La inteligencia artificial avanza en Colombia con una velocidad mayor que la capacidad de muchas empresas e instituciones para adoptarla de manera útil. El interés crece, las plataformas se multiplican y los directivos sienten la presión de incorporar herramientas generativas, pero una licencia de software o un chatbot no constituyen, por sí solos, una estrategia tecnológica.
El empresario colombiano Freddy Vega, cofundador y CEO de Platzi, planteó durante PlatziConf 2026 que el país enfrenta problemas estructurales para competir en esta carrera: disponibilidad de energía, calidad de la infraestructura, formación de talento y políticas públicas que pasen de los documentos a la ejecución.
Sus afirmaciones corresponden a la visión de un empresario que opera en educación tecnológica, pero apuntan a una dificultad visible. Colombia discute inteligencia artificial mientras una parte importante de sus organizaciones todavía tiene procesos manuales, información desordenada, baja protección digital y poca capacidad para evaluar si una tecnología resuelve un problema real.
La adopción no puede ser una moda
En muchas empresas, la llegada de la IA comienza por la compra de licencias para asistentes de texto, diseño, programación o atención al cliente. Es un primer paso posible, pero resulta insuficiente cuando no está acompañado por metas concretas, responsables internos y criterios para medir resultados.
Una organización puede usar herramientas generativas para resumir documentos, responder consultas frecuentes, ordenar información o apoyar campañas de comunicación. Pero si los datos de origen son incompletos, están dispersos o contienen información sensible sin controles adecuados, la automatización puede amplificar errores y exponer activos que deberían permanecer protegidos.
La inteligencia artificial necesita información confiable, procesos claros y supervisión humana. También exige definir qué decisiones puede apoyar una herramienta y cuáles deben permanecer bajo responsabilidad directa de trabajadores, profesionales o funcionarios.
El riesgo no está solo en que una empresa se quede rezagada. También está en invertir recursos en plataformas que no solucionan una necesidad concreta, producir contenidos equivocados a gran escala o permitir que información privada llegue a servicios externos sin una revisión técnica y jurídica.
Energía, redes y cómputo
El uso masivo de inteligencia artificial depende de una infraestructura que rara vez aparece en los anuncios comerciales. Centros de datos, redes de telecomunicaciones, nube, servidores, almacenamiento, respaldo eléctrico y ciberseguridad hacen parte de la base material de esta tecnología.
Los modelos más avanzados consumen una capacidad de cómputo y energía considerable. Colombia no necesita construir de inmediato grandes infraestructuras propias para beneficiarse de la IA, pero sí debe fortalecer conectividad, estabilidad eléctrica, capacidades de nube y redes seguras, especialmente si busca que entidades públicas, universidades y empresas locales desarrollen soluciones con datos nacionales.
La dependencia exclusiva de plataformas extranjeras puede facilitar el acceso inicial, pero también deja decisiones relevantes en manos de proveedores externos: costos, condiciones de uso, almacenamiento de datos, actualizaciones y continuidad del servicio. Por eso la discusión sobre IA no puede separarse de la soberanía tecnológica, la protección de datos y la capacidad del país para sostener servicios digitales críticos.
Talento para usar y auditar
La formación no consiste únicamente en aprender a escribir instrucciones para un chatbot. Colombia necesita personas capaces de preparar datos, desarrollar aplicaciones, verificar resultados, proteger sistemas, detectar sesgos y tomar decisiones informadas sobre el uso de algoritmos.
Ese desafío abarca colegios, universidades, empresas y entidades públicas. La formación técnica debe convivir con lectura crítica, ética, seguridad digital y conocimientos sobre protección de datos. Un trabajador que sabe usar una herramienta, pero no identifica una respuesta falsa, una filtración de información o una recomendación sesgada, puede aumentar el riesgo en lugar de reducirlo.
El mercado laboral también cambiará. Algunas tareas repetitivas serán automatizadas y otras requerirán nuevas habilidades. El país necesita programas de actualización laboral que lleguen a trabajadores de sectores tradicionales, pequeñas empresas y territorios con menor acceso a educación tecnológica.
Del proyecto a la ejecución
Colombia ha avanzado en documentos de política pública y en propuestas para regular la inteligencia artificial. El Gobierno radicó un proyecto de ley que busca establecer un marco para el desarrollo ético, responsable, competitivo e innovador de esta tecnología, con disposiciones sobre educación, formación docente y sectores estratégicos. Sin embargo, su trámite legislativo no equivale todavía a obligaciones plenamente aplicables para empresas, entidades públicas y plataformas.
El desafío consiste en transformar lineamientos generales en capacidades concretas. Se requieren criterios para proteger datos, evaluar sistemas de alto impacto, formar funcionarios, acompañar a empresas pequeñas y asegurar que las inversiones tecnológicas respondan a problemas verificables.
La inteligencia artificial puede elevar la productividad y ampliar el acceso a servicios, pero sus beneficios no llegan por inercia. Colombia tendrá mejores resultados si prioriza infraestructura, talento, seguridad y reglas claras, en lugar de confundir la adopción de una herramienta con una transformación digital completa.
