En Cali, la tierra se constituyó en un factor real de poder desde el arribo de los colonizadores españoles. Existe un amplio acervo probatorio, que sustentan copiosas investigaciones historiográficas en las que se evidencia cómo, en nombre de la corona española, se reclamó la propiedad de los territorios habitados colectivamente por las comunidades indígenas durante milenios en América. El despojo de estos territorios, que inició hace casi cinco siglos, fue el cimiento de la constitución de las élites políticas y económicas aposentadas en la región. Este poder se consolidó mediante la acumulación de vastas extensiones de tierras entregadas como mercedes, las cuales fueron configurando progresivamente la estructura socioeconómica de las haciendas de abolengo.
Durante casi tres siglos de dominio colonial, se instauró un orden social diseñado para preservar el statu quo de quienes acaparaban tierras, ya fuera mediante concesiones de la Corona o por autotitulación. Este último mecanismo, muy común hacia mediados del siglo XIX, fue reseñado por Miguel Joaquín Bosh, quien escribió: “los hacendados de las inmediaciones comenzaron a cercar todas las tierras que el pueblo poseía, reduciendo a callejones las inmensas llanuras”. Incluso describe cómo Don Rafael Caicedo, con pistola al cinto, prohibió el paso hacia el río Cauca y comenzó a cobrar peaje, lo que desató la protesta del zurriago, extendida entre 1848 y 1851. Al concluir este periodo, el pueblo logró recuperar el acceso al río por dicho camino.
En Crónicas del Cali Viejo, Andrés J. Lenin relata sobre un episodio similar ocurrido en 1893: “De aquí surgió la pugna que formó conciencia de la defensa de las tierras procomunales; y este fue el origen del pueblo contra ricos detentores, que encerraron tierras pertenecientes al procomún..” La apropiación indebida de tierras por parte de los patricios provocó intensos conflictos y revueltas desde el siglo XVIII, impulsadas por comunidades que reclamaban esos territorios como ejidales o comunales.
El poder de los herederos de la hacienda colonial fue omnipresente en la consolidación del proceso de urbanización de Cali durante el siglo XX. A medida que la ciudad se expandía por el crecimiento poblacional, las tierras suburbanas —para ese entonces improductivas— comenzaron a urbanizarse. Este proceso, marcado por la especulación inmobiliaria, generó una significativa plusvalía en favor de los terratenientes.
Entre las haciendas que incrementaron las fortunas de sus propietarios por dar paso a la urbe se encuentran: Meléndez, Cañaveralejo, La Esmeralda, El Limonar, Cañasgordas, La Fortaleza, El Guabito, San Luis, La Flora y Menga. Las familias dueñas de estas propiedades pertenecían a los linajes Eder-Méndez, Garcés-Giraldo, Córdoba-Garcés, Garcés-Valencia, Vásquez-Domínguez, Caicedo, entre otros, familias que han ostentado el poder económico y político de Cali y el Valle del Cauca, por más de 115 años.
Tierras rurales pasaron a ser urbanas , con una plusvalía gigante, que hoy podría configurar un “enriquecimiento ilícito”, por el escaso valor de avaluo catastral rural , el bajo avaluo con el nuevo urbanismo y el alto valor de la tierra vendida, en proyectos propios o asociados con urbanizadores . Ver casos de Ciudad Jardin con Cuellar Serrano Gomez en la década de los 70s, o constructora Melendez con Ingenio I, II, II, etc , o constructora Salomia o urbanizadora / constructora VIPASA ( Viviendas panamericanas SA ).
El proceso de captura de renta derivado de la urbanización de Cali continuó institucionalizándose a inicios del siglo XXI con la implementación de los instrumentos de planeación territorial, formalizados por la Ley 388 de 1997. Así, el poder originado en el acaparamiento de la tierra quedó reflejado desde el primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 069 del año 2000 ( alcalde Ricardo Cobo ) . Esta disposición legal reglamentó la continuidad del proceso urbanizador en vacíos urbanos (lotes de engorde), áreas de expansión y zonas de renovación urbana. Los terrenos de las antiguas haciendas dieron paso a planes parciales de iniciativa privada, muchos de ellos impulsados por los mismos propietarios originales de la tierra, quienes diversificaron sus actividades económicas hacia los sectores financiero, inmobiliario y de construcción de vivienda.
De esta manera, en el año 2003, la familia Eder-Méndez obtuvo la aprobación del Plan Parcial Menga para urbanizar las tierras de su propiedad (ver Mapa 1), a través de su empresa Urbanización Menga Ltda. Previamente, en el año 2001, la familia Garcés-Giraldo, mediante su empresa constructora Meléndez, logró la aprobación del Plan Parcial Meléndez sobre un área de expansión de la ciudad, en ambos casos conservando los nombres de sus antiguas haciendas.
Vino el POT del 2014, sancionado el acuerdo No 373 en el 2014, que sirvió para meter al área urbana otras tierras, falta la investigación histórica, el porque el alcalde Rodrigo Guerrero se declaró impedido y que familiares se beneficiaron con el acuerdo, que 9 años después se nulitó , por la designación indebida de la alcaldesa adhoc , Y falta escrutar , el como y porque en Pance, aparecieron edificios de 4, 5 pisos, también de 10 y 20 pisos, sin agua, sin alcantarillado y sin andenes?.
Y derivado de lo anterior, en el 2015, la familia Carvajal-Sinisterra y otros gestionaron el Plan Parcial Zonamérica en el corredor Cali–Jamundí (ver Mapa 2), manejando la plusvalía ya existente; para que luego el alcalde Armitage , fuera influenciado para comprometer la ampliación de un pedazo de la via Cali – Jamundi, ayudando a Zonamerica y olvidando, la via Circunvalar, ya decretada y pagada, Av Circunvalar , que le servia a la ciudad, a los corregimientos de La Buitrera y Pance, más las comunas 18, 20 y 22, más la 19 , la 17, y la 3.
Estos ejemplos evidencian que, en lo corrido del siglo XXI, las familias prestantes de la ciudad y la región continúan afianzando su poder basado en el histórico acaparamiento de tierras, apoyadas además por la instrumentalización del Estado. Como lo señala el maestro Jacques Aprile-Gniset: “Cali sigue siendo una hacienda con ciudad propia y cabildo incluido.”
