El ministro del interior Juan Fernando Cristo considera que ha llegado el momento de cambiar el sistema político electoral del país y para tal efecto es necesario introducirle una serie de reformas que incluyan por ejemplo la elaboración de listas cerradas, cambios en la estructura del Consejo Nacional Electoral y algunas otras medidas relacionadas con el funcionamiento de las campañas electorales, con lo cual se pretende fortalecer los procesos de democracia interna de los partidos y movimientos políticos, eliminando el voto preferente para la escogencia de los candidatos a las corporaciones públicas, además de garantizar la paridad de las mujeres en los comicios electorales.
Con base en la reforma se entraría a redefinir las personerías de los movimientos políticos que tendrán que demostrar que por lo menos cuentan con un porcentaje de afiliados correspondientes al 0.2% del censo electoral para poder concretar sus candidatos y participar en la competencia política que se libra durante el debate comicial.
Dicha reforma surge según palabras del ministro, como producto del estudio realizado por la misión electoral del 2016 que se ocupó del tema, en tanto que la actual se ha venido aplazando indefinidamente en el Congreso de la república, ya que el sistema que rige no funciona ni responde a los intereses y necesidades de los ciudadanos que cada determinado tiempo concurren a los centros de votación para elegir a sus representantes a los concejos, asambleas, congreso, alcaldías, gobernaciones y presidente de la república.
Ahora bien, algunas de las propuestas contenidas en el proyecto de reforma como la implementación de las listas cerradas, nos devuelve al pasado por lo que en su tiempo se denominó la “dictadura del bolígrafo”, mediante la cual el director del partido o movimiento político escogía a su antojo los candidatos para la elección a los cuerpos de representación popular, imprimiéndole de esta forma un carácter antidemocrático al proceso mismo de selección de los precandidatos que aspiraban a ocupar curules o cargos en el Estado. Es de anotar sin embargo que la Constitución de 1991 no solo abrió la posibilidad de crear nuevos partidos y movimientos políticos sino de crear un ambiente democrático en el seno de las organizaciones partidistas en torno a la libre elección de sus miembros a partir del ejercicio de la democracia interna. La cual no se cumple en estos casos en donde por el contrario, predomina el autoritarismo que restringe los derechos y libertades de los integrantes de las organizaciones políticas.
Paralelamente con esta situación, algunos de los nuevos partidos y movimientos políticos se han convertido en verdaderas empresas electorales, sin ideología ni estrategias definidas y en general al servicio de las viejas y nuevas estructuras políticas, interesadas en participar en la burocracia y en los contratos con el Estado, en lo que podría calificarse como un alejamiento del libre juego democrático, del pluralismo ideológico y político contrarios a las políticas de una elite que se impone por encima de las mayorías de miembros que integran las organizaciones políticas.
Por otra parte, la propuesta de que los integrantes del Consejo Nacional Electoral sean escogidos por los magistrados de las Altas Cortes, no garantiza que sus miembros actuarán de manera independiente de toda influencia política y menos aún tratándose de investigar y de juzgar hechos políticos y actores políticos.
La financiación estatal de las campañas electorales aunque en principio garantiza cierta igualdad de condiciones entre los partidos y movimientos políticos que participan en la lucha competitiva del poder del Estado, no impide para que ingresen de manera subrepticia dineros provenientes de toda clase de fuentes privadas nacionales y extranjeras, interesadas en financiar grandes proyectos y programas que en la actualidad se ejecutan a través de las denominadas alianzas público privadas en que el Estado se convierte en un apéndice del gran capital financiero que fluye en medio de las campañas electorales bajo diferentes formas y modalidades, propias de un régimen sustentado en una legitimidad y legalidad condicionadas por la lucha competitiva de las clases económica y políticamente dominantes en la sociedad.
Dada la correlación de fuerzas políticas existente en el congreso de la república en favor de los sectores políticos que tradicionalmente han aplazado cualquier intento de reforma en materia electoral, no vemos posible que en el futuro inmediato se aprueba dicho proyecto, aunque para el ministro del interior lo fundamental es avanzar en el debate electoral, que poco o nada contribuirá a democratizar la actividad política electoral que se vive en el país.
