El gran problema que viven los habitantes de Cali relacionado con la creciente inseguridad, no se podrá enfrentar con el simple aumento de la fuerza pública y la instalación de cámaras de foto detección, que si bien es cierto ayudan a prevenir la comisión de algunos delitos en contra de los caleños, no son suficientes para detectar en tiempo real la escalada de inseguridad que crece en la ciudad, la cual ha rebasado las posibilidades de las autoridades de combatirla eficientemente como lo quisieran los caleños que reclaman permanentemente su protección y fortalecimiento de la seguridad, pero que a su vez se sienten desplazados y amenazados por el crimen organizado y la delincuencia común.
El alcalde de Cali en reiteradas ocasiones exige del gobierno nacional mayores recursos que tan solo llegan a la ciudad a cuenta gotas, sin que con ello se pueda afrontar en la práctica la violencia desatada por la delincuencia, ligada indirectamente con los cambios que se han operado en la población migrante y con el crecimiento urbanístico anárquico, que han traído a la ciudad un aumento de la informalidad laboral y pobreza contribuyendo a aumentar la desigualdad económica y social entre las clases y grupos sociales que integran la sociedad caleña.
Las cifras oficiales rebelan un crecimiento inusitado de homicidios, extorsiones y robos, no solo en determinados sectores de la ciudad sino en medio de las calles y avenidas sin que exista la posibilidad de detener a sus autores que cuentan, además, con los recursos para evadir la acción policial y de la propia administración de justicia.
La pérdida del monopolio de la fuerza pública no es un asunto causal ni obedece simplemente a la escasez de recursos para combatir la delincuencia. El desbordamiento de la inseguridad viene igualmente determinado por la existencia de una serie de factores como la minería ilegal, el lavado de dinero y el narcotráfico a partir del crecimiento de los cultivos ilícitos en varios municipios cercanos a la ciudad de Cali, en donde los narcotraficantes han sentado sus reales y ejercido su poder y dominación en dichos territorios en donde se ramifican para efectos de comercializar la coca, marihuana y otros alucinógenos, conformando para ello diversas redes de distribución integradas fundamentalmente por adolescentes y sectores vulnerables con lo cual se deterioran aún más las condiciones de seguridad de la ciudad.
Para algunos analistas la solución de este problema conlleva un gran desafío que tiene que ver sencillamente con la recuperación financiera y la información suficiente para perseguir el delito, además de la tecnología y la participación de la fuerza pública sumada al respaldo institucional de los caleños; además de la necesidad de la erradicación manual de los cultivos y la persecución de los capitales de las mafias del narcotráfico y de sus testaferros, etc.
Por lo demás, se dice que la incautación de toneladas de alucinógenos no deja de ser más que un índice estadístico que solo demuestra una parte de la solución de los problemas que se deben emprender en su momento ante el crecimiento desbordado de los cultivos en varias regiones del país; en tanto que las negociaciones y los diálogos que se adelantan con los narcotraficantes a quienes se les ofrecen beneficios, no conducen ni conducirán a erradicar este flagelo que finalmente ha encontrado soluciones parciales y transitorias con la legalización de las drogas en varios países de Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que por supuesto genera otros problemas quizás más difíciles de resolver y que cada vez contribuyen a deteriorar la salud de las personas que viven en una sociedad caracterizada por un capitalismo en decadencia con unas clases dirigentes parasitarias que perdieron su capacidad de liderazgo y de decisión sobre el presente y futuro de los colombianos y en particular de los caleños que padecen los rigores de la violencia y de la inseguridad.
