En reciente entrevista realizada por Caracol radio al alcalde Alejandro Eder, éste manifestó que uno de sus mayores propósitos era actuar contra el flagelo de la inseguridad, ya que es necesario enfrentar el delito “con acciones contundentes contra los criminales”.; manifestación esta que coincide con las observaciones que aparecen en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo sobre el Plan de Desarrollo de Cali, presentado al Concejo Distrital.

Para lo anterior y con el propósito de preservar a la juventud, el alcalde manifiesta que implementará una nueva estrategia “de prevención social” de la violencia, la cual se materializará con la creación de cien mil puestos de trabajo, el aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas, en tanto que se pondrá en marcha el programa de “Cali bilingüe”. Además de aprovechar ciertas ventajas en materia turística con el acceso de servicios médicos (estéticos y odontológicos) con la posibilidad de tener acceso y salida de mercancías por medios portuarios y aéreos.

Todo este discurso grandilocuente plagado de toda clase de ofrecimientos y promesas, tiende en el fondo a convertir el problema de la inseguridad que se vive en la ciudad de Cali y que compromete a nuestra juventud con el delito, en una combinación de factores cuya influencia o determinación depende del valor que se le asigne a cada uno de ellos por separado en concordancia con los cambios que se operan en la vida social.

A toda esta visión propia de una concepción idealista y subjetiva de la realidad que posee el alcalde Eder, se suma el propósito ideológico y político de influir en la conciencia de los ciudadanos caleños en torno a un determinado orden social que conviene a ciertos grupos de interés que influyen en el gobierno de la ciudad.

Siendo la inseguridad un fenómeno social arraigado en las condiciones económico materiales, político-sociales y culturales-espirituales de la sociedad caleña, la construcción de una nueva realidad social no debe concebirse como un simple propósito o como una mera posibilidad formal, ya que su viabilidad no depende de la voluntad del gobernante de turno o del conjunto de ciudadanos caleños que no podrían construir a su antojo una nueva ciudad o por encargo de nadie, lo cual no significa que no se pueda actuar conforme a los intereses comunes de la población y escoger las formas de acción para lograr los objetivos en determinadas condiciones y circunstancias y con las cuales se puedan romper los límites que bordean las viejas relaciones sociales de la actual sociedad capitalista, las cuales podrán sustituirse por otras mas justas y equitativas ligadas con el progreso social y el bienestar general y la paz, en tanto que las autoridades deben garantizar en el futuro la mejor forma de satisfacer las necesidades de los ciudadanos caleños desde el punto de vista material y espiritual.

ADENDA:

Con la declaratoria de NULIDAD del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2014 por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, debe revisarse de fondo el Plan de Desarrollo que se tramita en el Concejo Distrital.

La decisión del tribunal ha generado dudas e incertidumbres además de pretender dilatar el trámite judicial con la finalidad de lograr la aprobación del Plan de Desarrollo 2024-2027 a fines de este mes.

De manera URGENTE la ciudad necesita un nuevo Plan de ordenamiento Territorial porque el POT de 2000 tiene totalmente vencidos sus plazos pare revisión lo que implica formular un nuevo POT.

En cuanto a las licencias y Planes Parciales aprobados bajo el acuerdo anulado, al igual que pagos realizados por plusvalía, etc., por expresa disposición legal continúan vigentes.

La situación con el POT del año 2000 en cuanto a la vigencia de largo plazo con su contenido estructural, se encuentra vencida porque sobrepasó los tres períodos constitucionales de la administración municipal.

Esta nulidad se constituye en una oportunidad para que entre todos los caleños se  elabore un nuevo POT planteando una nueva visión de ciudad acorde con la organización del territorio, su desarrollo y mejoramiento, el cual lamentablemente ha sido ocupado de manera desordenada y anárquica generándose con ello un cúmulo de problemas de carácter urbanístico en materia de movilidad, destrucción del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y de las fuentes hídricas que nutren los acueductos de la ciudad. Tanto el POT inicial -acuerdo 069 de 2000-, como el de 2014 promovieron y permitieron un uso del suelo inequitativo e irracional, no se protegió el patrimonio localizado en el territorio, no se ejecutaron acciones urbanísticas eficientes, y no estuvieron debidamente armonizados con la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo ni con la ley que crea el sistema Nacional Ambiental.

En todo caso, es imperativo que el alcalde construya con los caleños el nuevo POT para presentarle al Concejo Distrital porque así lo dispone la ley 388/97.

Desde la Veeduría que representamos invitamos a todos los ciudadanos caleños a hacerse presentes y exigir del Concejo Distrital y del alcalde Eder se les garantice la participación democrática en la construcción de un nuevo plan de ordenamiento territorial acorde con los objetivos establecidos en la Constitución Política; el Plan Nacional de Desarrollo; el Sistema Nacional Ambiental, la ley 388/97 en lo que no choque con las normas constitucionales.

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social