Los datos más recientes del DANE para el trimestre agosto–octubre de 2025 confirman una realidad social alarmante: Colombia combina una tasa de informalidad del 55,4 % con un desempleo nacional cercano al 8,2 %, lo que significa que una proporción mayoritaria de la población económicamente activa se encuentra o sin trabajo o trabajando sin derechos. Esta doble condición revela una falla estructural del modelo laboral: el país no solo es incapaz de generar empleo suficiente, sino que, cuando lo hace, lo produce mayoritariamente sin protección social, sin estabilidad, sin pensión, sin cesantías y sin horizonte de movilidad social. El mercado laboral colombiano no está resolviendo la pobreza: la está administrando.
La dimensión territorial agrava esta crisis. En ciudades como Sincelejo, donde la informalidad alcanza 68,8 % y el desempleo reciente se ubica por encima del 12 %, el resultado es devastador: ocho de cada diez ciudadanos están desempleados o sobreviven en la informalidad. En Valledupar, con 64,7 % de informalidad y desempleo urbano también por encima del promedio nacional (alrededor del 10 %), la economía local funciona sin red de seguridad social. Cúcuta, con 62,7 % de informalidad y una tasa de desempleo cercana o superior al 10 %, combina precariedad laboral con debilidad productiva estructural. En Cali, aunque la informalidad es menor en comparación (46,3 %), el desempleo urbano reciente se mueve alrededor del promedio nacional, lo que implica que más de la mitad de los caleños en edad de trabajar están desempleados o en empleos sin protección plena. La suma social —no aritmética, sino real— es una mayoría urbana viviendo sin garantías laborales.
Este escenario constituye una grave derrota social del Estado colombiano y del gobierno Petro, que prometió dignificar el trabajo pero no logró transformar la estructura productiva ni laboral del país. La reducción parcial del desempleo no se tradujo en empleo digno, y la informalidad se consolidó como el verdadero “colchón” del sistema económico. Colombia enfrenta una crisis de ciudadanía laboral: millones de personas existen por fuera del sistema de derechos, cotizan poco o nada, envejecen sin pensión y enfrentan cualquier crisis —enfermedad, vejez, recesión— en absoluta vulnerabilidad. No es solo un problema económico; es un problema democrático. Un país donde la mayoría trabaja sin derechos es un país con cohesión social frágil, desigualdad persistente y futuro comprometido.
