Aunque el tema de la inseguridad en Cali no constituye un hecho casual, su desbordamiento con más de 20 homicidios en los dos últimos fines de semana, ha generado gran consternación en la comunidad caleña, a la vez que el Concejo Distrital ha convocó a sesiones especiales de control político para tratar este tema con las autoridades del ramo encargadas del control y manejo de las políticas en seguridad. Igualmente se invitó al rector de la Universidad del Valle y a los pequeños y medianos comerciantes especialmente de gastrobares y restaurantes, de determinados sectores de la ciudad.
No obstante que el debate fue importante y revelador de las condiciones y circunstancias que comprenden esta problemática de la inseguridad en la ciudad, muy poco o nada se ha profundizado en sus verdaderas causas y motivaciones que conducen a que la inseguridad crezca y se extienda como una forma parasitaria mediante la cual se acumula poder económico y político con el cual se viene avasallando a toda la sociedad caleña.
Dicha situación es cada vez más determinante en la ciudad en la medida en que las organizaciones criminales que manejan el negocio del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de armas, la trata de personas, etc., convirtieron a la ciudad de Cali en el centro de su actividad ilícita, que se desarrolla con la pasividad de algunas funcionarios y de grupos de interés individuales, asociados a los grandes negocios, al lavado de activos y a la realización de proyectos urbanísticos en la ciudad y aledaños.
A lo anterior se suma el peso que tiene el aumento de la delincuencia común con una variedad de delitos que van desde el hurto callejero, el robo de motos, la extorsión, hasta el homicidio motivado por venganzas, ajustes de cuentas, además del feminicidio que ha aumentado en la ciudad y que en su conjunto contribuyen al aumento de los problemas que las autoridades deben afrontar en general.
Los anteriores hechos delictuosos condujeron a que las medidas que se toman por parte de las autoridades muy poco o nada contribuyan a resolver los problemas generados por la inseguridad que reina en la ciudad y a la posibilidad de control y manejo de esta situación más allá de la aplicación de ciertos procedimientos de contención del accionar de los criminales que de cierta manera han puesto en jaque a las autoridades caleñas.
El desafío que tienen las autoridades de la ciudad de garantizar la vida, honra y bienes de los caleños no es un asunto menor y por tanto su deber es el de garantizar un estado de cosas que permita a los caleños disfrutar de sus derechos y libertades dentro de los marcos de la Constitución, la ley.
No obstante los esfuerzos de las autoridades en la lucha contra las bandas organizadas de delincuentes, se advierte una gran improvisación en el manejo y dirección de la política de seguridad que por lo demás no tiene continuidad en el tiempo y en el espacio, en tanto que las autoridades carecen de los recursos suficientes para atender las necesidades que se requieren para combatir el crimen en la ciudad.
Por otra parte, la lucha contra las grandes bandas organizadas de delincuentes, demandan de una política general que debe operar a nivel nacional y en general atendiendo las necesidades que se presentan en las regiones en donde además actúan organizaciones internacionales de delincuentes que se apropiaron del control y el manejo de la seguridad de los ciudadanos.
A pesar de que el Concejo Distrital aprobó el acuerdo 0581 de 2024 “por el cual se adopta la política pública de seguridad, Justicia y Convivencia ciudadana del Distrito Santiago de Cali 2024-2033“, en donde se fijan los parámetros de las políticas de seguridad para aplicar en la ciudad a la cual hizo referencia el secretario de seguridad en su intervención en la corporación edilicia, lo cierto es que los pocos resultados de dicha política terminaron diluyéndose en medio de una realidad que no encaja con los objetivos y propósitos consignados en el citado acuerdo y en la que no es posible resolver las contradicciones y conflictos sociales únicamente mediante el diálogo civilizado, la educación y la invitación a vivir en paz y en convivencia en medio de una sociedad como la caleña atravesada por la violencia social y política y la que imponen las mafias organizadas de delincuentes que utilizan a los caleños que se dejan seducir del dinero fácil para desarrollar actividades contrarias a la ley en una sociedad la cual se han perdido los valores fundamentales de la convivencia y del trabajo honrado y el Estado no representa ni defiende el interés general por encima del particular.
