La incursión de la delincuencia en la política en el Valle del Cauca no es algo nuevo ni obedece a circunstancias casuales. Por el contrario, dicho fenómeno se convirtió en una constante desde tiempo atrás en que los denominados carteles del narcotráfico y del contrabando de mercancías sentaron sus reales en varias ciudades del Norte del Valle y en la capital del departamento.
Esta circunstancia les permite no solo estructurar sus negocios ilícitos sino adquirir un inmenso poder político relacionado con el manejo de los asuntos públicos y multiplicar sus ganancias que les permite comprar la conciencia de algunos funcionarios públicos, sectores económicos y sociales que terminan asociándose con dichos capos de la mafia tradicionales y emergentes.
Dicha constante hace parte de una tendencia que se extiende a varios niveles de una sociedad que atraviesa por una época de crisis general, económica, política y social, caracterizada por una gran concentración y centralización de la riqueza social y del poder político, vinculada con negocios lícitos e ilícitos con los cuales se identifican los delincuentes de cuello blanco y los capos invisibles que participan en distinta forma en la economía, el lavado de activos y su legalización posterior.
Su injerencia en los asuntos de la vida pública, les ha permitido igualmente influir en los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial -POT- de los municipios, particularmente en aquellas zonas de interés para sus negocios relacionados con actividades urbanísticas de construcción de grandes edificios y complejos habitacionales, bodegas, centros comerciales, etc., a través de los cuales realizan cuantiosas inversiones de capital cuya procedencia se legitima posteriormente en el mercado inmobiliario.
Y de ahí la necesidad de estrechar los vínculos entre la delincuencia y la política que se ejerce desde el poder del Estado por aquellos funcionarios corruptos al servicio de la creciente y boyante economía ilegal.
Un ejemplo claro y evidente de estos hechos lo constituye lo que sucede en la actualidad en ciudades como Jamundí y Tuluá en donde la delincuencia organizada del narcotráfico ha venido gozando de ventajas y privilegios al tener acceso a la contratación pública de obras, tal como sucede con el jefe de la banda La Inmaculada dirigida por el delincuente conocido con el alias de “Pipe Tuluá” y de quien el alcalde de dicha ciudad manifiesta: “la Inmaculada tuvo en el pasado presencia en la administración municipal de manera directa con personas al interior en el manejo de dependencias”.
La lucha contra la delincuencia y su injerencia en la vida política no es un asunto menor inherente a una sociedad en donde algunos de sus dirigentes pertenecen a una clase en descomposición y algunos de sus miembros se asocian con la delincuencia en contra de los intereses de los ciudadanos, del principio de legalidad y de la moral pública.
La depuración de la política se convierte en una tarea cardinal de las fuerzas democráticas y progresistas que tienen el deber moral de contribuir al saneamiento de la política, lo cual es posible adelantar, contando para ello con el concurso y participación de los ciudadanos interesados en rescatar la política del yugo de la delincuencia.
ADENDA: La información aparecida en la edición de El País correspondiente al 6 de junio-2025 en el sentido de que los barrios Arboleda, Santa Teresita, Santa Rita en el oeste, constituyen un baluarte turístico que es aprovechado por hoteles y hospedajes, dadas sus condiciones naturales, paisajísticas y de conectividad con el centro de la ciudad y de otros elementos o factores naturales, debe llamar la atención a las autoridades distritales encabezadas por el alcalde Eder para no se desnaturalice el carácter de área residencial de dichos sectores con las graves consecuencias que implica la destrucción de la propia identidad de los barrios tal como sucedió con los barrios Granada y San Antonio
