La celebración del Día Mundial de las Ciudades, el principal evento global de urbanismo sostenible de Naciones Unidas en 2025, destaca los retos críticos que enfrentan Colombia y, en particular, Cali. El desarrollo económico y la modernización son lentas, observando un PIB per capita tercermundista de US 7.000 , la crisis habitacional muestra mayor preocupación . El déficit de vivienda y la expansión urbana desordenada evidencian la falta de planificación integral, generando desigualdad y precariedad social. Miles de familias viven en condiciones inadecuadas mientras avanzan proyectos inmobiliarios sin sostenibilidad ni equidad. Este encuentro internacional subraya la urgencia de políticas públicas eficaces que integren crecimiento urbano, protección social y participación ciudadana, promoviendo un desarrollo que sea inclusivo, sostenible y justo para todos.
El déficit de vivienda y la falta de planificación urbana revelan una crisis social profunda que los gobiernos nacionales y locales no han sabido enfrentar con eficacia. El reciente informe del Ministerio de Vivienda presenta un panorama crítico: el déficit urbano en Colombia asciende a 2.778.000 hogares, principalmente en los segmentos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Esta cifra revela una fractura estructural en la política social del país, que afecta directamente la calidad de vida, la salud y la estabilidad de millones de familias. Tanto el gobierno de Iván Duque como el de Gustavo Petro han implementado programas parciales que no logran mitigar las causas de fondo: el acceso desigual al suelo, la especulación inmobiliaria y la ausencia de planificación territorial integral.
Durante el gobierno de Duque, los subsidios y programas como “Mi Casa Ya” dinamizaron el mercado, pero no lograron resolver los problemas de informalidad urbana ni la falta de acceso real a vivienda digna para los sectores más pobres. Por su parte, el gobierno de Petro ha priorizado el enfoque de vivienda integral y sostenible, pero su ejecución se ha visto limitada por la falta de recursos y una burocracia ineficiente. En consecuencia, el déficit habitacional continúa creciendo, y con él, la brecha social entre quienes pueden comprar y quienes sobreviven en la marginalidad.
En Cali, esta crisis se expresa con particular gravedad. Las administraciones de Alejandro Éder, Jorge Iván Ospina II, Maurice Armitage y Rodrigo Guerrero han descuidado la política de vivienda social, concentrando sus esfuerzos en obras de infraestructura y eventos de ciudad, mientras miles de familias carecen de techo propio. No existen programas sostenidos de VIS o VIP que respondan a las necesidades reales de la población. Se estima que el déficit local supera las 100.000 unidades, especialmente en estratos 1, 2 y 3, donde maestros, policías y empleados públicos viven en arriendo o en condiciones precarias.
La falta de vivienda digna ha generado una crisis social silenciosa, con consecuencias directas sobre la convivencia, la seguridad y la cohesión comunitaria. Cali ha priorizado el desarrollo visible, pero ha descuidado el bienestar de sus habitantes. Esta contradicción se agrava con la expansión descontrolada de la ciudad hacia sus periferias, lo que ha creado una estructura urbana fragmentada y costosa de mantener.
Desde el norte, en zonas como Alto Menga, proliferan condominios de lujo y desarrollos informales en terrenos de ladera; en el occidente, Terrón Colorado evidencia el crecimiento precario de barrios populares; en el sur, Siloé y Meléndez siguen expandiéndose sin planificación; y en el oriente, el Distrito de Aguablanca se consolida como símbolo de la desigualdad urbana. Esta “Cali hinchada” crece más en extensión que en calidad, desbordando los límites del perímetro urbano y comprometiendo la sostenibilidad ambiental y económica de la ciudad.
La expansión periférica descontrolada genera altos costos para Emcali y para la administración local, que debe extender servicios públicos a zonas no planificadas, afectando la eficiencia y la equidad. El crecimiento urbano debería orientarse hacia la densificación equilibrada, la recuperación de predios subutilizados y la creación de vivienda asequible dentro del perímetro legal, pero los intereses económicos y la falta de liderazgo han frenado esta transformación.
Frente a este panorama, Cali debe retomar una política seria de lotes con servicios, una estrategia que en el pasado permitió que miles de familias accedieran a terrenos legales con infraestructura básica y posibilidad de autoconstrucción progresiva. Esta medida ayudaría a frenar la ocupación informal y reducir los costos sociales y financieros del desorden urbano. Sin embargo, su éxito dependerá de una gestión libre de corrupción y de una coordinación efectiva entre el Estado y el sector privado.
El gobierno nacional, por su parte, tiene la responsabilidad de establecer programas de vivienda pública ejemplares que sirvan como modelo para el país. No se trata solo de construir casas, sino de generar comunidades integradas, sostenibles y seguras. El actual déficit habitacional no puede verse como una cifra técnica, sino como una herida social que limita las oportunidades de millones de colombianos.
La vivienda es el punto de partida de la equidad. Sin ella, no hay educación estable, salud preventiva ni cohesión familiar. El reto para Cali y para Colombia es asumir esta realidad con decisión política y visión social. La planeación urbana debe dejar de ser una tarea secundaria y convertirse en una prioridad estratégica. Solo así se podrá construir un país más justo, donde cada familia tenga el derecho efectivo a un hogar digno, en una ciudad ordenada, humana y sostenible.
