EMCALI proyecta modernizar 101.037 luminarias, pero una contratación estimada en $452.712 millones, con horizonte de 20 años, enfrenta cuestionamientos ciudadanos, una acción popular y el antecedente de Megaproyectos.
El alumbrado público de Cali se convirtió en una controversia sobre el patrimonio público, la contratación estatal y el futuro financiero de EMCALI. La modernización tecnológica es necesaria, pero la discusión central es quién debe administrar el servicio, cuánto cuesta realmente y quién recibe los beneficios económicos durante las próximas dos décadas.
El proceso contempla una inversión estimada de $452.711.749.778, mientras que el recaudo proyectado durante 20 años alcanzaría aproximadamente $5 billones. Son magnitudes distintas: el primer valor corresponde al proyecto de modernización y el segundo al flujo acumulado de recursos asociado al servicio. No todo ese recaudo constituye utilidad del operador privado.
La controversia llegó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante una acción popular que busca frenar la adjudicación mientras se examinan los cuestionamientos formulados. También se han presentado denuncias ante organismos de control. La existencia de estas actuaciones no demuestra por sí sola ilegalidad, pero obliga a responder con documentos y cifras. La pregunta de fondo es contundente: ¿por qué entregar a un aliado privado un negocio de semejante dimensión cuando Cali ya dispone de una empresa pública y había creado una sociedad para gestionar el alumbrado?
- LO BUENO: modernizar para ahorrar y mejorar el servicio
La renovación de luminarias antiguas por tecnología LED puede reducir el consumo eléctrico, prolongar la vida útil de los equipos y mejorar la iluminación de calles, parques y corredores peatonales.
EMCALI plantea intervenir 101.037 luminarias, instalar 3.945 puntos nuevos e incorporar sistemas de telegestión para monitorear la infraestructura. La inversión anunciada es cercana a $453.000 millones, con un plazo de modernización de hasta 24 meses.
La empresa ha estimado ahorros de aproximadamente $17.000 millones anuales por eficiencia energética. Si se mantuvieran durante 20 años, representarían $340.000 millones nominales, sin descontar inflación ni considerar otros costos y beneficios.
También puede ser favorable obtener financiación para adelantar las obras sin asumir inmediatamente todo el desembolso. Pero la financiación privada no es gratuita: debe conocerse su remuneración y compararse con las alternativas de inversión pública.
La modernización, por tanto, es defendible. Lo que no puede darse por demostrado es que la modalidad contractual escogida sea la más conveniente para Cali.
- LO MALO: $5 billones de recaudo y preguntas sin resolver
El dato más importante es la dimensión económica. El alumbrado público recaudaría alrededor de $21.000 millones mensuales, equivalentes a $252.000 millones anuales y aproximadamente $5,04 billones en 20 años, si el flujo permaneciera constante.
Este cálculo es una proyección nominal. Tampoco significa que los $5 billones sean ingresos netos o ganancias del contratista: deben descontarse los costos y obligaciones que correspondan, de acuerdo con el modelo contractual.
Precisamente por eso, EMCALI debe explicar:
– Cuánto recibirá el aliado privado y mediante qué fórmula.
– Qué parte del recaudo se destinará a modernización, energía, mantenimiento y administración.
– Cuánto costaría ejecutar el proyecto mediante EMCALI o una empresa pública propia.
– Qué mecanismos impedirán sobrecostos y protegerán los recursos del servicio.
Hay otra pregunta financiera: ¿por qué se considera una inversión estimada de $452.712 millones mientras el servicio movilizaría varios billones durante el horizonte contractual? La diferencia no prueba un negocio desfavorable, pero exige conocer la distribución de ingresos, costos, riesgos y beneficios.
- LO FEO: Megaproyectos y la acción popular
El antecedente de Megaproyectos debe pesar en la decisión. EMCALI informó que, después de 23 años de operación privada, solo se había modernizado aproximadamente el 30 % del alumbrado público. La experiencia dejó una lección institucional: los contratos de largo plazo necesitan metas exigibles, seguimiento independiente y consecuencias efectivas por incumplimiento.
Ahora aparece una nueva controversia. El concejal Roberto Ortiz informó que radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con un expediente de 540 páginas, para solicitar la suspensión del proceso mientras se estudian sus cuestionamientos. También afirmó que había más de 500 observaciones pendientes de resolver. Estos señalamientos deben contrastarse con el expediente oficial y las respuestas de EMCALI.
El interrogante institucional es aún mayor: ¿por qué recurrir a un aliado privado si EMCALI creó Incale en 2023 para operar y administrar el alumbrado público? La existencia de esa sociedad no demuestra automáticamente que pueda ejecutar el proyecto en mejores condiciones, pero obliga a comparar su capacidad, costos, financiación y resultados esperados con la alternativa privada.
La transparencia exige publicar las evaluaciones, las observaciones, las respuestas, las ofertas y el análisis financiero que sustenta la selección. La Contraloría General de la República también solicitó documentación del proceso en octubre de 2026, tras las alertas de veedurías ciudadanas. Este requerimiento no equivale a una declaración de responsabilidad, pero refuerza la necesidad de aclaraciones completas.
La luz debe ser pública en sus resultados y transparente en sus cuentas
Cali necesita modernizar su alumbrado, pero no puede confundir una buena tecnología con un buen contrato. La inversión estimada de $452.712 millones y el recaudo proyectado de aproximadamente $5 billones durante 20 años exigen una evaluación financiera independiente y pública.
El antecedente de Megaproyectos, la existencia de Incale, las observaciones a la licitación y la acción popular obligan a responder una pregunta decisiva: ¿qué gana Cali entregando la operación a un aliado privado que no pueda conseguir mediante una alternativa pública bien estructurada?
La decisión debe proteger la competencia, el servicio y el patrimonio ciudadano. Si el modelo privado es superior, debe demostrarlo con cifras comparables; si la alternativa pública resulta más conveniente, debe evaluarse sin prejuicios.
El alumbrado público no es únicamente un proyecto de ingeniería: es una decisión sobre el patrimonio de Cali durante 20 años. La ciudad necesita calles iluminadas, cuentas claras y una contratación que demuestre, antes de comprometer su futuro, que el beneficio principal será para los caleños.
