Profundización de la crisis del sistema de salud

Con el hundimiento del proyecto de reforma del sistema de salud en la comisión séptima del senado de la república, se profundizó la crisis en el sector sin que pueda superarse con la intervención que el gobierno está llevando a cabo, inicialmente con las empresas prestadoras de servicios -EPS- SÁNITAS y luego con la NUEVA EPS.

En este caso, son los usuarios y pacientes los que a la postre resultan más perjudicados, especialmente los que en la actualidad reciben tratamientos para enfermedades como el cáncer, ELA, Parkinson, Alzhaimer, diabetes, enfermedades huérfanas, etc; además de no disponer de ingresos mensuales que les permita acceder a planes complementarios en salud o a la medicina prepagada, que tienen costos muy elevados.

Ahora bien, los diferentes gobiernos a partir de 1994 tienen su cuota de responsabilidad en tanto no lograron acordar con las EPS los ajustes necesarios para garantizar el pago que dichas empresas reciben por cada afiliado -UPC-, además de los saldos adeudados por concepto de los denominados presupuestos máximos, generándose con ello situaciones de insolvencia y déficit financieros; circunstancias que según la contraloría condujo a que de las 26 EPS que actualmente operan, 15 de ellas no cumplan con los indicadores de liquidez ni de solvencia económica.

La derrota política que sufrió el gobierno con el hundimiento de su reforma bandera, dejó a la población colombiana sin reforma y con una intervención que muy poco contribuirá a resolver los graves problemas que afronta el sistema de salud convertido en buena medida en un negocio lucrativo en manos de particulares conforme lo estableció la Constitución de 1991 aprobada por las fuerzas políticas tradicionales y por el M-19 que en ese momento era la fuerza mayoritaria en la Asamblea Nacional Constituyente.

La posibilidad de avanzar con la aprobación de una reforma progresista y democrática se diluye en medio de la intransigencia de un sector del congreso de la república y de la actitud autoritaria del presidente Petro quien con posterioridad al hundimiento de la reforma manifestó que, al no ser posible la transición tranquila de la reforma con las modificaciones introducidas por el congreso, ahora se procedería con una transición de “golpe”, para lo cual asumiría sus funciones constitucionales para “reordenar el sistema de salud del país”.

Dicha función se lleva a cabo a través de la superintendencia de salud, que antes y después de hundirse la reforma viene interviniendo las EPS de manera sistemática. La pregunta que debemos hacernos es si este es el mejor camino para avanzar con la necesaria reforma a la salud y con la cual se sustituye en la práctica el poder legislativo del congreso de la república y con ello el principio de la división de poderes como consecuencia de la concentración y centralización del poder en cabeza del ejecutivo que caracteriza -el presidencialismo como expresión única e imprescindible del poder realizado en el marco de una democracia igualmente en crisis.

En las actuales condiciones de vida de la sociedad colombiana y más concretamente después de convenirse que Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho, es imprescindible que el debate político y social sobre la salud deba realizarse con la participación de los ciudadanos que constituyen el centro de cualquier reforma que se adelante en el país en el marco de la Constitución y de la ley y en defensa del interés general de todos los colombianos, más allá de considerar que las reformas no constituyen un fin en si mismo sino un medio para avanzar por los caminos del progreso y para unir, organizar y desarrollar las acciones necesarias para lograr los cambios sociales que demandan amplios sectores de la población pertenecientes a diversas clases y grupos sociales que en este caso esperaban de la institucionalidad la aprobación de una reforma del sistema de salud más eficiente, equitativa e igualitaria.