La moderna concepción científica del cambio social se fundamenta en el principio universal del movimiento y la mutación de las condiciones de existencia y desarrollo de la sociedad desde el punto de vista económico, político, social, ambiental, cultural, etc.; proceso que se abre paso a través de la lucha social contra las diferentes concepciones reformistas, populistas y demagógicas, que en el fondo se oponen al verdadero cambio que requiere la sociedad.
Para entender dicho proceso es necesario tener en cuenta que el desarrollo de la sociedad se realiza en medio de una serie de hechos y circunstancias contradictorias que están entrelazadas unas con otras, con la particularidad de que en algunos momentos pueden surgir nuevos hechos que cambian las condiciones del devenir histórico de la sociedad.
En virtud de estas circunstancias es factible que se puedan presentar condiciones que inicialmente hacen posible la creación de ciertos objetivos y fines sociales pero que con el paso del tiempo chocan con la realidad que ofrece la vida misma, lo cual no depende de los deseos ni de la voluntad de las personas, ni de la política de los gobernantes de turno tal como viene sucediendo con el proceso de paz total del presidente Petro, como tampoco de los grupos armados de la insurgencia o de las bandas de delincuentes que se apropiaron de vastos territorios en el país.
En lo anterior juega un papel esencial la concepción ideológica y política como la organización de las fuerzas democráticas y progresistas comprometidas con el proceso de paz, lo que presupone realizar rigurosamente las tareas convenidas con las masas para desarrollar la lucha por su cumplimiento.
Y de ahí la necesidad de escoger el camino correcto para convertir la paz en una realidad acorde con las condiciones concretas y objetivas, las cuales deben manifestarse generando un clima propicio para hacer realidad el proceso de la paz, ya que de lo contrario se produce un grave daño a dicho proceso al escoger equivocadamente las vías para convertirla en una realidad palpitante que permita retomar el control por parte del Estado y de la institucionalidad.
En este sentido, el conocimiento y experiencia de otros procesos deben servirle al gobierno para avanzar en el cambio social y por la paz de Colombia con miras a pactar con las diferentes fuerzas un verdadero cese bilateral del fuego tal como lo solicitan amplios sectores de la población que consideran que este asunto es esencial para conseguir los objetivos y fines del Estado Social y Democrático de Derecho acorde con los intereses y necesidades económicas, políticas y sociales del pueblo colombiano.
Desde luego que la posibilidad del cambio social y del proceso de paz no pueden surgir de las políticas reformistas de estirpe neoliberal, que en el fondo tienden a reforzar el régimen existente y conseguir de esta manera el apaciguamiento y alejamiento de la población en general de la lucha social y política que lideran campesinos, indígenas, afrocolombianos, pequeños y medianos propietarios de tierras y demás sectores populares y medios de la población, que claman por un verdadero cambio social con paz estable y duradera y en condiciones de igualdad y de justicia social en torno a la creación y distribución de la riqueza producto del trabajo de millones de colombianos y su participación en la vida económica, política y social del país.
La Constitución de 1991 fue producto de una sociedad en crisis que aún no ha logrado superar dicha situación, agravada con la violación permanente de los derechos y libertades de los ciudadanos, la profundización de la desigualdad económica y social y la imposibilidad hasta el momento de afianzar la paz y la seguridad.
Las alternativas de solución de los problemas a partir de la aprobación de un sinnúmero de reformas, no ha permitido la estabilidad del orden jurídico constitucional. En tanto se impone el deber del pueblo de exigir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, encargada de diseñar una “Constitución real”, que pueda ser utilizada como instrumento eficaz para construir una verdadera democracia económica, política y social con la cual se ponga fin a la explotación económica del trabajo, la discriminación social y de género y la exclusión política de los ciudadanos de participar en la dirección, administración y control de los asuntos del Estado y de la sociedad.
