En reciente intervención del presidente Petro en la conferencia sobre Seguridad en la ciudad de Munich Alemania, éste expresó de manera categórica que la justicia sería la mejor alternativa para lograr la reconciliación entre los seres humanos y acabar con las causas que generan la desigualdad social en el planeta. Dicha aseveración no es nueva en palabras de varios sociólogos y políticos que dicen que es posible superar las contradicciones y conflictos inherentes al sistema capitalista, para lo cual basta con implementar una serie de reformas encaminadas a lograr la justicia social.
Para tal efecto se debe utilizar el sistema fiscal y presupuestal el cual constituye un elemento fundamental para la ejecución de un conjunto de políticas de corte fiscalista y social, las cuales juegan un papel determinante para liquidar las diferencias entre las distintas clases y grupos sociales y conseguir además la igualdad social.
Quienes así piensan, consideran que basta con lo que se establece en nuestro ordenamiento constitucional en materia de justicia tributaria, según la cual aquel que recibe mayores ingresos debe pagar mayores impuestos, principio éste que se ha venido desnaturalizando en la medida en que se conceden de acuerdo con la ley toda clase de ventajas y privilegios en favor de las rentas de capital especialmente para los grandes monopolios nacionales y extranjeros radicados en el país, los cuales terminan pagando menos tributos que el resto de los colombianos, además de romperse el principio antes señalado, relacionado con la equidad y la denominada justicia tributaria que constituye para los partidarios de la ideología liberal y social demócrata un aspecto fundamental de la justicia social.
Sin embargo, la justicia tributaria no deja de ser más que un mito en tanto se abre paso la tendencia a reducirle los impuestos al gran capital, mientras se extiende la base tributaria para aquellos contribuyentes que viven de su trabajo y se ven obligados a pagar altos impuestos por sus viviendas y negocios, al tiempo que se incrementan los impuestos indirectos como el IVA que gravan en iguales proporciones a ricos y pobres, lo cual es contrario a la equidad y a la justicia tributaria y social.
Los conceptos de justicia social como los de equidad e igualdad tienen en las condiciones de la sociedad capitalista un carácter de clase y en palabras del mandatario de turno no dejan de ser más que una abstracción, ya que su materialización no depende de su voluntad y deseos. El hecho real es que el gobierno no cuenta con la capacidad política, por ejemplo, para controlar las fuerzas espontáneas del mercado que elevan indiscriminadamente los precios de los productos, bienes y servicios que se rigen por la ley de la oferta y la demanda, como tampoco tiene la posibilidad de impedir que los monopolios impongan su voluntad en medio de la lucha competitiva que se libra en la práctica social por apropiarse de los mercados de venta y de materias primas que posee el país.
En todo esto, no se descartan los vínculos existentes entre el gobierno y algunos sectores económicos y políticos, lo cual se constituye en una práctica inveterada entre el Estado y los dirigentes de la clase económica y política de nuestro país y en general en esta fase de la actividad del capitalismo monopolista de Estado.
No debe olvidarse que el presidente Petro en su discurso de posesión manifestó que la meta de su gobierno era desarrollar el capitalismo como impulsor del progreso, pero también como diríamos nosotros de la pobreza y la desigualdad social.
Los cambios que requieren el país y sus habitantes deben estar ligados a sus necesidades comunes y corrientes, en tanto que deben superarse las contradicciones y conflictos entre el capital y el trabajo, el interés particular y el interés general antes que se fortalezca el capitalismo en medio del incremento de la pobreza y la desigualdad social, lo cual no es posible conjurar sino con la unidad, organización y acción de las fuerzas políticas y sociales de carácter democrático que se decidan por realizar un verdadero cambio social con el cual sea posible construir una nueva sociedad más justa y equitativa, ya que de lo contrario, se corre el riesgo de que los grandes intereses que representa el capital monopolista nos puedan arrastrar hacia una nueva violencia que de cierta manera se convertiría en una especie de suicidio colectivo del cual solo se puede salir si el pueblo conjuntamente con sus dirigentes a la cabeza se deciden romper la cadena que los ata y superar el estado de cosas en que se encuentra el país, a fin de construir una nueva esperanza para el futuro de la sociedad en donde los colombianos puedan ser los verdaderos actores y autores de su propio destino individual y social.
ADENDA: El escándalo suscitado en las alturas del poder con ocasión de la determinación de no renovar el contrato de concesión con la empresa Thomas Gregg para la elaboración de los pasaportes, ha puesto de presente la forma irregular de actuar de la cancillería como la actitud asumida por el presidente Petro de calificar de traidor al secretario de dicho ministerio, actuaciones que lindan con la violación del principio de legalidad por la manera como ha salido a justificar la declaratoria de insubsistencia del citado funcionario, además de causar un retardo en la expedición de dicho documento a los ciudadanos que lo solicitan para viajar al exterior.
Los cambios que se propone adelantar el gobierno en esta materia, no pueden realizarse al margen de lo establecido en la Constitución y en la ley, so pena de incurrir en una extralimitación en el ejercicio de las funciones públicas que conlleva daños y perjuicios para el Estado como garante de los derechos de la ciudadanía y de la propia gobernabilidad.
