Después de varias entrevistas entre el gobierno del presidente Petro y los banqueros llegaron a un acuerdo mediante el cual y durante los próximos 18 meses se desembolsarían 55 billones adicionales para prestarlos a medianos y pequeños empresarios en inversiones de sectores estratégicos a juicio del gobierno entre otros a la vivienda, manufacturas, agricultura, economía popular y turismo.

De esta manera se produjo un viraje en la política de crédito del gobierno en lo que se conoce como el “pacto de crédito”; con la cual se sustituyó la política de inversiones forzosas que el gobierno pretendía radicar ante el congreso mediante un proyecto de ley, el cual fue objeto de críticas por parte de diversos sectores económicos y sociales del país, que posteriormente terminaron saludando el gesto del gobierno del “cambio” de llegar a un acuerdo en esta materia tan sensible para el sector financiero, constituyéndose -según algunos sectores de opinión- en un verdadero ejemplo de concertación público privada, que debe repetirse con otros programas a fin de lograr el tan anhelado “acuerdo nacional” del que habla el presidente Petro para resolver los graves problemas que aquejan a los colombianos.

No es improbable que en el inmediato futuro el gobierno del progresismo termine concertando otras iniciativas que han generado controversias, como sucede con los proyectos de ley en materia laboral y de creación de la jurisdicción agraria que se tramitan en las comisiones respectivas del congreso, particularmente en momentos en que es necesario reactivar cuanto antes la economía dentro de las lógicas y condiciones impuestas por el mercado capitalista, el cual debe impulsarse y asegurar para garantizar los créditos que se otorgarán a quienes los soliciten y que según los expertos “generarán confianza a los inversionistas y ahorradores”.

Así las cosas, se aspira a trasegar por el camino del diálogo, la concertación y el acuerdo nacional, con el objeto de “redefinir las relaciones entre el Estado y el sector privado” las cuales como se dijo, deben ser el producto del diálogo constructivo y concertado con el gobierno nacional.

La estrategia a seguir, consiste en que el gobierno se compromete a subsidiar la tasa de interés que se cobra por los préstamos que se otorgan provenientes del Fondo Nacional de Garantías, el cual está bien agenciado garantizándose en principio la idoneidad y la capacidad financiera para la asignación del crédito.

La idea de fortalecer las alianzas público privadas obedece en general al hecho indiscutible de multiplicar las relaciones económicas basadas en la propiedad privada y de resolver aunque sea parcialmente las contradicciones que se suscitan en el seno de la sociedad capitalista, con el fin de asegurar un ritmo estable y progresivo de la producción, distribución, comercialización y consumo de productos, bienes y servicios, especialmente en aquellos sectores económicos a los cuales se ha hecho referencia y se tiene especial interés de desarrollar por parte del gobierno, siendo indispensable contar con el crédito bancario a fin de estimular el crecimiento de la economía y de la mano del conocimiento científico y técnico que marcan una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo monopolista de Estado encargado de la administración de la política ligada con el gran negocio que permite en esta ocasión unir las voluntades de los banqueros y del gobierno del cambio, en aras de lograr la libertad y el bienestar general mas allá del imperio de las fuerzas ciegas del mercado, la anarquía y la competencia que ya no responden a las exigencias del desarrollo de la economía y de la moderna vida social.

El principal motivo de ese acuerdo es la ganancia asegurada en beneficio de los banqueros y respaldada con los recursos del presupuesto nacional que se nutren de los impuestos de los contribuyentes.

Veremos si el Estado de manera centralizada fija la tasa de interés, es decir, el precio del dinero que se presta para el cumplimiento del programa, además de asegurar con los subsidios, los compromisos adquiridos. Este nuevo pacto de crédito solo servirá para aliviar en parte las dificultades que se presentan en la práctica social, mediatizada en este caso con la politiquería y el clientelismo político que dirigen y manejan los integrantes de la coalición de gobierno.

El éxito del programa dependerá de la posibilidad real y concreta de lograr que la economía del país logre superar la desaceleración económica y los bajos índices de crecimiento y desarrollo económico que tiene sumida a la mayoría de la población colombiana en la pobreza y la desigualdad social.

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

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