinales a través del diálogo, la reparación voluntaria y el seguimiento comunitario. En varios casos se evitó que disputas entre estudiantes escalaran a agresiones físicas o denuncias formales, lo que fortaleció la confianza en mecanismos locales de gestión de conflictos.
En el componente de atención a víctimas, el plan ha trabajado con organizaciones que acompañan procesos de reparación emocional, asesoría jurídica básica y orientación sobre rutas estatales. Durante los últimos dos años se priorizó la atención a familias afectadas por homicidios, desplazamientos intraurbanos y amenazas. La articulación con instituciones nacionales permitió acceder a medidas de protección y programas psicosociales.
A pesar de estos avances, la implementación enfrenta retos. La cobertura del programa aún es limitada frente a la magnitud de las problemáticas en la ciudad. Las comunidades suelen solicitar mayor presencia institucional y continuidad en los procesos. Además, los cambios administrativos generan variaciones en enfoques y equipos, lo que puede afectar la sostenibilidad de las estrategias territoriales.
Para quienes buscan apoyo, existen rutas claras de acceso. La primera opción es acudir a las Casas de Paz o puntos de atención territorial de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Allí se orienta a la ciudadanía sobre mediación de conflictos, participación en mesas comunitarias y acompañamiento psicosocial básico. También se reciben solicitudes para activar rutas de atención en casos de amenazas, violencia intrafamiliar, disputas vecinales o situaciones que requieran presencia institucional.
Otra vía es comunicarse con las líneas oficiales de la Alcaldía de Cali, donde se pueden registrar casos y remitirlos al equipo encargado. Las organizaciones sociales, juntas de acción comunal y líderes barriales que participan en el plan también sirven como puente entre la comunidad y la institucionalidad. En sectores priorizados, los gestores territoriales actúan como primer contacto para orientar, escuchar y activar las rutas correspondientes.
Quienes deseen integrarse a procesos de formación o participación pueden hacerlo mediante convocatorias públicas difundidas en redes sociales institucionales y a través de instituciones educativas y comunitarias. Estos espacios permiten conocer el plan, fortalecer capacidades y vincularse a actividades de mediación, prevención y construcción de paz.
El Plan Municipal de Paz 2024–2034 avanza como un proceso en desarrollo. Su efectividad depende de la coordinación entre instituciones y comunidades, así como de la continuidad en el acompañamiento territorial. Conocer las rutas de acceso y las experiencias recientes permite a la ciudadanía encontrar apoyo y participar en la construcción de entornos más seguros y cooperativos.
