El tema de los Derechos Humanos es sin lugar a dudas uno de los aspectos más sobresalientes y trascendentales de cuantos aparecen consignados en la Constitución de 1991
La inclusión de todo un catálogo de Derechos constituyó un avance significativo en comparación con lo que existió en la Constitución de 1886, en la cual no se relacionaban los derechos económicos, sociales y culturales, que sin embargo no fueron considerados como “derechos constitucionales fundamentales” y por tanto no están amparados con la acción de tutela como sí lo fueron los derechos civiles, individuales y colectivos. De esta manera, aquellos derechos quedaron sujetos a las contingencias políticas y jurídicas de los gobernantes de turno, tal como sucedió hasta hace poco con el derecho a la salud que posteriormente fue considerado como un derecho constitucional fundamental y por tanto amparado con la acción de tutela que se estableció en favor de los ciudadanos ante una posible amenaza o vulneración de los derechos.
La aplicación y cumplimiento de los derechos han sido vulnerados con las políticas de carácter neoliberal que en el fondo tienden a desmontar los derechos amparados por el Estado Social y democrático de Derecho.
En Colombia la aplicación de los derechos Humanos no deja de ser más que una simple formalidad contenida en la Constitución, Convenios y pactos internacionales en lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad utilizado como instrumento de interpretación jurídica -política en la defensa de los intereses de trabajadores y ciudadanos en general.
La libertad e igualdad de derechos de todos los ciudadanos se convirtió en una manera de formalizar la desigualdad social y económica de los trabajadores. A pesar de que el Estado se considera garante de los derechos de los colombianos, les da un tratamiento diferente a quienes pertenecen a una clase privilegiada frente a otros que no poseen dicha calidad. Así, por ejemplo, en tratándose de la prestación del servicio de salud existe gran diferencia en cuanto a la forma y manera de garantizar este derecho de una manera oportuna y eficiente respecto de los afiliados al régimen subsidiado en comparación con los que se prestan al régimen contributivo. Servicios que sin embargo se deterioraron con el paso del tiempo en medio de la crisis del sistema de salud en general y que el gobierno del presidente Petro no ha podido resolver para garantizar plenamente la prestación de dicho servicio.
Lo anterior es más evidente, en tratándose de la prestación de este servicio esencial a los usuarios (pacientes) que tienen medicina prepagada o planes complementarios pagando por este servicio sumas mensuales elevadas frente a quienes no gozan de este beneficio debido a su condición económica o social.
En la actualidad los afiliados de ambos regímenes en salud no son atendidos regularmente ni les suministran los medicamentos ordenados, agudizándose la crisis del sistema.
Otro tanto se presenta con la situación que viven los colombianos que no tienen un trabajo estable y duradero y se ven arrojados de sus puestos de trabajo no obstante que en la Constitución y en diversos acuerdos y tratados se dice que empleadores y trabajadores son iguales en derechos y obligaciones, lo cual no impide su despido en cualquier momento, lo que conduce a que el trabajador se vea obligado a vender su fuerza de trabajo a cualquier empleador incluso por debajo de las condiciones mínimas laborales.
En las condiciones de la sociedad capitalista la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa y en general el conjunto de los derechos y libertades individuales y colectivas de los ciudadanos son objeto de restricciones particularmente sí se trata de criticar las políticas de los gobernantes de turno que en muchos casos en uso de sus facultades constitucionales y legales se extralimitan en el ejercicio de las mismas o dejan de cumplir sus obligaciones tendientes a garantizar los derechos de los ciudadanos de la acción rapaz de los monopolios que en muchos casos no solo limitan la acción de sus competidores sino todo intento de las fuerzas democráticas y progresistas que se oponen a los abusos cometidos en contra de los ciudadanos.
La conducta asumida por los gobernantes de restringir el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos que luchan por la democracia, la paz, el progreso social y el bienestar general, carece de toda justificación política y moral frente a la cual prevalece el interés general sobre el particular o de clase en tanto que la restricción de la libertad de acción del ciudadano en cualquier tipo de sociedad no deja de ser más que un hecho que presupone de ciertas limitaciones aún en aquellas sociedades en donde imperan amplias garantías de los derechos y espacios de convivencia democrática, lo que por supuesto no puede ser utilizado para impedir la expresión libre del pensamiento, la crítica constructiva y en general el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales aún por fuera del marco jurídico político del Estado en tratándose de transformar las viejas y desuetas relaciones sociales y políticas en las que se empeñan mantener las clases dirigentes las que deben ser reemplazadas por otras acordes con las demandas y exigencias del pueblo como creador de la riqueza social y verdadero autor y actor de su destino histórico.
ADENDA: Próximamente se cumplirá un nuevo aniversario de la firma del acta de Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita el 10 de diciembre de 1948. En este trascendental documento se consigna el propósito inquebrantable de los gobiernos de los países de crear las condiciones necesarias e indispensables para resolver los conflictos que se suscitaren en el futuro dentro de un ambiente de paz, de seguridad, de prosperidad y de bienestar general a partir del reconocimiento y aplicación de los Derechos Humanos extensivos a todas las personas independientemente de su condición económica, política, social, cultural, racial, etc. Dichos propósitos sin embargo, se han malogrado en medio de la profundización de las contradicciones y conflictos sociales que con el paso del tiempo se agravaron aún mas comprometiendo el presente y el futuro de miles de hombres y mujeres, cuyos Derechos Humanos son objeto de violaciones y desafueros característicos de una sociedad en crisis con una clase dirigente que perdió su capacidad para garantizar el orden, la convivencia social, la paz y el respeto de los derechos y de la dignidad humana. Y de ahí que a las fuerzas democráticas y progresistas de todos los países no les quede otro camino que el de unirse, organizarse y realizar las acciones políticas y sociales encaminadas a superar dicho estado de cosas y crear las condiciones para construir una nueva realidad social ajena a los dogmatismos, radicalismos y populismos que han sumido a la sociedad en un letargo que paraliza las acciones de los individuos, clases y grupos sociales interesados en realizar los cambios que requiere la sociedad.
