Con gran despliegue en los medios de comunicación tal como es usual en esta administración, se firmó el ACTA de constitución del área metropolitana presentándola como un logro que permitirá “trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos” , conformada con municipios de dos departamentos que son vecinos: Valle y Cauca, frases emocionales y efectistas para el mandatario que no permiten a los ciudadanos la discusión amplia de lo que significa el concepto de integración en términos de bienestar general, de trabajo digno, de ordenamiento del territorio, de los servicios esenciales que demanda la comunidad en la región, de la protección y recuperación de la biodiversidad en el área del Parque Nacional Los Farallones, la reserva forestal y de protección, ni los costos que demanda la inversión con los 32 proyectos de infraestructura que se propone adelantar el burgomaestre, los cuales se financiarán supuestamente con el empréstito por 3.5 billones que le aprobó el Concejo Distrital .
La convocatoria al Concejo Distrital a sesiones extras durante 16 días para aprobar seis proyectos de acuerdo entre otros la modificación al estatuto tributario, al presupuesto distrital de la actual vigencia, más que un ejercicio propio de las funciones del alcalde constituye un acto de extra limitación del poder que desconoce y vulnera la Constitución Política en especial el Estado Social y Democrático de Derecho imponiéndose su autoridad por encima de la voluntad del pueblo soberano.
¿Cómo pueden los concejales abordar el estudio de los proyectos de acuerdo sin conocer previamente el contenido del Acta de Constitución del AMSO que atenta contra los principios de transparencia de lo público?.
Además de lo antidemocrático del asunto, con todas las obras que pretende realizar el super gobernante, nos preguntamos ¿podrá solucionar y mejorar la calidad de vida a los habitantes de Jamundí y de Puerto Tejada sin agravar la de los caleños ya de por sí muy crítica?
Ningún gobernante ni el actual con casi un año en el ejercicio de su cargo, pudieron solucionar el flagelo de la inseguridad en Cali que tiene varias causas y a la que le dan tratamiento policial. Con estaciones de policía y mayor fuerza policial en las calles no se solucionará ni disminuirá la grave problemática de violencia en Jamundí.
La necesidad de un transporte y movilidad ágil no puede llevar al burgomaestre caleño a tomar la decisión como acaba de hacerlo, de autorizar el ingreso del transporte intermunicipal entre Cali-Jamundí-Puerto Tejada-Santander de Quilichao y Popayán utilizando la calle 5 que tiene doble característica: a) vía arteria a la que confluyen las principales vías como las autopistas Simón Bolívar, Sur oriental; la avenida Pasoancho, la prolongación de la avenida Roosevelt, y b) troncal con estaciones para uso exclusivo del MIO que por decisión da del alcalde Eder permitió que el transporte intermunicipal utilice dicha vía bastante congestionada sin que exista un estudio técnico de movilidad que permita la fluidez del tráfico automotor con las vías existentes; lo cual afectará el sistema de transporte MIO desde el punto de vista económico, financiero y operativo.
En cuanto a la salud es necesario que se construya cuanto antes la infraestructura necesaria e indispensable en Jamundí y en el Cauca con el fin de evitar en lo posible su traslado a la ciudad de Cali convertida en receptora de los servicios de salud de los habitantes de dichos municipios y de los departamentos del Cauca, Chocó, Putumayo y Nariño. Circunstancia que el alcalde Eder no ha previsto, para resolver de manera adecuada dicha problemática.
ADENDA: El espacio público, como lugar en los que su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito debe garantizarse a todas las personas en forma gratuita, se ha desnaturalizado en Cali y hoy se ha privatizado. Sitios como la plazoleta de la caleñidad, el bulevar del rio, etc., no deben ser objeto de negociación con los particulares para su uso y explotación económica, en tanto se trata de un derecho colectivo garantizado por la Constitución Política el cual viene siendo vulnerado con la ocupación permanente de negocios impidiendo la movilidad y locomoción de los ciudadanos por dichos lugares que ya no pueden circular libremente por estos espacios públicos.
ADENDA DOS: La peatonalización del centro de la ciudad ha generado toda clase de controversias en tanto que la misma demanda de un estudio, planificación y consulta a los ciudadanos y no simplemente con un grupo de comerciantes y vendedores ambulantes a quienes el Estado debe garantizarles su derecho al trabajo y a los ciudadanos el derecho a la movilidad por andenes, vías públicas, plazas, plazoletas.
