El gobierno nacional en su desmedido afán de equilibrar el presupuesto desfinanciado del año 2026 presentó una reforma tributaria para su estudio al Congreso. Es quizás el proyecto más ambicioso de la historia con el cual se esperaría recaudar aproximadamente $ 26 billones anuales.
Sin embargo, el tinte ideológico detrás del articulado presentado por el Ministerio de Hacienda, está alejado totalmente de la realidad del país. En vez de estimular el crecimiento económico basado en el sector productivo y el empleo formal, la pretensión impacta directamente la economía familiar disminuyendo su capacidad adquisitiva, lo cual conlleva la contracción del consumo de bienes y servicios. Ampliar la base tributaria con cargo a la canasta familiar es totalmente regresivo.
No estimular la economía y el empleo formal es la garrafal equivocación.
Sencillamente el 45% de la población formalizada económicamente debe soportar no solamente el restante 55% de la población que demanda bienes y servicios que provee el Estado, sino contribuir con el despilfarro y derroche de un gobierno totalmente equivocado e irresponsable de distribución equitativa y equilibrada entre ingresos y excesivos gastos en abultada, ineficaz e ineficiente burocracia.
Los registros que requieren el eficiente recaudo son complejos y las autoridades de control rentístico han mostrado total incapacidad de su función abriendo boquetes de corrupción a doquier.
Pero quizás lo más perjudicial de la pretendida reforma es el impacto a las rentas departamentales. Desde la época colonial, las rentas provenientes del “vicio”; licores, tabaco y juegos, han sido la base que sustenta la independencia fiscal de las regiones.
Gravar, a favor del componente nacional, dichos bienes, seguramente conlleva, por el aumento del valor de estos, la contracción del consumo. Adicionalmente estimularía la fabricación de licores adulterados, contrabando de licores importados y derivados del tabaco, el fortalecimiento del “carrusel” de licores nacionales, favoreciendo las economías clandestinas del narcotráfico, que con facilidad llegan al canal minorista.
La percepción de inestabilidad jurídica genera fuga de capitales y en muchos casos la desindustrialización, en búsqueda de mejores y más estables condiciones en otros países donde tienen operaciones fabriles y comerciales, impactando el empleo formal colombiano.
La reforma tributaria no tiene ni pies ni cabeza. El desgobierno Petro ha mostrado hasta la saciedad seguir cabalgando entre nubarrones de penumbras de su fracasada ideología con discursos de odio, resentimiento, como un eterno candidato que no se dio cuenta que había sido elegido para gobernar.
Nuevamente se pondrán a prueba la serenidad y equilibrio de los integrantes del Congreso que no pueden dar la espalda a su caudal electoral que los llevó a ser sus dignos representantes.
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
