El estatismo es un concepto de la politología moderna que significa la injerencia del Estado en la vida económica y política de los países, contrario al concepto de la no intervención que caracterizó al régimen capitalista del pasado, al amparo de la teoría del “laissez faire” (dejar hacer) en la economía, que finalmente con el desarrollo de la producción, del conocimiento científico y de las nuevas tecnologías fue necesario sustituirlo para adaptar el sistema a las nuevas demandas del desarrollo que en tiempos de la globalización haya tomado relevancia, particularmente en esta etapa de declive del régimen capitalista caracterizada por profundas crisis económicas, con índices de crecimiento cada vez más bajos desde el punto de vista económico y social y un aumento del parasitismo de sus clases dirigentes, que viene generando un proceso de descomposición a todos los niveles de la vida de la sociedad, que de cierta forma rebasa las posibilidades de solución de los problemas que aquejan al régimen en su totalidad.
El surgimiento de la nueva forma de capitalismo significa una reducción en principio de la libre empresa como consecuencia de la concentración y centralización de los procesos de producción y del sometimiento de los capitalistas menos fuertes a los designios del gran capital monopolista de Estado existente en los países del mundo globalizado.
En este sentido, la intervención del Estado pasa a limitar la libertad de acción de los pequeños y medianos capitalistas e incluso de aquellos que no hacen parte de los grandes monopolios ligados estructuralmente con el poder del Estado.
Por otra parte, que en tratándose de la libertad de acción de los monopolios que abusan de su posición dominante en el mercado, dicha libertad debe ser restringida por el Estado, a la vez que aquella que ejercen las fuerzas democráticas y progresistas en contra de la explotación económica del trabajo, la discriminación social y de género y la exclusión política en todas sus formas y manifestaciones, no debe ser restringida en ningún caso y menos aún cuando se trata de las denuncias que se hacen contra las operaciones económicas y financieras de carácter fraudulento que realizan los monopolios capitalistas, que bien pueden calificarse como actos antisociales que rechaza la comunidad, la cual demanda de la intervención del Estado.
Ahora bien, la concepción del Estado intervencionista, estatista, también se ha extendido en varios países en vías de desarrollo o con un desarrollo económico medio en donde según se dice “el Estado es la única organización” capaz de impulsar el crecimiento y desarrollo económico y social, además de garantizar la unidad política y soberana de la nación y de fortalecer la autonomía e independencia de los países.
No obstante, la experiencia práctica e histórica demuestra que con la intervención del Estado se han generado grandes inconvenientes, no solo desde el punto de vista político con la concentración y centralización del poder en cabeza de determinados sectores de la clase dirigente sino en relación con el surgimiento de diversos problemas relacionados por ejemplo, con el aumento de la burocracia, la deuda pública y el gasto social, aspectos estos que los partidarios del estatismo justifican como algo necesario e indispensable para el buen funcionamiento del Estado y la conservación del orden económico, político y social.
En la actualidad existe una línea intermedia que combina algunos aspectos atinentes al intervencionismo de Estado con los métodos y procedimientos relacionados con las concepciones neoliberales de libre mercado. Así las cosas, se dice que para conjurar las crisis económicas y financieras del sistema capitalista es necesaria la intervención del Estado con recursos del presupuesto e incluso limitando la acción de los monopolios y financiando las quiebras de las empresas privadas e interviniendo en la regulación de la economía de los países.
Con todo y la aplicación de esta línea intermedia, es evidente el fracaso de ambas concepciones ideológicas y políticas particularmente en nuestro país Colombia, en donde los gobiernos de estirpe liberal, conservadora, de centro o los llamados progresistas, ni siquiera han logrado hacer realidad los principios y fines del denominado Estado Social y Democrático de Derecho en torno a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y el bienestar y prosperidad general en igualdad de condiciones para todos los colombianos, según se desprende de nuestra Constitución Política reformada más de 55 veces por actos legislativos, sin que con ello se hayan logrado los objetivos propuestos en la Carta Magna a partir de las concepciones estatistas o neoliberales que han regido en el país indistintamente, a la vez que se multiplican y profundizan las contradicciones y conflictos sociales, en medio del reformismo, el populismo, la demagogia y la corrupción.
