La contratación de prestadores de servicios PS está bajo cuestionamiento. Contratos cada vez más cortos, demoras en los pagos, rotación de personal y intereses políticos generan preocupación sobre el funcionamiento de la Administración Distrital. Llevamos los 2 años y 10 meses, denunciando esta situación de malversación de fondos públicos y ahora es peor. Lo que debería ser una Administración organizada parece convertirse en un dolor de cabeza para quienes trabajan en sus diferentes organismos. Los contratos de prestación de servicios (PS), que anteriormente tenían una duración de 11 meses, luego seis meses, pasaron a cuatro y ahora, en algunos casos, apenas llegan a dos meses. Y cada vez, detrás del jefe político o colaborador del contrato.
Pero el problema no termina ahí. Después de cumplir sus obligaciones, los contratistas deben esperar hasta mes y medio para saber si serán vinculados nuevamente, presentar otra vez toda su documentación y repetir trámites administrativos. Una situación que genera incertidumbre y afecta la continuidad de los procesos.
Trabajan, cumplen, no les pagan y que eficiencia con ese modelo
Uno de los señalamientos más preocupantes tiene que ver con los retrasos en los honorarios. Hay contratistas que terminan sus dos meses de trabajo sin haber recibido siquiera el primer pago. Quienes no continúan deben averiguar cuándo pueden presentar sus cuentas de cobro. También se cuestiona la coordinación entre los organismos, los supervisores y Hacienda. ¿Por qué no se informa oportunamente sobre las fechas para presentar las cuentas y agilizar los trámites de pago?
Y todo se atrasa, por supuesto, la memoria de cada dependencia se va, se diluye, tanta incertidumbre….
¿Dónde están los recursos?
La discusión también apunta al presupuesto aprobado por el Concejo de Cali. Si existen dificultades para contratar al personal que sostiene buena parte del funcionamiento administrativo, ¿qué está pasando con los recursos de la ciudad? Los cuestionamientos se extienden a la falta de resultados visibles en obras, en infraestructura económica y social, recuperación de la malla vial y ejecución de obras. La Administración debe explicar cuáles son sus prioridades y cómo está distribuyendo el presupuesto.
Contratación pública con intereses políticos
Otro señalamiento apunta al uso de los contratos con fines electorales. Antes de las elecciones habría aumentado el ingreso de contratistas a diferentes organismos y que, después de los comicios, algunos habrían salido. Todo dependía de concejales y de candidatos al congreso. Y los de los vínculos con las campañas del alcalde Eder, con Reyes Kury y Juan Pablo Rojas. Estas afirmaciones precisa, todo se está utilizando la contratación pública para favorecer intereses políticos. Alcalde que vergüenza.
Rotación de personal y falta de control político
La constante entrada y salida de contratistas también afecta la continuidad administrativa. Mientras unos salen, otros llegan sin conocer plenamente los procesos, lo que obliga a repetir capacitaciones y genera sobrecarga laboral para quienes permanecen. A esto se suman los cuestionamientos al concurso para director de Control Interno, en el que, según denuncia, participaron más de 60 personas y 17 quedaron elegibles. Se pide claridad sobre los resultados y el procedimiento de selección. ¿Y dónde está el Concejo de Cali? Los concejales tienen la responsabilidad de ejercer control político y exigir explicaciones sobre la contratación, los pagos y el manejo de los recursos públicos.
Eder debe responder
Cali necesita planeación, continuidad y resultados, no una Administración que parezca comenzar de cero cada dos meses, porque la gran mayoría de los funcionarios en secretarias y departamentos administrativos, son PS. Los prestadores de servicios son quienes sostienen buena parte de los procesos y, pese a las dificultades, continúan trabajando por la ciudad. La Alcaldía es un fortín burocrático e instrumento para fortalecer movimientos políticos. La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo los contratistas tendrán que soportar contratos de dos meses, pagos atrasados e incertidumbre laboral? Y, sobre todo, ¿por qué el alcalde Alejandro Eder no está dando explicaciones contundentes sobre lo que ocurre al interior de su Administración?
