Propuesta de aumento del SM del 26%, enciende alarmas laborales y económicas.
El anuncio del Ministro del Interior sobre la posibilidad de que el salario mínimo en Colombia aumente hasta $1,8 millones en 2025, un incremento cercano al 26% frente al salario actual, ha generado preocupación en sectores económicos, empresariales y académicos. Aunque la intención política parece orientada a elevar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, la medida podría convertirse en una gran carga para el empleo formal, la productividad y la inversión, en un país cuya economía crecerá apenas alrededor del 2,5% en 2025, según proyecciones independientes.
Colombia es una economía pequeña y abierta, con una productividad laboral estancada y con una brecha informal que supera el 55% de la fuerza laboral en las principales ciudades. Un salto tan abrupto del salario mínimo no se traduce necesariamente en progreso social, sino que podría convertirse en una bomba de tiempo para el mercado laboral. El incremento no estaría respaldado por mejoras reales en productividad ni por un dinamismo económico que permita absorber los mayores costos laborales; por el contrario, podría profundizar la recesión del empleo formal, empujar empresas a la informalidad o incentivar despidos y automatización temprana.
No es la primera vez que el gobierno envía señales de improvisación en materia salarial. Recientemente se había insinuado un aumento del orden del 11%, cifra ya considerada elevada frente a la inflación proyectada para 2025. Una cifra del 26% supera ampliamente cualquier parámetro técnico, incluso aquellos utilizados en negociaciones salariales históricas entre empresarios y sindicatos. El aumento del mínimo debe basarse en estudios rigurosos sobre productividad, inflación y crecimiento; sin embargo, el tono político ha primado sobre la sustentabilidad económica.
A esto se suma el impacto de la reforma laboral aprobada por el Congreso, la cual según advertencias del Banco de la República aumentará los costos de contratación entre 3,2% y 10,7%, y podría destruir cerca de 450.000 empleos formales en tres años. En un escenario donde los costos laborales ya se encarecen, elevar el salario mínimo en más de una cuarta parte podría acelerar este proceso negativo.
La discusión, por tanto, no se reduce a un debate entre “ricos” y “pobres”, sino a un análisis de sostenibilidad, ¿es posible mejorar el ingreso de los trabajadores sin sacrificar la estabilidad del empleo formal? Países comparables en la región ajustan sus salarios con base en productividad y análisis sectoriales. En Colombia, la necesidad de proteger a los trabajadores es evidente, pero hacerlo sin criterio técnico puede agravar su vulnerabilidad.
El país requiere una estrategia integral, mejorar la productividad mediante educación y tecnología, estimular la inversión, reducir la informalidad. Un aumento salarial debe ser un avance social, no una señal de improvisación que termine afectando precisamente a quienes se busca beneficiar.
