La convocatoria a sesiones extraordinarias del Concejo de Cali, desde una perspectiva materialista dialéctica y el análisis del Decreto 1143 de 2024, permite revelar contradicciones sistémicas; este enfoque, se busca desentrañar las dinámicas de intereses económicos, tensiones sociales y poder que este encierra.
Poder local y política fiscal, contradicciones
La convocatoria del alcalde Alejandro Eder es una manifestación concreta de la lucha de intereses dentro de la estructura estatal. En esencia, el decreto concentra la iniciativa en el ejecutivo local, evidenciando un desequilibrio en la balanza de poder. Mientras el Concejo tiene la tarea de debatir y aprobar proyectos, su margen de acción está claramente delimitado por las prioridades del ejecutivo, que son dictadas por urgencias políticas y económicas.
Desde la perspectiva materialista, esta relación no es casual ni neutra, sino que refleja un contexto estructural en el que las decisiones políticas responden a intereses económicos específicos. Por ejemplo, el fortalecimiento financiero de la Empresa Distrital de Renovación Urbana (EDRU) muestra cómo se priorizan proyectos orientados a la infraestructura y al desarrollo urbano, que históricamente han beneficiado a sectores empresariales y de la construcción, mientras que las necesidades básicas de la población trabajadora de la Ciudad de Cali quedan relegadas.
Tensiones en el manejo presupuestal: lo inmediato frente a lo estructural
La inclusión de vigencias futuras y modificaciones al presupuesto general para 2024 pone en evidencia las tensiones inherentes a la administración pública local. Por un lado, estas medidas buscan dar respuesta a demandas sociales urgentes, como las relacionadas con bienestar social y desarrollo económico. Por otro, reflejan la dependencia estructural del municipio hacia mecanismos de financiamiento que hipotecan su capacidad fiscal futura.
Este doble movimiento —satisfacer necesidades inmediatas mientras se compromete el futuro— es un claro ejemplo de la contradicción entre las demandas sociales y las restricciones impuestas por un modelo económico basado en la acumulación capitalista. La prioridad de mantener la estabilidad financiera a menudo se traduce en mayores impuestos y una carga desproporcionada sobre la población caleña , lo que agudiza las desigualdades estructurales.
Centralización del poder y exclusión social
Aunque el modelo descentralizado busca otorgar mayor autonomía a los municipios, en la práctica, este poder sigue concentrado en manos de las élites políticas locales, representadas por el alcalde y su equipo de gobierno. Esta dinámica limita la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones y perpetúa un modelo jerárquico donde las prioridades son dictadas desde arriba. El proyecto 024, que modifica la estructura de la Oficina de Control Disciplinario Interno, se presenta como una medida “necesaria” para mejorar la eficacia y la transparencia en la gestión pública. Sin embargo, una mirada crítica revela que este tipo de reformas a menudo son utilizadas para fortalecer el control interno de las administraciones locales en función de los intereses del ejecutivo.
En lugar de promover una real independencia en los procesos disciplinarios, estas modificaciones frecuentemente derivan en estructuras burocráticas más complejas que diluyen responsabilidades y refuerzan dinámicas de control político. El riesgo reside en que la reforma se convierta en un mecanismo de cooptación institucional, limitando la capacidad de la Oficina para actuar de manera autónoma frente a posibles actos de corrupción o irregularidades. Así, se perpetúa la tensión entre el discurso de transparencia y la realidad de una administración centralizada y autorreferencial.
La aprobación de proyectos como la sobretasa ambiental para la CVC o las modificaciones al Estatuto Tributario son decisiones que, aunque pueden tener un impacto positivo en términos generales, no son el resultado de un proceso participativo amplio. Esto refuerza una desconexión entre las clases populares, quienes enfrentan las mayores cargas económicas, y las estructuras políticas que deberían representar sus intereses.
Impacto en las clases populares de la ciudad
Los incrementos tributarios y las reformas administrativas suelen beneficiar a sectores privilegiados o responder a intereses de corto plazo que no abordan las desigualdades estructurales de la ciudad. Mientras tanto, los costos sociales de estas decisiones recaen en las clases trabajadoras, quienes enfrentan mayores impuestos, servicios públicos limitados y una creciente precarización de sus condiciones de vida.
Reflexión final
El verdadero reto no es simplemente cuestionar las medidas adoptadas, sino plantear alternativas que trasciendan las limitaciones del modelo actual. Esto implica construir un modelo de gobernanza más democrático y equitativo, donde la participación popular sea central y las políticas públicas estén orientadas a satisfacer las necesidades colectivas, en lugar de perpetuar los privilegios de unos pocos.
