En reciente entrevista al diario El Tiempo en su edición del 5 de septiembre, el director encargado del INVIMA manifestó que el desabastecimiento de las drogas en nuestro país se debe “a un fenómeno estructural en una economía de mercado”; y una de las razones para que esto ocurra obedece a “que la industria solo produce lo que vende y muchos medicamentos esenciales para la salud pública no generan suficiente interés comercial”. Por otra parte, -continúa el director del INVIMA- ”la otra razón que se tiene es la dificultad para obtener materias primas de calidad que vienen de países como China o la India, lo que puede causar una escasez general”; “dichos medicamentos llegan primero a los países que pagan mejor y más rápido”.. “expresando además desconfianza hacia los medicamentos genéricos”.
De las anteriores declaraciones se deduce que la crisis artificial del desabastecimiento de los medicamentos, particularmente de aquellos que se utilizan para el tratamiento de las enfermedades catastróficas e inmunes, ha sido creada por los monopolios farmacéuticos que compiten entre sí en los mercados de venta en donde se realiza su comercialización con miras a obtener mayores ganancias a costa de aquellos países y entidades que paguen el precio impuestos por dichos monopolios transnacionales del cual se lucra el gran capital financiero nacional e internacional.
Y de ahí las diferencias que se presentan en el abastecimiento de los medicamentos que el país demanda para atender a los pacientes, con las consecuencias derivadas de su comercialización, además de lo expresado por el director del INVIMA, en tanto que existe por lo menos la sospecha de que el desabastecimiento se presente particularmente en momentos en que se discute un nuevo proyecto de reforma a la salud que introduce cambios en la atención médica de los pacientes y del financiamiento de los medicamentos.
Desde luego que la solución al problema del desabastecimiento de los medicamentos no se resuelve simplemente atacando la corrupción en el sistema, en tanto que la tramitología para la obtención de las licencias de los medicamentos se dilata inexplicablemente en las oficinas de la superintendencia generando un gran retraso para su comercialización en el país. Sin restarle importancia a los anteriores asuntos, lo cierto es que mientras en nuestro país la prestación del servicio de salud que por lo demás es un derecho constitucional fundamental, constituya un negocio muy lucrativo para los monopolios financieros y su cadena de intermediarios, no será posible hacerlo efectivo en las condiciones de la sociedad capitalista ni evitar la acción espontánea y anárquica del mercado ni la competencia entre los monopolios de la salud que abusan de su posición dominante en el mercado, a pesar de la acción regulatoria que ejerce el Estado, que se diluye en medio de la rampante corrupción y de la tramitología existente que influye finalmente en la prestación oportuna y eficiente del servicio de salud.
Otro de los asuntos de esta columna se refiere a la situación que se presenta al interior del sector del transporte de carga, agravada con la decisión del gobierno nacional de reducir el subsidio al ACPM generándose con ello una parálisis del transporte en todo el territorio nacional.
A la vez que desde el gobierno del presidente Petro se afirma que dicha medida constituye un acto de responsabilidad nacional cuyas consecuencias hemos heredado de administraciones anteriores, produciéndose así un gran hueco fiscal que no puede cargársele al pueblo colombiano.
De acuerdo con los transportadores de carga, el empleo de las viejas tarifas de fletes, no solo deben ser ajustadas por el ministerio del ramo en relación con los costos del transporte sino incrementarlos de acuerdo con la realidad, en tanto que estos están afectando sus propias finanzas. Además deben tenerse en cuenta las características de la carga y de los vehículos que la transportan ya que en la actualidad los generadores de la carga pagan su transportación por debajo de los precios establecidos por el ministerio.
A lo anterior, se suman costos adicionales relacionados con diferentes factores internos y externos que en el momento no se tienen en cuenta en el valor de los fletes. Todos los costos originados como consecuencia del transporte de las mercancías, se traslada de manera directa o indirecta a los consumidores que son los que pagan los “platos rotos”.
Lo anterior además de generar un impacto en la economía y en el presupuesto de las familias de clase media y popular, particularmente en el caso del alza en los productos de la canasta familiar se desprende una enseñanza que debe ser tenida en cuenta por el gobierno que en vez de garantizar un diálogo abierto y democrático conforme se establece en el artículo 2 de la Constitución Política con el Estado Social de Derecho, se imponen de manera autoritaria decisiones que afectan directa o indirectamente no solo a los transportadores sino a la inmensa mayoría de ciudadanos que viven de su trabajo y aspiran a que las promesas del cambio no se conviertan en simples eufemismos mientras se manifiesta la violencia en sus diferentes formas y expresiones y la legalidad deja de regir en el país en contra de los intereses económicos, políticos y sociales del pueblo en general.
Los acuerdos derivados del acta de compromiso que se suscribió entre el gobierno y las base del transporte de carga y pasajeros y sus representantes, mediante los cuales se establece un incremento gradual del precio del ACPM y además se convocan una serie de mesas de trabajo para tratar diferentes asuntos atinentes a la situación que viven los trabajadores y pequeños propietarios del transporte de carga, aunque no deja de tener su mayor importancia esperamos que no se conviertan en una cortina de humo y lo que sería mas preocupante, una manera de justificar un nuevo paro del transporte.
