El sur occidente colombiano fue objeto de coordinado accionar de grupos al margen de la ley, mal llamados “disidencias”. No pueden considerarse como tal a quienes no aceptaron la propuesta de paz del gobierno del presidente Santos, y aun consideran merecen otro proceso. Pese a ingentes esfuerzos del actual gobierno con su programa “Paz Total”, la realidad es que todos estos grupos armados defienden la territorialidad de las vastas zonas cultivadas en hoja de coca, y sus corredores de tránsito hacia mercados externos.
El reciente informe de las Naciones Unidas (junio 2025), estima el país concentra el 67% de la producción global de hoja de coca con incremento en la producción del alcaloide en un 34%.
Ante esta realidad se observa un fortalecimiento del tráfico ilícito de cocaína y las devastadoras consecuencias de la guerra territorialidad que afecta los vecinos departamentos de Nariño y Cauca, llegando a las goteras de Cali en Jamundí.
Es lógico suponer los grupos narcoterroristas pretenden desestabilizar las fuerzas del orden público atacando las instalaciones institucionales de la Policía Nacional y Ejercito. En los recientes hechos del 10 de junio en Cali, fueron objeto de actos criminales las estaciones de Policía de Meléndez, Los Mangos y Manuela Beltrán.
Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Cali, bloqueó preventivamente las vias aledañas a las diferentes estaciones de Policía de la ciudad. Sin embargo, después de tres semanas del insuceso, muchas de esas vías aún siguen cerradas mediante barricadas con maletines plásticos rojos.
Si bien se reconoce la intención preventiva, también la Secretaría de Movilidad, es responsable del buen uso de la infraestructura vial y no puede permitir que esta situación obstaculice el normal desarrollo del flujo de tráfico.
Después de más de un año del atentado a la Tercera Brigada en el sur de la ciudad, la Calle 5, entre las Carreras 80 y 90, aun restringe el tráfico del tercer carril en sentido norte-sur. Por seguro, sí se trata de un nuevo ataque al cantón militar utilizarían drones o como ocurrió hace unos años alquilarían residencias cercanas y desde ahí accionarían contra las instalaciones.
El CAI de Ciudad Jardín, igualmente barricado, está generando un singular caos vehicular, replicado en decenas de otras estaciones de policía, restringiendo el flujo automotor.
El código de tránsito autoriza a la autoridad competente el cierre de vías, pero igualmente defiende el uso vial ciudadano. Algunos juristas consideran los cierres alcanzan niveles de abuso de autoridad y en defensa ciudadana propondrían acciones legales.
No se trata de llevar el tema ante estrados judiciales. Debe la Secretaría de Movilidad ejercer con lógica y articulación con las fuerzas de seguridad planes contingentes que permitan acceder a un tráfico vehicular regulado.
Las acciones delincuenciales no se frenan barricando las vías. Se frenan con organismos de probada información, logística e inteligencia. La Secretaría de Movilidad es responsable del buen uso vial de la ciudad y debe permitir otras Secretarías de Despacho realicen su trabajo de seguridad ciudadana y no extralimitar sus funciones.
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
