Son varias las obras de infraestructura a cargo de la Nación que no se terminan dentro de los plazos que tienen los gobiernos y en especial del que preside Gustavo Petro, no obstante los compromisos adquiridos para su ejecución. Además, no solo es el gobierno nacional quien incumple con la realización de obras sino los gobiernos locales y regionales, lo cual viene sucediendo en Cali y en el Valle del Cauca desde varios años atrás. Obras que, sin duda alguna, afectaron el desarrollo económico y social del país y la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca.
Desde luego que la responsabilidad por la no ejecución de las obras no corresponde únicamente a los gobiernos de turno, en tanto que gran parte de la responsabilidad le cabe a todos aquellos gobiernos y organizaciones empresariales que no cumplieron a cabalidad con sus compromisos dentro de los plazos acordados en los pliegos licitatorios. En este caso se trata de la ejecución de obras prioritarias que no se iniciaron o no se terminaron, generando grandes sobrecostos para los ciudadanos tal como sucedió por ejemplo, con la construcción de las 21 mega obras y del canal de aducción de la planta de San Antonio en Cali, obra ésta que lleva varios años de proyectada, al igual que varios proyectos de reconstrucción de las redes de acueducto y alcantarillado en diferentes barrios de la ciudad, como de la no modernización de la planta de depuración de residuos sólidos PTAR.
En cuanto a los proyectos de obras para el Valle del Cauca que se encuentran en vilo por el silencio o la negativa de ejecutarse, distintos al tren de cercanías, está la demora injustificada para sacar avante la nueva concesión del aeropuerto Bonilla Aragón del terminal de Palmaseca, mientras que el gobierno departamental y los gremios temen que la operación aeroportuaria continúe en manos de la Aerocivil, lo cual privaría al sector privado de su manejo y operación, en tanto que Palmira dejaría de recibir el porcentaje que le corresponde por dicha operación.
Existe preocupación con la demora del gobierno nacional de realizar el dragado del canal de acceso del puerto de Buenaventura, circunstancia esta que afecta su competitividad para albergar a buques de mayor calado y así poder competir con otros puertos de la región Pacífica.
Por otra parte, la vía Mulaló-Loboguerrero considerada por la Contraloría General de la Nación como uno de los elefantes blancos, se encuentra paralizada, sometida inicialmente a la tramitología a fin de lograr la correspondiente licencia ambiental y el permiso para el uso de más de 100 hectáreas de la reserva forestal por parte del Ministerio del Medio Ambiente y del desarrollo sostenible. Mientras tanto, con la demanda interpuesta por Covimar contra la ANI en un tribunal de arbitramento, el contrato que para el 2022 alcanzaba los casi 2.5 billones de pesos, se incrementó en 1.9 billones de pesos en medio del desarrollo del proceso arbitral durante casi 9 años.
Ha llegado el momento en que los caleños y Vallecaucanos exijan responsabilidades de quienes han tenido en sus manos el control y manejo de estos asuntos de interés público no solo en la ciudad de Cali sino del departamento del Valle del Cauca. En este caso, no solo se trata de exigirles responsabilidades a los gobiernos del orden nacional sino local y regional como también a las denominadas “fuerzas vivas” integradas entre otros, por la Cámara Colombiana de la Construcción, las bancadas parlamentarias del Valle, diputados y concejales que también son responsables en la medida en que colocan por encima de los intereses generales sus intereses de clase, partido o movimiento político, perjudicando de esta manera al conjunto de los caleños y vallecaucanos.
Las responsabilidades exigidas demandan de un control social sobre las obras pero también sobre las políticas gubernamentales revestidas de acuerdos con limitados sectores que por lo general corresponden a los mismos que durante décadas han manejado los resortes de la política local, las decisiones estatales y la vida de los ciudadanos con la imposición de su visión de país y de ciudad y que ha mostrado lo equivocado de aquellas decisiones gubernamentales que agravaron los problemas existentes de vieja data, además de generar nuevas problemáticas derivadas de actividades ilegales y de una economía basada en los servicios, profundizando las desigualdades sociales.
Limitarles el derecho a los caleños de participar con debates, análisis, estudios, reflexiones y sobre todo, para decidir la política pública de infraestructura en función del interés general, es abrir el paso a la corrupción, cercenando la democracia participativa y con ello propiciar el desvío de los recursos públicos en obras suntuarias y no prioritarias, que no contribuyen a resolver los graves problemas que padecen la comunidad caleña y vallecaucana, como a promover su bienestar general que constituye un imperativo constitucional consagrado como uno de los principios del Estado Social de Derecho,
El caso de las obras reclamadas al actual gobierno nacional exige una evaluación desapasionada y objetiva de la gestión pública realizada durante la vigencia de la Constitución Política de 1991 y de todas aquellas decisiones asumidas por alcaldes, gobernadores y corporaciones públicas de Cali y del Valle del Cauca.
ADENDA: Mientras que el alcalde Eder invierte los recursos del presupuesto distrital en el embellecimiento de algunas calles motivado por la idea de transformar a Cali en un gran centro turístico y de diversión a propósito de la realización de la Feria de Cali, la ciudad se encuentra completamente deteriorada, particularmente el centro y sus vías aledañas como la calle 9 entre carreras 15 y 14, por la cual se desplazan los automóviles, motos y buses padrones y alimentadores del Mio, en medio de gran cantidad de huecos que diariamente generan accidentes de tránsito y daños a los vehículos que se “atascan” en dichos cráteres y por los que tendrá que responder pecuniariamente el Distrito Especial ya que los conductores no pueden asumir los costos de la ineficiente gestión de la administración central.
Cuándo será que el alcalde Eder atienda el clamor ciudadano sobre la recuperación de la malla vial en el sector de San Bosco y demás vías del centro, afectando la movilidad y el transporte regular de Cali
