La crisis de la Justicia se encuentra estrechamente ligada con la crisis de la democracia liberal que en los Estados Sociales de Derecho de los países capitalistas se traduce en la inoperancia del aparato judicial para resolver de manera oportuna y eficiente las controversias que se suscitan en el seno de la sociedad y que impiden que los ciudadanos accedan a los tribunales de justicia en razón de la pérdida del carácter social de este servicio esencial que en la actualidad resulta cada vez más costoso para los ciudadanos comunes y corrientes.

Por otra parte, con la vieja y desueta división del poder del Estado en sus tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial, no es posible garantizar la independencia de la Justicia, en tanto que el verdadero poder se encuentra concentrado y centralizado en cabeza del ejecutivo, que en muchos Estados posee la facultad de legislar extraordinariamente y de ejercer funciones judiciales a través de sus agentes en el gobierno; además de designar algunos de los magistrados que integran los altos tribunales de justicia. A la vez que es menester señalar que las leyes aplicadas por los jueces en lo fundamental expresan los intereses de las clases dirigentes, en torno, por ejemplo, a la defensa a los derechos de la propiedad privada, la libre competencia, la libertad de explotar económicamente el trabajo sobre los cuales se erigen los derechos y libertades del ciudadano a quien el Estado capitalista es presentado como garante de sus intereses, mientras que en la práctica social se da un tratamiento desigual frente a otros ciudadanos pertenecientes a una clase privilegiada.

Y de ahí que el principio según el cual todos somos iguales ante la ley consagrado en la Constitución de los Estados de Derecho, se traduzca en la realidad en una simple formalización de la igualdad de los desiguales.

Ahora bien, aunque en algunos Estados capitalistas los ciudadanos participan de la escogencia de ciertos jueces, su elección se encuentra en términos generales mediatizada por la politiquería, en tanto que los que resultan elegidos por el voto popular dependen en lo fundamental de sus promotores y organizaciones políticas, circunstancia esta que hace que dichos servidores públicos no sean una garantía de independencia e imparcialidad a la hora de emitir sus providencias judiciales.

Por otra parte, los métodos utilizados para obtener la confesión del implicado en conductas delictuosas, se ha convertido en una prueba fehaciente a la que acuden agentes de la policía y fiscales para desembarazarse cuanto antes  de la obligación de investigar las  causas  y motivos que llevan al individuo a infringir la ley, circunstancia generalizada y que en ciertos casos se convierte en un recurso para encubrir los autores intelectuales de los delitos, particularmente tratándose de conductas relacionadas con el narcotráfico, el contrabando de armas, la prostitución infantil, el lavado de activos, etc., los cuales en muchos casos quedan en la impunidad.

A lo anterior se suma el trato discriminatorio que se produce por parte de algunos jueces y fiscales respecto de determinados ciudadanos pertenecientes a diferentes clases y grupos sociales, étnicos, raciales, políticos, etc., a quienes no se les brindan las garantías constitucionales y legales de acceder a una justicia imparcial e independiente.

Estos aspectos tratados en forma general hacen parte del acervo de hechos y circunstancias que han llevado a profundizar la crisis de la justicia no solo desde el punto de vista cuantitativo con una oferta cada vez menor a la creciente demanda social sino cualitativa ya que  la calidad de este servicio deja mucho que desear a partir de la práctica de una justicia ideologizada y politizada, comprometida en  muchos casos con la defensa del interés particular disfrazado de interés general y amparado con la creación de precedentes judiciales con los cuales se sustituye el imperio de la ley.

Nuestro país no es ajeno a la crisis que se vive en la rama de la justicia, no solo en torno a su funcionamiento y manejo administrativo sino en cuanto a su eficiencia no obstante los cambios introducidos para mejorar su calidad y operatividad para cada una de sus ramas y especialidades. En nuestro caso es lamentable que exista una impunidad del 90% respecto de los casos que se adelantan en la rama penal. Igualmente es deplorable que, en las ramas del derecho civil, laboral, de familia, administrativo, las decisiones de los jueces tarden años sin que se produzcan las providencias.

En diferentes épocas se han tomado algunas medidas para resolver los graves problemas de la justicia tales como aumentar el número de juzgados o cambiar la jurisdicción de los procesos o creando jueces adjuntos; lo cual muy poco ha contribuido a descongestionar los despachos judiciales y a cumplir con una pronta y oportuna justicia.

Paradójicamente en Colombia existen dos clases de justicia: una para los integrantes de las clases y sectores más pudientes de la sociedad, encargada de tramitar sus controversias en las centros de conciliación y arbitraje de las cámaras de comercio y otra que se aplica a los ciudadanos comunes y corrientes o usuarios como los denomina la ley estatutaria de la justicia que se imparte en medio de las lujosas edificaciones de los denominados palacios de justicia que hoy se encuentran prácticamente vacíos en la medida en que se ha impuesto la justicia virtual con los avances de las nuevas tecnologías que contribuyen conjuntamente con otros factores a que este servicio público haya descartado el principio de la gratuidad de la justicia a cargo del Estado.

Entretanto el gobierno del presidente Petro se propone presentar un proyecto de ley de reforma de la justicia dando lugar a la inveterada tradición de introducir cambios que en el pasado muy poco contribuyeron a la efectividad de aquello de contar con “una pronta y cumplida justicia” y que en la actualidad demanda de un cambio estructural y funcional, para lo cual es necesario hacer un análisis integral en torno a las causas y circunstancias que determinan la crisis, siendo indispensable contar con la participación de los colegios de abogados en la discusión de las propuestas que contiene la reforma que como hemos sostenido en otras columnas, no se puede convertir en un fin en si mismo sino en un medio para avanzar en la creación de una justicia más equitativa y oportuna en favor de todos los ciudadanos.

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social