A tres semanas de la elección presidencial de segunda vuelta, el balance social del gobierno de Gustavo Petro continúa siendo motivo de intensos debates políticos y económicos. Aunque el Ejecutivo llegó al poder con la promesa de liderar un “cambio histórico” basado en justicia social, reducción de desigualdades y fortalecimiento del Estado, diversos informes oficiales, organismos de control y encuestas nacionales muestran un panorama marcado por problemas de ejecución, crisis ministeriales y resultados limitados en sectores fundamentales como salud, educación, cultura y deporte.
El discurso de transformación social terminó enfrentando obstáculos administrativos, dificultades fiscales y un creciente desgaste institucional que impactó la percepción ciudadana sobre la capacidad del Gobierno para cumplir sus promesas.
Ministerio de la Igualdad, una estructura cuestionada
El Ministerio de la Igualdad fue presentado como una de las principales apuestas sociales del gobierno Petro. Sin embargo, informes de seguimiento presupuestal mostraron bajos niveles de ejecución durante gran parte de su funcionamiento. Diversos análisis señalaron retrasos en implementación de programas; baja capacidad operativa; dificultades administrativas; escasa presencia territorial efectiva. Además, decisiones judiciales limitaron parte de la estructura institucional planteada inicialmente por el Gobierno. Sectores críticos sostuvieron que el ministerio terminó convirtiéndose en una entidad con alto impacto político, pero con resultados sociales todavía limitados.
Para 2025, el Ministerio de la Igualdad en Colombia tuvo un presupuesto de $455.775 millones, con una ejecución crítica al cierre de año donde solo se pagaron $107.000 millones (23,56% de ejecución real), dejando la inversión social con baja ejecución mientras los gastos de funcionamiento se ejecutaron casi totalmente.
El presupuesto aprobado para 2026 para el conjunto de ministerios muestra un aumento, pero el MinIgualdad ha enfrentado riesgos de liquidación y crisis de gestión.
Crisis en el sistema de salud
La reforma a la salud se convirtió en uno de los temas más controvertidos y conflictivos del mandato. Durante el gobierno se registraron múltiples cambios ministeriales; intervención de EPS; aumento de tutelas en salud; denuncias de desabastecimiento de medicamentos; retrasos financieros en clínicas y hospitales.
Mientras el Gobierno defendía la transición hacia un modelo preventivo, asociaciones médicas y expertos advirtieron riesgos de desfinanciación y deterioro en la atención a pacientes.
El patrimonio negativo agregado de las EPS cerró 2025 con un acumulado cercano a los -$19,4 billones de pesos, evidenciando una insolvencia estructural. Por cada $100 pesos que recibe el sistema, se gastan $111,7 en la prestación de servicios, indicando un desequilibrio técnico. En febrero de 2026, se registraron 169,138 reclamos, con una tasa de 34,74 por cada 10,000 afiliados, siendo las barreras de acceso a servicios y tecnologías la principal queja. Proyección de Aseguramiento: El monto total de la UPC proyectado para 2026 supera los $101,3 billones, un aumento nominal, pero insuficiente ante la presión financiera. El aporte obligatorio a salud se mantiene en el 12,5% del IBC (ingreso base de cotización), sobre una base del 40% de los ingresos mensuales netos.
Educación básica
Aunque el Gobierno incrementó el discurso sobre acceso educativo y fortalecimiento de la educación pública, los indicadores de calidad educativa continuaron mostrando rezagos importantes. Diversos estudios evidenciaron: bajos niveles de lectura y matemáticas; brechas entre educación rural y urbana; deterioro de infraestructura escolar; problemas en alimentación escolar y conectividad.
Expertos señalaron que la educación básica colombiana continúa enfrentando profundas dificultades estructurales que no lograron resolverse durante este mandato.
El Gobierno proyecta una inversión alta en educación, destinando 7,6 billones de pesos a educación superior pública en 2026, buscando 500.000 nuevos cupos. Sin embargo, se prevé una caída del 40% en la inversión real del Ministerio de Educación (MEN), con fuerte reducción en programas de tecnología como “Computadores para Educar”.
Cultura y deporte, sectores con baja ejecución
Los ministerios de Cultura y Deporte también enfrentaron críticas por problemas de gestión y baja ejecución presupuestal.
Tras la preocupación por un recorte inicial que lo dejaba en $310.000 millones, gestiones en el Congreso lograron adicionar $200.000 millones, elevando el presupuesto para el fortalecimiento del sector deportivo en 2026. Proyección de Presupuesto 2027, se anticipa una caída drástica para el año siguiente, con un presupuesto proyectado de solo $208.000 millones para 2027, lo que genera alerta sobre el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.
En el sector cultural, artistas denunciaron retrasos en convocatorias; gestores culturales reclamaron falta de apoyo regional; varios programas presentaron dificultades financieras.
En deporte, federaciones criticaron reducción de apoyo institucional; crecieron cuestionamientos sobre planeación deportiva; la pérdida de eventos internacionales afectó la imagen del país.
Crisis ministeriales y desgaste político
Uno de los rasgos más notorios del gobierno Petro fue la alta rotación de ministros y funcionarios. Los cambios frecuentes en carteras como: Salud; Educación; Cultura; Hacienda; Deporte; Interior; generaron críticas sobre falta de continuidad administrativa y debilitamiento institucional.
Analistas políticos advirtieron que la inestabilidad ministerial afectó la ejecución de políticas públicas y aumentó la percepción de improvisación.
Encuestas y percepción ciudadana
Las encuestas nacionales mostraron un deterioro progresivo en la imagen presidencial durante buena parte del mandato. Algunos estudios registraron, aprobación cercana al 48% al inicio del gobierno; caídas posteriores entre 26% y 33%; desaprobación superior al 60% en distintos momentos.
Los principales factores de inconformidad ciudadana incluyeron: inseguridad; crisis económica; problemas en salud; corrupción; confrontación política; incumplimiento de expectativas sociales.
Un legado social en debate
A pocas semanas de una nueva elección presidencial, el balance social del gobierno Gustavo Petro deja profundas divisiones. Mientras sus defensores destacan el aumento del gasto social y la visibilización de sectores históricamente excluidos, sus críticos sostienen que los resultados concretos fueron insuficientes frente a las expectativas generadas y los recursos comprometidos.
El debate sobre el legado social del gobierno continuará marcado por preguntas sobre sostenibilidad fiscal, eficiencia estatal y capacidad real de transformación institucional.
