La informalidad laboral como núcleo de la desigualdad y la crisis pensional
Colombia enfrenta en 2025 un problema estructural que condiciona su desarrollo social y económico: la persistencia de una alta informalidad laboral que afecta más de la mitad de su población ocupada. Esta realidad no es nueva, pero se ha convertido en el eje de la crisis pensional, el estancamiento de la productividad y la profundización de la desigualdad. El país sigue sin resolver la desconexión entre el mercado laboral y el derecho a una vejez digna. El Índice Global de Jubilación 2025 vuelve a ubicar a Colombia entre los últimos lugares del mundo en bienestar para la vejez, con un pobre 7% en bienestar material, lo que refleja que la mayoría de trabajadores no logran ahorrar lo suficiente durante su vida laboral para sostenerse cuando dejan de trabajar. Esto no es casualidad: la estructura del empleo en Colombia está construida sobre la informalidad como mecanismo de supervivencia, no sobre la formalización como garantía de derechos.
Las últimas cifras del DANE muestran que la informalidad laboral en el país se mantiene en 56,8%. En regiones como Cúcuta, Sincelejo y Riohacha, este indicador supera el 62%, lo que evidencia un mercado laboral fragmentado y desigual. En Cali, la informalidad alcanza el 53,1%, lo que demuestra que también las grandes ciudades enfrentan dificultades para integrar a sus trabajadores en el sistema formal. La situación es crítica para los jóvenes entre 18 y 28 años, cuya informalidad supera el 62%, y para las mujeres, con un 58,5%. En el campo, más del 80% de las personas trabajan sin acceso a protección social alguna. Estas cifras no solo describen un mercado laboral precario, sino un país donde el trabajo no asegura futuro.
La raíz del problema está en la estructura productiva. Más del 90% de las unidades económicas del país son microempresas, y en ellas el 84,8% de los trabajadores son informales. Esto significa que la economía colombiana se sostiene en iniciativas de baja escala, escaso capital y limitada productividad, lo que impide crear empleos formales de manera sostenible. Las reformas laborales y pensionales discutidas durante años han intentado modificar la cobertura de la protección social, pero no han transformado las condiciones del mercado laboral que producen la informalidad. Mientras tanto, miles de trabajadores construyen su vida económica sin cotizar, sin ahorro y sin posibilidad real de acceder a pensión.
Colombia no solo tiene un problema de empleo, sino de bienestar futuro. La mayoría de quienes hoy tienen entre 20 y 50 años no llegarán a la edad de jubilación con los requisitos de cotización exigidos. Esto proyecta un escenario donde la vejez no será financiada por el ahorro laboral, sino por la necesidad de seguir trabajando, por subsidios limitados del gobierno o por la dependencia de los hijos. El ciclo intergeneracional de cuidado se convierte así en una cadena de desigualdad, quienes no tuvieron ingreso suficiente no podrán garantizar bienestar a quienes vienen detrás.
En lugar de ver la informalidad como un hecho inevitable, es necesario asumirla como una decisión política y económica. Formalizar el empleo requiere reducir cargas laborales para las pequeñas empresas, modernizar la formación para el trabajo, facilitar la afiliación a seguridad social de trabajadores por cuenta propia y generar incentivos tributarios orientados a la contratación formal. El gobierno, las empresas y la sociedad deben entender que el empleo formal no es un lujo, sino la base de la cohesión social.
Colombia no podrá resolver la crisis pensional ni construir un futuro con equidad mientras la informalidad siga siendo la forma dominante de empleo. Es una tarea urgente y colectiva, implica pensar el desarrollo desde el trabajo digno, la estabilidad económica y la protección social como derechos y no como privilegios.
