Vivienda digna: La crisis de un derecho constitucional en España

El otro día estaba con una amiga tomándome un café y me comentó que a final de mes tenía que dejar su piso ( apartamento ) . Yo le pregunté si ya sabía que iba a hacer, a lo que ella me contestó – es muy pronto aún. Ante mi cara de incredulidad me dijo que como aún le quedan 3 semanas no iba a buscar piso, porque en cuanto fuera a ver uno tendría que aceptarlo o rechazarlo. Es tal la demanda y tan poca oferta que no puedes permitirte el lujo de tomarte un día para pensarlo. No en Madrid al menos.

Además, hay que tener en cuenta el factor psicológico, y es que hay pisos que no deberían poderse alquilar, y si te pasas mucho tiempo buscando la desesperación se apodera de ti ante un panorama desolador de poca calidad por mucha cantidad (de dinero). Yo misma he ido a ver pisos, con anuncios engañosos, en los que faltaban puertas, sin calefacción, sin comedor, sin apenas luz, por el módico precio de la mitad del sueldo mínimo.

El precio del alquiler en España ha sufrido un incremento constante y notable desde el 2015 hasta el 2021, tendencia que persiste. Entre otros factores esta subida se debe a que el acceso a la vivienda en propiedad se ha convertido en una misión imposible para los jóvenes de entre 30 y 35 años dado que el precio del suelo y los materiales se ha encarecido, aumentado el precio de los pisos, y tras la crisis del 2008, los sueldos no han subido a la par que el encarecimiento de la vida y las entidades financieras han aplicado medidas más restrictivas a la concesión de prestamos hipotecarios. La más relevante, antes se podía solicitar una hipoteca que te financiara el 100% del precio de la vivienda, sin embargo, ahora solo se conceden por el 80%. Este 20% sumado a los gatos asociados a la compra (notario, impuesto etc.) supone en la gran mayoría de casos un obstáculo insuperable para muchos jóvenes.

Antes de continuar, me gustaría aportar algunos datos que nos ayudaran a definir la magnitud del problema de la vivienda en España:

▪ Según la Encuesta Financiera Familiar del Banco de España que hace referencia a 2020, sólo el 36% de hogares menores de 35 años son ahora propietarios, contrastando con el casi 70% hace una década (2011).

▪ Según las cifras publicadas por Eurostat, la media de edad en España en que la gente joven se independiza es 30,3 años. La media europea está en 26,4 años.

▪ Según el ranking de Idealista sobre los 100 municipios más demandados en el mercado de alquiler, un piso en una de las ciudades más baratas de España supone actualmente más de la mitad del salario interprofesional (SIM). En la ciudad de Madrid se habla del 112%.

▪ Según datos de la OCDE 1, en España sólo el 1,1% de las viviendas son de alquiler social, en contraste con países como Holanda (más del 34%) o Austria (24%), y muy por debajo de la media de la UE del 7,5%.

Ante este panorama uno se pregunta qué pasa entonces con el artículo 47 de la Constitución Española que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, atribuyendo a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para hacer efectivo este derecho.

El problema principal es que la vivienda, una necesidad básica, se trata como un objeto de compra y venta, algo que ha sido permitido durante muchos años por un Estado que no ha cuidado lo suficiente de sus ciudadanos y, a veces, ha sido cómplice de esta situación.

Para mejorar la situación, es necesario que el gobierno se crea realmente que la vivienda es un pilar fundamental del estado de bienestar, que influye en todos los aspectos de la vida de una persona y su desarrollo. Además, de forma indirecta, un bajo gasto social en este ámbito provoca de forma indirecta el aumento del gasto en otras prestaciones sociales que se sobrecargan y podría evitarse con una política más proactiva y menos reactiva. Únicamente un 0,2% del gasto social (0,1% del público) se atribuyó a vivienda en el 2019.

Dicho esto, parece que el actual gobierno ha querido tomar cartas en el asunto y lleva varios años consecutivos, desde el 2021 aumentando la partida de ayudas a la vivienda en los presupuestos generales del estado y promocionando incentivos fiscales. Asimismo, en mayo del 2023 se publicó Ley por el derecho a la vivienda, que propone una serie de medidas para regular el alquiler, entre las que se incluye la regulación de contratos, la penalización de viviendas vacías, incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan alquileres asequibles y la posibilidad a las comunidades autónomas de establecer nuevos varemos para regular los precios.

Sin embargo, aunque es un primer paso es INSUFICIENTE. Se requieren medidas más generales, y más valientes para abordar esta situación.

Algunas lagunas de la ley son la ausencia de regulación de los contratos temporales (con duración inferior a 11 meses), que afecta a las grandes ciudades que han visto como las viviendas se han convertido en alojamientos de Booking o Airbnb. De igual forma, la ley no contempla en base a que parámetros y como un ayuntamiento va a establecer que una vivienda está “vacía”. De igual forma se echa en falta la creación de entidades independientes que gestionen los datos concernientes a la vivienda para que estos sean públicos y se mejore la coordinación entre las diferentes comunidades y se puedan trabajar sobre esos datos para tomar a corto, medio y largo plazo más realistas y menos politizadas.

De igual forma, se debe promover aumentar el parque de viviendas públicas tanto para compra como para alquiler, igual que apostar por nuevas formas de vivienda, como la propiedad temporal, concepto que Catalunya introdujo en el código civil en el 2015. La vivienda cooperativa en cesión de su uso podría ser algo interesante también, modelo que funciona ya en Dinamarca y que está dando buenos resultados.

En definitiva, cambiar de gafas y tratar la vivienda con la dignidad que se merece.

 

1 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico