Cambios en materia económica y política

Para algunos sectores económicos y políticos del país, Colombia demanda de un “timonazo decisivo” para lograr superar la encrucijada en la que se encuentra, siendo necesario e indispensable implementar una serie de reformas estructurales encaminadas a priorizar un modelo de crecimiento y de desarrollo económico y social sostenible en el tiempo, mediante el cual sea posible erradicar los problemas que hoy impiden avanzar por la senda del progreso y de la prosperidad.

Este discurso obedece en buena parte a que dichos sectores económicos y sociales consideran que la economía del país no puede fundamentarse en los resultados que arroja el consumo de los hogares y en la importación de toda clase de productos, bienes y servicios, que por lo demás en este último caso, nos han convertido en un país dependiente de la economía de otros países, mientras tanto, muy poco se hace para desarrollar la producción industrial acorde con las nuevas tecnologías y la aplicación de la digitalización y la inteligencia artificial en general para producir mejores y mayores empleos y condiciones económicas y sociales para los colombianos en materia de educación, salud, seguridad y por supuesto, conseguir un incremento sustancial de la productividad del trabajo con el fin de mejorar los ingresos de los pequeños y medianos propietarios que constituyen el 90% del total de la producción de mercancías que se ofrecen en el mercado nacional.

Esta hoja de ruta demanda según se dice, de un nuevo modelo económico y político y no de la simple voluntad del gobierno de turno tal como así lo creen algunos dirigentes gremiales, que reducen la estabilidad económica a la existencia de reglas claras que inspiren confianza desde el punto de vista por ejemplo, de la seguridad jurídica para realizar los negocios, además de un tratamiento tributario que no imponga cargas fiscales excesivas que afecten sus ganancias, particularmente para un puñado de empresarios convertidos en grandes capitalistas que concentran y centralizan todo el poder, imponiendo los precios de los bienes que ofrecen en los mercados de venta. En tanto, cooptar el poder del Estado en connivencia con algunos gobernantes de turno a través de las denominadas alianzas público privadas para realizar diversos programas en materia de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, de vivienda, etc., se convirtió en tendencia a todos los niveles del Estado.

Algunos gremios como la ANDI aspiran a que el próximo gobierno ajuste las políticas en diversas ramas de la economía, por ejemplo, en asuntos energéticos con ocasión del debate en torno a la transición de las economías fósiles a las renovables o, a la recuperación del colapso de las EPS privadas, a la liberación de las tasas de interés y a la flexibilización del crédito empresarial, además de fortalecer la presencia de las organizaciones económicas y sociales, garantizando la presencia de las instituciones estatales en todo el territorio nacional. Solo así, según se dicen se podrán enfrentar los desafíos que hoy comprometen las instituciones y el desarrollo económico y social.

Este discurso no constituye más que una forma aparente y superficial de analizar la situación que afecta al país y con la cual se descarta toda posibilidad de tratar a fondo las verdaderas causas que generan las crisis por las cuales atraviesa la Nación en momentos en que la sociedad colombiana vive una situación de profunda confrontación política como consecuencia de las contradicciones y conflictos sociales que comprometen su presente y futuro.

Lo cierto es que la situación que afronta el país es de vieja data y por tanto, no hay que adjudicarle los problemas simplemente al actual gobierno que ilusamente ha pretendido resolverlos introduciendo algunos cambios de carácter reivindicativo en favor de los trabajadores y en general de los sectores más vulnerables de la sociedad, haciendo caso omiso de la realidad en donde lo que es posible o no de realizar, en la práctica social no depende de los deseos ni de la voluntad política del gobierno, en tanto no existan las condiciones necesarias concretas y objetivas para lograr el buen suceso del cambio social, las cuales deben ser reales y no simplemente formales (Constitucionales y legales),

ADENDA: La participación directa del Estado en la economía del país constituye uno de los aspectos decisivos para el cambio y la transformación de las condiciones necesarias e indispensables para garantizar los derechos de los ciudadanos y la prosperidad general acorde con lo establecido en la Constitución Política de Colombia en lo correspondiente al cumplimiento de los principios y fines del estado Social y Democrático de Derecho. Y de ahí que la determinación asumida por el gobierno del presidente Petro en el sentido de adquirir el 51% de las acciones de la Nueva EPS es una medida importante, compartiendo de esta manera  con el sector privado la dirección, administración, control de los asuntos relacionados con la prestación de los servicios de salud, lo cual contribuirá a fortalecer y desarrollar dichos servicios más allá de las pretensiones de convertirlo en un negocio rentable para beneficio de sus inversionistas nacionales y extranjeros, en tanto que de esta manera el Estado estará en condiciones de cumplir con su verdadera función social de garantizar el derecho fundamental a la Salud y preservarla de los riesgos que conllevan las acciones que se imponen en la economía de mercado en torno a los altos costos que se generan con los procedimientos, tratamientos y medicamentos tal como viene sucediendo en la actualidad en el país. Esta forma de capitalismo de Estado tan solo pretende limitar las tendencias especulativas y la obtención de ganancias exorbitantes por parte del capital privado contrarias al interés general de los colombianos en tratándose en este caso de la defensa del derecho fundamental a la salud. Con el propósito de darle un carácter descentralizado a este modelo empresarial de capitalismo, consideramos necesario abrir la posibilidad de constituir empresas mixtas regionales o departamentales, además de garantizar el derecho democrático de participación de las organizaciones sociales en su conformación, control y vigilancia de las operaciones y servicios que deben prestarse atendiendo los principios de eficacia, economía, moralidad, eficiencia y de colaboración oportuna y segura entre los diferentes entes estatales.